RIGEN MÁS DE 120 LEYES SECRETAS

El gobierno de Néstor Kirchner se encuentra frente a la encrucijada de hacer realidad su política de calidad institucional y aceptar el pedido de la Justicia para hacer público el contenido de toda la legislación secreta vigente o, por el contrario, mantener el velo sobre el contenido de ese tipo de normas reservadas por cuestiones de seguridad o de Estado.
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Por lo pronto, a la iniciativa de varios senadores para terminar con las leyes secretas -Mario Losada (UCR-Misiones) y Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires), entre otros-, en los últimos días se sumó el pedido de la jueza federal Clara Do Pico para que el Poder Ejecutivo informe sobre toda la legislación de esas características que se encuentra actualmente en vigencia. La magistrada hizo lugar a un amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans, que calificó las leyes secretas como “un acto clandestino y antirrepublicano”.
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Lo concreto es que en la Argentina no existe andamiaje legal que ampare la existencia de ese tipo de leyes, que no están contempladas por la Constitución nacional. Por el contrario, la publicidad es uno de los requisitos fundamentales para que una ley tenga vigencia, punto en el que coincidieron legisladores y juristas consultados por LA NACION.
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Sin embargo, este tipo de normas han existido desde que en 1891, durante el gobierno de Carlos Pellegrini, se sancionó la ley 2802, que permitió la compra de un lote de fusiles Mauser.
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Más aún, desde esa fecha la nómina se ha ido engrosando hasta llegar a las 124 leyes secretas que fueron sancionadas hasta 1981, año en el que se aprobó la última norma de ese tipo y de la que nada se conoce acerca de sus alcances. De todas estas, se derogaron cuatro leyes secretas.
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La controversia acerca de la legitimidad de la leyes secretas volvió a tomar estado público luego de que el ex titular de la DGI Ricardo Cossio justificara, en el juicio a María Julia Alsogaray, el cobro de sobresueldos durante la administración de Carlos Menem en la ley 18.302 de 1969.
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Esa ley está vigente, pero son muy pocos los que conocen su articulado ya que el gobierno de Juan Carlos Onganía la calificó de secreta y sólo los funcionarios públicos ligados al área sobre la que legisla la norma pueden acceder a su contenido.
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A raíz de las declaraciones de Cossio en el Parlamento surgió una ofensiva destinada a terminar con la existencia de esas leyes en la que los senadores Conti y Losada han hecho punta con sendos proyectos de ley que reclaman el levantamiento del secreto sobre toda la legislación sancionada con ese carácter.
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“Ninguna ley puede disponer que se convierta en secreto algo que pertenece a la República, ya que dicha información le pertenece al pueblo”, afirma Losada en los fundamentos de su proyecto.
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En la misma línea se manifestó el constitucionalista Daniel Sabsay, para quien “no sólo no existen las leyes secretas, sino que la esencia del sistema republicano de gobierno es la publicidad de sus actos”, afirmó.
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Otro constitucionalista, Gregorio Badeni, también fue terminante. “Para que una ley exista tiene que ser publicada; si no, no cumple con el requisito constitucional que le da vida a un documento jurídico”, dijo.
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Para la senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz) y esposa del jefe del Estado, calificar de secreta una ley “es un contrasentido, porque la norma basa su fuerza en la difusión”.
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Bien guardadas
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Toda la normas secretas se encuentran guardadas en el Congreso y en la Casa Rosada. En el primero están las aprobadas por gobiernos democráticos, junto a las versiones taquigráficas de las sesiones en las que fueron sancionadas. En tanto, la legislación secreta emitida durante los gobiernos de facto se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
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Si las leyes secretas no tienen sustento legal, la pregunta que surge de inmediato es por qué razón se mantienen vigentes.
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Las personas consultadas por LA NACION coincidieron en que no hay motivos para que permanezca el estado secreto de las leyes, aunque difieren en cuál debe ser el camino por seguir para terminar con el velo que cubre esas normas. Badeni, por ejemplo, consideró que el Gobierno “tiene mecanismos” para mantener en secreto información calificada sin tener que apelar a una ley.
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Sin embargo, Sabsay consideró necesaria “una ley marco que evite los abusos que se cometen en nombre del secreto, como ocurre con el tema de los sobresueldos”.
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Para el jurista, esa ley debería ser la que reglamente el secreto de Estado, tema sobre el que hay un proyecto en la Comisión de Defensa del Senado. Otra alternativa sería la aprobación de una la ley de acceso a la información pública, que cuenta con media sanción de Diputados y espera tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Cristina Kirchner.