ROBERTO ROSÚA: "LA JUSTICIA FEDERAL TIENE QUE MEJORAR EN EL CONTROL DE LAS INVESTIGACIONES"

El gobierno provincial tomó distancia de los planteos de la jueza federal Laura Cosidoy, quien al final de un juicio oral donde fue cuestionada la actuación de dos oficiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas denunció que hay policías que cobran a los narcotraficantes por protección y hasta los proveen de drogas para que las vendan en su beneficio.

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, dijo valorar las expresiones de Cosidoy. Pero colocó en el terreno al que pertenece la magistrada la atribución de resolver la situación denunciada por ella. Tanto al requerir pruebas para apartar a los empleados infieles como al recordar que los jueces federales son responsables de la supervisión de las investigaciones.

“Creo que se está perdiendo de vista que las investigaciones por tráfico de estupefacientes es de competencia exclusiva y excluyente de la Justicia federal. Y que la Dirección de Drogas Peligrosas interviene solamente con el visto bueno de la Justicia federal. De manera que si existen los elementos señalados por la jueza, que no descarto que existan, la Justicia federal tendrá que mejorar en el control de las investigaciones”, enfatizó.

La jueza Cosidoy se pronunció luego de que el Tribunal Oral Federal Nº1, que integra como vocal, ordenara el lunes abrir causas a dos comandantes de Gendarmería y a dos oficiales de la provincia tras un juicio oral por drogas debido a irregularidades en la investigación. Los policías sospechados son el comisario mayor Alberto Antegiovanni, que era jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, y el comisario Carlos Rodríguez, que ocupó el mismo cargo en Rosario (ver “Los destinos”).

Rosúa dijo que considera “muy atendibles” los señalamientos de la jueza. “Hay que escuchar a la doctora Cosidoy y esperar la presentación de algún elemento de prueba capaz de demostrar lo que dice”, amplió. En tal caso aseguró que se impondrán sanciones. “Si descubrimos cualquier comportamiento en empleados policiales que implique un apartamiento de la actividad correcta seremos inflexibles. Bienvenida la preocupación de la Justicia federal porque es idéntica a la nuestra y demuestra que estamos en la misma sintonía”, dijo.

Donde expresó una disidencia explícita entre gobierno y jueces nacionales fue en las prioridades de intervención de cada esfera. “Hay una ruptura dada por el hecho de que la Justicia federal tiene criterios diferentes a los que podemos tener nosotros. Se privilegian acciones sobre grandes situaciones (de narcotráfico) y no sobre los barrios. Esto significa que por los barrios deambulan proveedores a los que no se puede perseguir porque la Justicia federal se inclina hacia otras investigaciones”, analizó.

Auxiliares y subordinados

También destacó que en la represión del narcotráfico la cartera a su cargo está subordinada a la competencia federal. “La Dirección de Drogas Peligrosas actúa como auxiliar. Y nosotros dependemos de lo que nos informe el juzgado federal. Sólo nos enteramos de lo que plantea la Justicia cuando se recibe, si es que ocurre, copia de las sentencias”.

Rosúa no aceptó que haya corrupción estructural como la que señaló la jueza debido a los altos niveles implicados en el señalamiento del lunes. “No tenemos conocimiento de que ello sea así. Sí es verdad que hay un oficial superior -Antegiovanni- que está señalado. Si para los jueces hay elementos que así lo indican esperamos que los pongan en nuestras manos para proceder”, destacó.

Desde diciembre de 2003, cuando se inició la gestión de Jorge Obeid, se reiteraron casos en que el Tribunal Federal Oral Nº 1 ordenó abrir causas contra jefes de operativos. Y esos jefes, como el caso del comisario Rodríguez, volvieron a recibir reproches de los jueces. “Desde el 18 de marzo de 2004 que asumí no tengo conocimiento que eso haya pasado”, dijo Rosúa.

Por último concedió que no puede responsabilizarse por la conducta de los 15.700 empleados que tiene la policía provincial. “Lo que sí podemos garantizar es que cualquier empleado que en esta materia o cualquier otra produzca un acto irregular será sancionado”.