RÍO TERCERO: ADMITEN QUE PODRÍAN IMPUTAR A EX FUNCIONARIO DE MENEM

El fiscal Carlos Stornelli admitió ayer que en el futuro —en la causa donde se averigua quiénes volaron la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995— puede haber nuevas imputaciones de militares y funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem. “Todo es posible”, dijo a los periodistas.

De concretarse, se sumarían a las siete que pidió el miércoles al juez Luis Rodolfo Martínez. Pero fuentes de ese juzgado señalaron que el juez resolverá recién la semana próxima si acepta las imputaciones y pedidos de detención.

Stornelli precisó luego que habrá que ver si para las nuevas acusaciones se sigue la línea de la cadena de mandos (es decir hacia el Estado Mayor del Ejército) o la línea política. En realidad, ese camino dependerá —en gran medida— de las indagatorias y de las pruebas que se sumen al trámite. En esa línea opinó que la voladura de la fábrica no pudo ser obra de la acción aislada de un grupo de dos o tres personas.

Fue el procurador general de la Nación, Esteban Righi, en diciembre de 2004, el que lo designó fiscal especial para esta averiguación. En esa condición llegó el martes a Río Cuarto, donde se asienta el Juzgado Federal que instruye el expediente, y ayer a la ciudad de Río Tercero, a 110 kilómetros al sur de Córdoba.

La solicitud de imputación de Stornelli por estrago doloso, agravado por muerte de personas, alcanza a los coroneles Edberto González de la Vega y Carlos Jorge Franke, directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares cuando se produjo el atentado y a los tenientes coroneles, Jorge Cornejo Torino —director de la FM Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995—, Oscar Nicolás Quiroga, su segundo, Miguel Alfredo Coquet —que dirigió la planta algunos años más tarde—, y los mayores Marcelo Diego Gatto y Juan Carlos Villanueva.

Stornelli llegó manejando un 206 cabriolet, color ladrillo, impecable, y vestido con pantalón y camisa de jean. Estuvo cuatro horas dentro de la fábrica, donde recorrió la zona en la que se produjeron las detonaciones. Estaba junto al fiscal original de la causa, Roberto Massuet.

Ana Gritti y dos ex operarios (Omar Gaviglio y Emilio Ostera) le fueron explicando la secuencia del episodio y pudo observar en detalle los rastros que dejó la voladura, que aún se pueden ver en algunos árboles de eucaliptos. Cuando terminó, almorzó con el director de la planta fabril Daniel Morelli.

En la presentación que el fiscal Stornelli le hizo al juez Martínez, dice que la explosión tuvo por móvil ocultar faltantes de armas, proyectiles y documentación de las operaciones de tráfico ilegal a Croacia y Ecuador, ocurridas entre 1991 y 1995. Esas actividades fueron investigadas en la denominada causa Armas y se originan en tres decretos del gobierno de Menem que permitieron esas exportaciones.

Indica que no fue posible organizar y ejecutar la explosión sin la participación de los militares que comandaban la planta fabril, y considera que “las decisiones de lo que se llevaba a cabo en Río Tercero eran tomadas en Buenos Aires por los funcionarios que tenían bajo su órbita el manejo de la Fábrica Militar”.

Respecto a la unificación de las causas Río Tercero y venta ilegal de armas, Stornelli apuntó que no cree que hoy sea prioritario, pero advirtió que será una posibilidad que habrá que ver más adelante. Si eso sucede, el expediente de Río Tercero debería absorber al de tráfico de armas.