ROSARIO: CLAUSURARON UN GERIÁTRICO TRUCHO POR LA DENUNCIA DE SUS EMPLEADAS

Un geriátrico clandestino donde residían diez ancianos fue clausurado ayer después de que cuatro empleadas, a quienes se les adeudaban salarios, denunciaran públicamente que el lugar funcionaba sin habilitación y con un sinnúmero de irregularidades en la atención de los residentes. El hogar, ubicado en Don Bosco 137, pertenece a una mujer que por segunda vez abrió un geriátrico sin tramitar el permiso municipal correspondiente, por lo que desde la Dirección de Inspección no le concedieron más chances. “Ya le dimos el cese de actividades, pero vamos a seguir y controlar que se cumpla la clausura hasta las últimas consecuencias”, afirmó el director del área, Claudio Canalis. Por lo pronto, la orden fue que, ayer mismo, los viejitos fueran retirados del lugar, previa comunicación con sus familias para que los reubicaran o, llegado el caso, dando intervención a la Secretaría de Promoción Social municipal.

La cuadra de Don Bosco al 100 ayer se vio convulsionada desde temprano. Las cuatro empleadas que trabajaban en el hogar decidieron no dar más plazo a la propietaria, Marcela Arce, para que les pagara salarios adeudados, desde ya en negro. Así, le advirtieron que no la dejarían entrar si no llegaba con el dinero.

Indignada, Arce partió sin más a radicar una denuncia en la Comisaría 8ª, donde se cavó su propia fosa porque una patrulla fue con ella hasta el lugar y volvió a la seccional con una de las empleadas, que entonces dio su propia versión a través de una contradenuncia. En su presentación dejó sentado todo tipo de irregularidades que supuestamente se cometían con los ancianos, por lo que los efectivos dieron intervención al Juzgado de Instrucción Nº9º, a cargo de Carlos Carbone.

Mientras tanto, sus compañeras no pararon de hacer conocer el caso ante los medios de comunicación. El rosario de acusaciones rozó lo truculento.

Dijeron que los viejitos recibían pésima atención y escasa asistencia médica; que no se les daba la alimentación ni la medicación prescriptas, que se los aseaba “con un mismo trapo, detergente y cloro”; que en vez de vendas se usaban pañales rotos; que cuando se los bañaba se empleaba una sola toalla para los diez; que por las noches eran “atados a las camas” y “se les vendaba la boca para que no gritaran”; y que la dueña del lugar los “dopaba” y en ciertos casos se apropiaba de sus remedios para uso personal.

Un desfile de funcionarios
Las empleadas -a las que se fueron sumando ex trabajadoras del mismo hogar y también del anterior, ubicado en Marcos Paz 3595, clausurado en junio de 2005- permanecieron sentadas en plena vereda frente al geriátrico, sin parar sus relatos escalofriantes. Mientras, por el lugar pasó un verdadero desfile de funcionarios.

Primero llegó la inspección municipal, que determinó el cese de actividades inmediato por falta de habilitación (para colmo, en caso de reincidencia) y la evacuación de los residentes previa comunicación a las familias, un proceso que comenzó ayer mismo al mediodía.

Según relató Canalis después, la inspección del lugar no reveló que los ancianos -cuyas familias pagaban entre 500 y 600 pesos por mes- estuvieran en malas condiciones de salud, más allá de dos que ya padecían enfermedades terminales. “Efectivamente constatamos que se trata de un geriátrico clandestino, pero al menos los residentes no muestran signos de deshidratación ni de mala alimentación”, dijo

Al terminar la inspección, el médico Ricardo Carrillo, dijo no haber percibido que los pacientes estuvieran “mal atendidos”, una frase que desató la ira entre las empleadas. “¿Cómo van a estar mal atendidos si de que eso no pasara nos ocupábamos nosotras? Claro que hasta hoy iban a estar excelentes, y eso lo digo con mucho orgullo”, bramó la asistente geriátrica Valeria Aglietti.

Más tarde llegó hasta la puerta, herméticamente cerrada, una delegación de la Dirección de la Tercera Edad provincial. El coordinador para la zona sur, Patricio Donnelly, argumentó que “el nivel de responsabilidad” del área no incluye las habilitaciones (en este caso delegada por la provincia al municipio), ni tampoco el control de qué atención reciben los ancianos “dependientes o semidependientes”. Sólo se ocupa de “auditar, supervisar y chequear un poco qué tipo de prestación se hace sobre los autoválidos” en los geriátricos, dijo. Acto seguido, realizó una extensa inspección del lugar.

Casi en simultáneo, otro inspector, esta vez de la Secretaría de Trabajo provincial, arribó para constatar la denuncia sobre las irregularidades en materia laboral. También debió golpear varias veces la puerta y dar su santo y seña para que le franquearan el paso. Más tarde labró un acta incluyendo los datos de las empleadas que habían quedado afuera, a las que convocó a radicar sus denuncias en la secretaría para reclamar individualmente el pago de sus deudas salariales.

Y por último fue el turno de la policía, con cuya intervención había comenzado mucho más temprano el cruce de denuncias entre la propietaria y las empleadas. “Venimos por orden del juzgado para evaluar la situación de habilitación y las condiciones en que están los pacientes, y para eso también se hará presente el médico policial”, explicó el comisario de la seccional 8ª, Eduardo Centeno. El objetivo, afirmó, es “cerciorarse de que no quede ningún anciano” en la casa.