ROBERTO LAVAGNA BENEFICIÓ A CLIENTES DE ECOLATINA CON FAVORES IMPOSITIVOS

Durante la gestión de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, la mayoría de las empresas clientes de Ecolatina fueron beneficiadas por la ley 25.924, de Promoción de Inversiones, que permitía a las empresas obtener la devolución anticipada del IVA y Ganancias de activos y obras incluidas en los planes de inversión presentados al Gobierno.

No se trata de un dato más si se tiene en cuenta que se presentaron proyectos por $7.555 millones y se reintegraron $1.380 millones, de los cuales $977 millones corresponden a compañías asociadas a la consultora en la cual Lavagna inició su tarea como economista a partir de 1975. Es decir que el 70,8% de los beneficios reembolsados beneficiaron a empresas clientes de Ecolatina.

Entre las más favorecidas por la devolución de impuestos a cambio de planes de inversiones figuran Aluar, que presentó proyectos por $1.947 millones y recibió reembolsos por $689 millones; Siderar, que invirtió $634 millones y le dedujeron $137 millones; Acindar, con $204 millones y $22 millones de devolución, y Siderca, con $176 millones en proyectos y $38 millones en reembolsos.

También figuran en la lista de beneficiadas por la promoción fiscal y a la misma vez clientes de la consultora Ecolatina, Aceitera General Deheza, Alpargatas, Basso, Celulosa Argentina, Establecimientos Las Marías y Tenaris.

En el caso de Fate, se trata de otra compañía de la familia Madanes Quintanilla, también propietaria de Aluar. Y recibió, entre subsidio por inversión y pago por la toma de empleados nuevos, un 25% de ayuda.

En este sentido, un estudio del Área Económica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señaló sobre los efectos de esa ley que “un solo proyecto internalizó más de un 62% de los subsidios fiscales a través de la propuesta de ampliación de la capacidad productiva presentada por Aluar”.

Comparación

Para constatar la certeza de que las empresas que recibieron las devoluciones de impuestos eran asesoradas por la consultora que Lavagna ayudó a desarrollar sólo hace falta ingresar a la página web de Ecolatina, buscar la nómina de clientes y establecer un paralelo con la lista de compañías que recibieron los beneficios de la ley 25.924.

Se trata de una legislación que consiste en la devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión propuesto y/o su amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias.

Fue sancionada el 18 de agosto de 2004 y tuvo dos convocatorias que, sumadas, incluyeron proyectos de inversión por $7.600 millones y reintegros impositivos por $1.390 millones.

Lo que más sorprende a la hora de analizar los datos es que el segundo llamado no se encuentra completamente terminado y, sin embargo, antes de la salida de Lavagna de Economía en todos los casos los planes de las clientes de Ecolatina fueron aprobados.

En este curioso devenir de los acontecimientos la figura de Carlos Kadich, ex coordinador de la evaluación del primer llamado alcanzó un rol fundamental. Se trata de un también miembro de Ecolatina que, como premio a su buen desempeño en la función que le encomendó Lavagna, fue designado director nacional de Industria. La suerte no lo acompañó mucho ya que, en estos días fue desplazado de su puesto.

“Podrán acogerse al presente régimen las personas físicas domiciliadas en la Argentina y las personas jurídicas que desarrollen actividades productivas en el país y que acrediten la existencia de un proyecto de inversión en actividades industriales o la ejecución de obras de infraestructura a realizarse entre el mes calendario siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley y el trigésimo sexto mes calendario posterior al de dicha fecha”.

El enunciado de la ley 25.924 de clara la esencia de la legislación que fue iniciativa de los diputados Eduardo Camaño, Marcelo Guinle, Eduardo Rollano y Juan Estrada y que fue sancionada el 18 de agosto del 2004 y promulgada en setiembre del mismo año.

En esos momentos, Lavagna la presentó como una ley ideal para estimular la inversión y apuntalar a la industria con beneficios fiscales para comprar bienes de capital (máquinas o herramientas) o hacer obras de infraestructura.

Se trata de un régimen especial sancionado por el Congreso, que rige hasta el 2007 y que también alcanza a las Pyme. Además de permitir la amortización acelerada de los bienes de capital o la devolución anticipada sobre el IVA, ambos tipos de desgravaciones pueden ser acumuladas cuando se trata de proyectos destinados “exclusivamente” a la exportación.

La ley establecía un cupo anual de 1.200 millones en total: 700 millones para Ganancias, 300 millones para IVA y otros 200 millones para subsidiar exclusivamente a las Pyme.

Su lanzamiento fue anunciado días después de la salida del default y recibió 44 proyectos de inversión privada, que en conjunto suman más de $ 7.500 millones.

En todos los casos, se trata de inversiones a gran escala, que no pueden ser financiadas exclusivamente con los resultados de caja de la propia empresa y por lo tanto el Estado se presenta como un socio ideal si se tiene en cuenta que el Régimen de Promoción –por la vía del no cobro de impuestos– les aporta alrededor de $1.000 millones. Es decir, una sexta parte de la inversión comprometida.

En su primera etapa el fisco deja de percibir $1.200 millones anuales entre 2005 y 2007, de los cuales $1.000 millones se destinarán a grandes empresas y otros $200 millones a las Pyme. Pero en abril pasado, el Gobierno lanzó una nueva licitación en la cual se asignaron los cupos para este año.