Rosario: allanan a abogados y escribanos por una maniobra fraudulenta

Junto a un grupo de civiles están sospechados de haber orquestado un juicio para despojar a una mujer de 74 años de su propiedad de Cerrito al 1200 con una operación de lavado de fondo. Tras la denuncia, se originó una investigación y la fiscal Valeria Haurigot ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria las medidas. Buscaban documentación y celulares.

Al menos dos abogados y dos estudios pertenecientes a escribanas eran allanados este miércoles. Los procedimientos se dan en el marco de una investigación por una maniobra fraudulenta destinada al desalojo de una jubilada de 74 años de una propiedad de Cerrito al 1200, acción por la que ya había recibido una última intimación de la Justicia de Rosario, hasta que avanzó su denuncia penal.

Los operativos, ordenados por la fiscal Valeria Haurigot del Ministerio Público de la Acusación (MPA), son realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en al menos seis puntos de la ciudad, fundamentalmente en el centro y el macrocentro.

Habían comenzado cerca de las 10 en San Martín al 700, estudio de la escribana Roxana V. P.; Santa Fe al 1000, estudio de la escribana Verónica F.; Rouillón al 1500, propiedad del abogado Martín G.P.; y La Paz al 400, estudio del abogado Sebastián P..

Asimismo, se realizaban en Zeballos al 2600, casa de Víctor C., el comprador; y Alvear al 1500, propiedad de Fernando R.. Todos habrían confluido detrás de Juan Carlos G., sospechado además por lavado de activos.

Los efectivos buscaban documentación, discos y celulares con rastros de una compleja maniobra con la asistencia de los profesionales. Para eso, detectaron en procesos judiciales la aparición de escrituras falsas, el propio juicio de desalojo y hasta la intermediación del escribano Eduardo Martín Torres, uno de los que irá a juicio en la llamada “megacausa inmobiliaria”.

Francisca S., la víctima, tiene 74 años e iba a ser despojada de una vivienda que habita desde hace más de 20 años en calle Cerrito al 1200. Según alertó su abogada Belén Mesino en una denuncia, todo comenzó con un fraude cometido por un grupo de personas tras la muerte en 2000 de una amiga de toda la vida, titular de la propiedad.

Ninguno de los pasos de la maniobra fraudulenta fueron detectados en el Juzgado Civil N°1 de Rosario, que había ordenado el desalojo e iba a ser concretado hasta que la advertencia recayó en la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación.