REYES RECIBIÓ 17 NULIDADES COMO JUEZ

Tal como se anticipó, la Asamblea Legislativa fue postergada por siete días, y sesionará el jueves 13, a las 13 horas, y será presidida por la Vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

La Asamblea estaba convocada para ayer jueves, pero debido a la realización en la localidad entrerriana de Colón de la Tercera Reunión Institucional de la Región Centro, la mayoría de los Diputados y Senadores no asistieron a la Legislatura.

El día miércoles, el Juez Roberto Reyes, junto a María Mercedes Serra y Georgina Elena Depetris, pasaron por la Comisión Bicameral de Acuerdo, y respondieron a las preguntas de los Legisladores que la conforman.

A pesar de los cuestionamientos que pesan en su contra (tres impugnaciones), el pliego de Reyes recibirá un despacho favorable por parte del PJ y será aprobado -sin ningún inconveniente- la semana venidera.

En las últimas horas, se dio a conocer un informe del 3 de octubre pasado de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre los antecedentes de los tres postulantes. El Expediente Nº 2227 contiene los pasos que dio el Juez Reyes desde que ingresó, en 1967, hasta la actualidad.

El cuestionado magistrado ingresó a la Justicia en mayo de 1967 y recibió su primer ascenso en 1972. Dos años más tarde, en 1974, recibiría su segundo ascenso, y ocuparía el cargo de Auxiliar de un Juzgado de instrucción en lo Penal.

Uno de los datos más llamativos es que en pleno años de plomo (entre octubre de 1976 y febrero de 1977), Roberto Reyes ocupó el cargo de Secretario de Juzgado de Menores. Dentro del ámbito judicial, Reyes estuvo 38 años y tres meses, y ahora está a un paso de ser Camarista.

Pero además de los antecedentes, la Corte Suprema de Justicia adjunta un detalle que consta en los Registros que creo el alto Tribunal en 1991. Es este anexo, la Corte dice que durante su carrera como juez, Reyes recibió 17 nulidades por parte de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal a sus fallos y resoluciones.

Esto significa que desde 1991 hasta la fecha, el magistrado registró 17 restituciones de nulidades por parte de camaristas, que dictaminaron “nulos” (es decir, ni confirmado, ni revocado) los fallos de Reyes en distintas investigaciones.

TRES IMPUGNACIONES

Los integrantes de la Comisión Investigadora no Gubernamental de los hechos de diciembre del 2001, realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura y los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, a fin de expresar su rechazo a la designación del Dr. Roberto Reyes, como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Santa Fe.

Entre los fundamentos del documento, se mencionó que “Reyes intervino en la causa que se llevó adelante contra los ex integrantes de la cartera de gobierno, Enrique Álvarez y Lorenzo Domínguez, por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, donde se dictó la falta de mérito.

“Reyes centró su investigación en el pedido que efectuara la Dra. Rivoira (Agente Fiscal de la Ciudad de Rosario) con relación de la denuncia efectuada en forma pública por APROPOL, en cuanto a la insuficiencia de las balas de goma (cartuchos antitumulto) y únicamente sobre este punto indaga a los imputados, sin perjuicio que de las actuaciones surgiera la obligación de investigar la transmisión de las funciones a través de la cadena de mandos, y determinar si los mismos incurrieron o no en incumplimiento de los deberes del funcionario público”, explicaron en un comunicado de prensa.

En tal sentido, indicaron que “que el dictado de falta de mérito de los imputados en la causa se fundamentó en expresiones tales como: “entiendo que jefes policiales de alta jerarquía, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro de Gobierno, o de un Licenciado en Ciencias Políticas como el ex subsecretario de Seguridad, lo que resulta a todas luces falaz y necio”, indicaron en el documento.

Por tal motivo, desde la Comisión consideraron que la investigación judicial dirigida por el Dr. Reyes, “resultó parcial y arbitraria”, dejando de lado “la cuestión más importante a investigar que se relacionaba con las órdenes impartidas y la transmisión de las mismas por la cadena de mandos, centrando la cuestión únicamente en la existencia de cartuchos AT”.

“Resulta inadmisible que un Juez de la Provincia no investigara las órdenes impartidas por parte de las autoridades políticas, a partir que la situación de conflicto vivida en diciembre de 2001, que fijaba la necesidad de planificar la manera que la policía iba a actuar para evitar los daños que en definitiva ocasionó”, afirmaron en otra parte del comunicado.

Desde la Comisión investigadora indicaron también que “la propuesta resulta ofensiva y claramente incompatible con el Estado de Derecho y la Democracia”, además de “constituir una afrenta inaceptable para con los familiares de las víctimas y la vigencia de los Derechos Humanos y las libertades democráticas”.