ROSARIO: BUSCAN IMPLEMENTAR UNA NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Una base de datos que revele cómo se distribuye geográficamente el delito en Rosario, la división de la ciudad en juntas comunitarias y el diseño de políticas que superen la clásica intervención policial son los lineamientos de un programa de seguridad que está estudiando el gobierno provincial para aplicar en Rosario. La propuesta gira en torno a la confección de un “mapa del delito” para poder leer las incidencias de los distintos ilícitos en cada zona de la ciudad. Esta herramienta ya fue confeccionada en la capital provincial, donde se presentó oficialmente la semana pasada. “Es un sistema de información que permite diseñar estrategias puntuales tanto para la policía como para el gobierno”, sostuvo el director de Seguridad Comunitaria de la provincia, Fernando Rosúa.

Ese mapa del delito urbano, que en Rosario todavía está en construcción, sería un primer paso para trabajar en políticas de seguridad que excedan la usual respuesta de saturación policial con la cual se suele responder desde el Estado ante los diversos reclamos por la inseguridad. La base de datos, que proyectará cuáles son las zonas rosarinas más afectadas por el delito, está siendo elaborada por la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia.

Por el momento, esta base de datos se nutre sólo de información policial, ya que se elabora en base a los partes preventivos remitidos desde las comisarías a los juzgados penales. Por esta razón, su representatividad es relativa, ya que el mapa no consigna los delitos que no son denunciados, entre otras razones, por la falta de confianza hacia ciertas instituciones.

Un sistema de información
“Estamos recopilando información sobre las denuncias presentadas en comisarías que fueron transmitidas a los juzgados. Un próximo paso será saber qué pasó con esas denuncias: si el caso prescribió, si se condenó o el imputado quedó absuelto. La idea es ir conformando un sistema de información criminal. Por el momento la fuente es la policía, pero se pueden hacer auditorías para saber si lo registrado en la base de datos figura en los libros de las comisarías o si hubo datos que no se consignaron”, evaluó Rosúa tras la presentación, el jueves pasado, del mapa delictual de la ciudad de Santa Fe.

El diagnóstico acerca de cómo impacta la inseguridad en la capital de la provincia refleja que el 70% de los sumarios policiales son por delitos contra la propiedad. También demuestra que hay una concentración de esos ilícitos en la zona céntrica. Tras la confección de ese registro, desde la Dirección que dirige Rosúa decidieron dividir la capital provincial en diez áreas -que contienen a más de setenta barrios- para trabajar con los vecinos en la planificación de políticas de seguridad.

La misma estrategia se prevé implementar en Rosario una vez que el mapa del delito rosarino esté listo. Y en una etapa posterior, el proyecto avanzará en averiguar cómo se distribuyen los ilícitos en cada departamento provincial. “Esta gran base de datos contiene todos los delitos que ocurren en una ciudad y, a partir de un sistema de localización geográfica, se puede analizar cada hecho delictivo. Por ejemplo, se puede comparar en el tiempo cuántos delitos hubo en una cuadra”, explicó Rosúa.

Para evitar que el registro se nutra sólo de información policial, según el funcionario, está previsto completar la base de datos con los resultados de encuestas de victimización que se realizarán al menos dos veces al año. “Eso permite saber en qué zonas se denuncia menos, qué cosas la gente no denuncia, qué áreas registran una mayor cifra negra y cuál es el grado de confianza de la gente en la policía, con la idea de que en poco tiempo más este empiece a ser un instrumento de uso permanente”, añadió Rosúa.

Desde el barrio
Las estrategias que se diseñen a partir de esa herramienta surgirán de las distintas juntas de seguridad barriales que se crearán en Rosario. Las comisiones estarán conformadas por un coordinador de la Dirección de Políticas Comunitarias y representantes de instituciones del barrio, como escuelas, vecinales, ONG o dispensarios.

Una comisión de trabajo de este tipo ya funciona en Rosario en barrio Ludueña, donde hace poco más de un mes los vecinos realizaron un masivo reclamo por la inseguridad (ver aparte). En esa oportunidad los vecinos solicitaron, como parte de un paquete de medidas para desalentar el delito, la apertura de calles, la construcción de pasos a nivel, importantes mejoras en la iluminación de las calles, higiene y el ingreso de líneas de colectivos.

si bien Rosúa indicó que aún no está definido cuántas juntas de seguridad comunitaria se crearán en la ciudad de Rosario, remarcó que ya hubo pedidos informales de algunos barrios para formar parte del programa. En este sentido, citó como ejemplo las zonas comprendidas por las seccionales 11ª, 17ª, 7ª y 6ª, entre otras.

“Esperamos -propuso el funcionario- que la gente empiece a conocer información oficial de lo que está sucediendo en su barrio. Por ejemplo, podemos alcanzarle periódicamente el mapa mensual, marcar tendencia y cotejar la información policial con aquello que no esté denunciado”.