RIBELLI Y TELLELDÍN PREPARAN UNA DEMANDA MILLONARIA CONTRA EL ESTADO

En los ocho años que pasó preso por el atentado contra la AMIA, Juan José Ribelli tuvo tiempo para recibirse de abogado. Mientras espera que la Cámara del Crimen platense le conceda la excarcelación en la última causa que tiene pendiente, el ex comisario de la Bonaerense ya imagina cómo va a estrenar su flamante título: procurando llevar a la cárcel al juez federal Juan José Galeano y reclamándole al Estado Nacional una indemnización repleta de ceros.

El jueves por la noche, después de que el Tribunal Oral 3 anunciara su absolución, el ex policía se mostró cauto: “Ningún juicio me va a compensar los 2.972 días que llevo detenido”, fue lo primero que dijo. Pero el boceto de la demanda ya está en algún archivo de la misma laptop que llevó cada mañana a los Tribunales.

Según su defensor, José Manuel Ubeira, la prioridad es otra. “Nuestro objetivo —afirmó ayer el abogado— es que vayan presos el juez Galeano, todos los responsables políticos y los líderes de la comunidad judía que hicieron esta aberración jurídica”. En una causa a cargo de Claudio Bonadio sobre las primeras irregularidades en el caso, Ribelli ya fue admitido como querellante.

El reducidor de autos que estaba acusado de preparar la camioneta bomba, Carlos Telleldín, también planea demandar al Estado, del que ya cobró 400 mil pesos —pagados por la SIDE— para acusar a Ribelli y a los demás policías. Una de sus abogadas, Laura Fechino, sólo admite que “existe esa posibilidad” y que, por ahora, su cliente “sólo piensa en retomar la vida que llevaba”.

Sobre los 400 mil pesos, Fechino insistió en que Telleldín tiene la firme voluntad de devolverlos, como les anunció el mes pasado a los miembros del tribunal oral. Para materializar esa devolución, ofreció su isla en el Tigre y una porción de la supuesta herencia de su padre. Nada más espera que le avisen que aceparon su oferta, según su abogada.

Mientras tanto, Ribelli y Telleldín van ganando tiempo: la demanda civil podría prosperar recién cuando quede firme el fallo que acaba de desbaratar la “construcción” falsa que —para Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere— Galeano hizo de la conexión local del atentado. Y ese fallo quedará firme de acá a unos años, porque pronto recalará en la Cámara de Casación Penal y, muy presumiblemente, llegue hasta la Corte.

Las demandas por daños y perjuicios de Ribelli y Telleldín contra el Estado se fundarán en que la prisión preventiva que les impuso el Poder Judicial de la Nación —a través de un juez federal— fue injustificada, a la luz de las absoluciones posteriores. Los demás policías absueltos harían lo mismo; el monto que van a reclamar todavía es un misterio.

No hay ninguna ley que expresamente establezca que esta clase de situaciones deben ser compensadas pecuniariamente, más allá de que el Código Civil prescribe que eso corresponde con cualquier daño ocasionado por el Estado a los particulares. Sin embargo, dos tratados de derechos humanos a los que nuestro país les dio jerarquía constitucional sí reconocen el derecho a un resarcimiento por el “error judicial”. Lo mismo dicen la Constitución porteña y algunas provinciales.

¿Pueden ganarle Ribelli y Telleldín un eventual juicio al Estado? Para juristas como el constitucionalista Germán Bidart Campos —fallecido ayer— el haber estado preso y luego ser sobreseído amerita, sin más, una indemnización. En cambio, otros autores creen que deben darse otras condiciones: por ejemplo, que no se trate de un mero error judicial sino de una decisión dolosa del magistrado, que la absolución en el juicio oral haya sido concluyente o que ese juez que dictó la prisión preventiva termine destituido de su cargo.

Algunos expertos opinan que, en ciertos casos, la indemnización deben pagarla tanto el Estado como el juez, de su bolsillo.