ROSARIO: AUMENTAN LOS PEDIDOS A LA JUSTICIA PARA CONSEGUIR LA COBERTURA DE PLANES DE SALUD

La ley es muy clara, aunque algunos se tapen los ojos para no verla. Y es que, de acuerdo a la legislación vigente, las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir todas las prescripciones que describe el Programa Médico Obligatorio y lo que detalla la ley Nº24.901 del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Pero la realidad es muy distinta. Tanto las prepagas como las obras sociales y mutuales someten a los familiares de personas con discapacidad a un tortuoso desgaste para evitar cumplir con sus obligaciones. Así, las personas con discapacidad son otra vez discriminadas del sistema y deben enfrentar nuevas adversidades para solicitar lo básico: la salud. Muchos se cansan y no siguen reclamando. En cambio otros descubrieron un arma que puede ser la tabla de salvación: recurrir a la Justicia, que en la mayoría de los casos termina fallando a favor de los afiliados.

La secretaria del Juzgado Federal Nº2, a cargo de la secretaría B, Eleonora Pelozzi, confirmó a La Capital que los amparos de salud “están creciendo en forma progresiva”. A la vez, la estadística elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica que entre el 2003 y el 2005 ingresaron 192 trámites de amparo. De ese total, el 50 por ciento correspondió a amparos de salud, llamados así porque involucran actos que restrigen, alteran o amenazan el derecho a la salud, la vida y la integridad psico-física de las personas.

También Adriana Ferrero de Faccendini, abogada de la Defensoría del Pueblo de la provincia, confirmó que “en los últimos años se incrementaron las consultas por cuestiones de salud y falta de cobertura médica”. Ya en Rosario, hay abogados que se especializan en el tema y en el país se extendieron estudios abocados a la defensa del derecho a la salud.

Y es que tanto las obras sociales como las prepagas intentan, a través de argumentos falaces, disuadir a los afiliados sobre las coberturas que solicitan. “A lo que más se resisten es a brindar prestaciones a personas con discapacidad, en especial aquellas que necesitan prestaciones continuas como un centro de día o rehabilitación”, señaló Vildor Garavelli, abogado especializado en salud. “Juegan con la desesperación de los padres”, agregó Oscar Albornoz que presentó un amparo para la obtención de audífonos para su hija.

La última instancia
El recurso ante la Justicia es la última opción para quienes necesitan la cobertura de tratamientos, fármacos o cirugías que las obras sociales y prepagas se niegan a otorgar. Sin embargo, parecería ser el recurso más eficiente. Pelozzi subrayó que “la justicia intenta resolver este tipo de casos lo más pronto posible, ya que se trata de la salud de una persona”. Por esto generalmente, al iniciar el amparo, “se dicta una medida cautelar para que se brinde la prestación en forma inmediata y, aunque se apele la medida, igual se debe cumplir con la prestación”, agregó la secretaria del juzgado.

Albornoz es empleado de una compañía de seguros, y su obra social es Osseg (Obra Social de Seguros). Su hija tiene hipoacusia. Los médicos le explicaron que la niña podría ir a la escuela, pero necesita un equipo de audífonos especiales para que pueda escuchar bien a su maestra. “Nadie consigue que la obra social pague los audífonos en el primer intento. Al contrario, todos los padres tenemos que pelear por esto”, relató a Albornoz.

La niña debería haber empezado primer año de la EGB con un audífono especial, pero recién lo consiguió dos años más tarde, cuando cursaba tercer año de la EGB y terminó el juicio que falló a favor de ellos. A través de la medida judicial, la obra social tuvo que proveerles el sistema indicado por los profesionales. Esta familia ahora inició un nuevo juicio por daños y perjuicios, dadas las pérdidas que tuvo la niña en su escolaridad mientras no tuvo el audífono indicado.

Otro caso es el de la familia Ilarione. Una de las niñas de la casa nació con una enfermedad congénita e hidrocefalia. Luego de 19 operaciones tiene clavos en la cadera y camina con bastones canadienses. No siente las rodillas y la médula ósea está anclada. Ante cada necesidad de la nena, sus padres tuvieron que enfrentarse con la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal de la República Argentina. “No te niegan abiertamente lo que les pedís, pero te la hacen difícil para que uno se canse y deje de luchar-contó Jorge Ilarione, el papá de la chica-, cuando en realidad bastaría con presentar el certificado de discapacidad y una historia clínica”.

“La primera operación la realicé en el hospital Vilela, por mi cuenta, sin recurrir a la obra social, pero luego comenzó un largo peregrinar, cuando no querían darme las prestaciones”, recordó. Una vez Ilarione, en la Facultad de Derecho, encontró la ley de discapacidad Nº24.901. “La empecé a leer y la memoricé. Pasé por varios abogados hasta que di con uno que me pudo ayudar”, continuó.

En una de las operaciones, no le indicaban que no se la iban a reconocer pero “me decían que la hacían en Buenos Aires, cuando nosotros ya teníamos presupuestos de Rosario”, agregó. Frente a esta situación, Ilarione presentó un amparo contra la obra social exigiendo la cobertura indicada por los médicos.

Finalmente salió el dictamen que explicitó que la operación se hiciera en Rosario y que además se cubran todas las complicaciones que surjan como consecuencia de la intervención. La sentencia fue clara, sin embargo el presidente de la obra social dejó asentado en el amparo que “como padre, al haberme negado a hacer la operación en Buenos Aires, podría incurrir en el delito de abandono de persona”, señaló el padre indignado.

Además, la niña, luego de la cirugía sufrió una complicación y hubo que cambiar una válvula, pero no se la pagaron; es decir, que la entidad de salud no está cumpliendo con el dictamen del juez, lo cual podría acarrear penas pecuniarias para la institución. Ahora la niña está bien, es muy sociable y cursa cuarto grado en la escuela común, además de hacer natación varias veces a la semana. “La recompensa, después de tanta lucha, es verla tan feliz”, dijo su papá.

También sucede en situaciones menos complejas como la medicación que necesitaba una chica con discapacidad mental y Pami no quiso reconocérsela, aduciendo que “el medicamento no era conveniente a esta persona”, cuando la chica tomaba esa droga por años sin producirle daños, y por el contrario, siendo beneficioso para su salud. El Juzgado Federal Nº2 falló a favor de la damnificada.