ROSARIO: JURY DE ENJUICIAMIENTO PARA OSVALDO CINGOLANI

El pedido de jury de enjuiciamiento para un juez del fuero laboral de Rosario fue firmado por el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Bof, poco tiempo atrás mientras que ahora se trabaja en la convocatoria del Tribunal de Enjuiciamiento, que componen todos los miembros de la Corte, un senador y un diputado provincial y los presidentes de los Colegios de Abogados de Rosario y de Santa Fe.

El magistrado para el que se pide que se abra el proceso es el titular del juzgado Laboral Nº 6, Osvaldo Cingolani. Aunque no pudieron conocerse con precisión los fundamentos por los que el procurador entendió que había elementos que habilitaban el pedido del jury, Rosario/12 pudo saber por otras fuentes ligadas al ámbito judicial que ese pedido tiene que ver con el importante atraso de sentencias a fallo con plazo vencido que Cingolani tiene en su juzgado y al que la Cámara de Apelaciones en lo Laboral había adjudicado el año pasado a “su menor productividad” en relación con la de otros jueces del fuero.

También desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario se afirmó en el 2004 que el atraso que registra Cingolani ‑en esa oportunidad hablaron de otros juzgados‑ es una verdadera denegatoria de Justicia y el Colegio de Abogados de Rosario estudiaba en diciembre pasado la promoción de un jury contra el juez. Ahora ese pedido lo firmó el procurador Bof. En poco tiempo se reunirá el Tribunal de Enjuiciamiento que deberá decidir si se habilita o no el jury que para el primer caso derivaría en la suspensión del juez mientras dure el proceso.

Rosario/12 pudo conocer que Jorge Bof pidió el jury de enjuiciamiento para el juez laboral Cingolani que es la instancia que corresponde según la ley 7050 (enjuiciamiento de magistrados) aunque el procurador de la Corte no quiso hacer declaraciones sobre el tema. Ese pedido ya está en poder del Tribunal de Enjuiciamiento, que está integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, dos miembros de la Legislatura provincial ‑un diputado y un senador‑ y los presidentes de los Colegios de Abogados de Rosario y de Santa Fe. Justamente a Bof le corresponderá oficiar de acusador, es decir que actuará como el Ministerio Fiscal ya que encontró motivos para pedir el juicio.

La reunión del Tribunal de Enjuiciamiento se hará “en breve” ‑según reveló una alta fuente judicial a este diario‑ y de acuerdo a la ley 7050 el Tribunal deberá decidir si se abre o no el jury o si se requiere alguna diligencia previa. El presidente del Tribunal -al mismo tiempo titular de la Corte Suprema de Justicia-, el ministro Rafael Gutiérrez, es quien debe hacer la convocatoria al Tribunal de Enjuiciamiento y para el caso que se decida la apertura del juicio, el magistrado quedará suspendido en sus funciones, mientras el trámite terminará cuando se resuelva destituirlo o no. “Puede ser que la falta que en un principio se pensó que podía ser causal de destitución dé lugar en cambio a un sumario administrativo, o que si correspondan otras medidas. Eso se verá en el proceso”, dijo a este diario la misma fuente.

Aunque no se tuvo acceso a los fundamentos planteados por Bof para pedir el jury, trascendió que el elemento fundamental es el atraso de sentencias a fallo con plazo vencido ‑‑473 para el año 2003‑- del juzgado a cargo de Osvaldo Cingolani. Ese número surge de datos oficiales citados en el Acuerdo Nº 8 de 2004 de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario ‑‑que presidía el juez Angel Félix Angelides e integraban en calidad de vocales Marta Rucci, Luis Rodrigáñez, Felipe Rodini, Celestina Bugni de Basualdo, Lucía María Aseff, Sara Burde y José Antonio Villar‑ y del que este diario dio cuenta en varias oportunidades.

Justamente ese acuerdo fue casi lapidario respecto de la actuación de Cingolani cuando el año pasado sostuvo que la acumulación de causas que posee “tiene como motivo fundamental su menor producción”. Los camaristas invocaban para tal afirmación el estudio exhaustivo de estadísticas, datos comparativos y muestreos de cantidad de cargos registrados y de allí surge el registro de las 473 causas para el 2003,en relación con las que ya venció el plazo, atribuida a su “menor productividad” en relación con otros juzgados.

También se argumentaba que si se partía de la consideración del año 1990 “el juzgado tenía 47 sentencias con plazo vencido ‑hay diez días para resolver‑, siendo el que más expedientes tenía en esa situación. Luego en la sumatoria de sentencias dictadas a partir de dicho año, hasta 2003, resultó ser el juez que menos sentencias dictó”, dijeron los camaristas. La afirmación tomó en cuenta la situación de los juzgados que tuvieron períodos prolongados de vacancia o licencia por enfermedad del juez a cargo.

Pero el Acuerdo Nº 8 de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario tiene un antecedente y es la denuncia que hizo ante esa instancia el juez Cingolani sobre la supuesta comisión de dos ilícitos, uno de ellos tenía que ver con “maniobras” que manifestó como realizadas hace más de 16 años por jueces del fuero laboral y por las que determinados estudios de abogados litigaban en uno o varios juzgados que les eran funcionales y para lo cual si era necesario registraban “juicios inexistentes”. El segundo supuesto delito tenía que ver con la confección de estadísticas que no serían verdaderas por parte de distintos juzgados laborales y que desvirtuarían el número de expedientes que esperan sentencia y tienen los plazos vencidos.