ROSARIO: LOS LOCATARIOS YA TIENEN QUIÉN LOS DEFIENDA

El profundo malestar generado en distintos segmentos medios perjudicados por los sucesivos aumentos en el precio de los alquileres carecía hasta ahora de una representación organizada con base en Rosario. Tras los reiterados ajustes posteriores a la devaluación que vienen sufriendo las locaciones para vivienda de uso familiar, la falta de una asociación civil que en la ciudad hiciera escuchar el punto de vista de los inquilinos contribuyó en buena medida a que informativamente se impusiera la visión parcial de ciertos operadores inmobiliarios y el diagnóstico recurrente de las cámaras empresarias del sector, cuya presunción de que el monto de los alquileres tocaría su techo una vez que ingresaran al mercado las nuevas unidades producto de la reactivación en la construcción se fue desmoronando notoriamente al correr del año.

Está a la vista: pese a la entrañable premisa de que “sería el propio mercado el encargado de corregir las asimetrías producidas luego de la devaluación”, las subas en los valores del mercado locativo rosarino siguieron trepando sin freno desde el inicio de 2005, llegando a montos que hoy no guardan ninguna relación de equilibrio con el reducido poder adquisitivo del salario promedio.

En este contexto, una cosa sí ha cambiado en Rosario: desde la pasada semana ya existe un entidad local conformada por inquilinos, formalmente agrupados bajo la denominación de Unión de Inquilinos de Rosario (UIR), sigla fonéticamente sugestiva “pero que lejos de remitir al verbo huir agrupa a quienes, frente a una misma problemática, tienen la voluntad de movilizarse y dar batalla”, según puntualizó Adela López, presidenta de la flamante entidad. “Estamos dispuestos a transitar todas las instancias de apelación democrática que sean necesarias para modificar el marco normativo vigente en materia de locaciones para vivienda única, ya que los abusos en el precio de los alquileres y en las cláusulas de los contratos que hoy se imponen en Rosario han pasado el límite de lo tolerable y vulneran seriamente derechos básicos contemplados en la Constitución”, agregó.

La primera reunión convocada por UIR se realizó el pasado miércoles en la Concejalía Popular ubicada en calle Entre Ríos 343. Unos quince minutos antes de las 20, horario previsto para el inicio del encuentro, el local ya estaba colmado de gente. Afuera, grupos de personas esperaban en la vereda intercambiando opiniones y diálogos ocasionales que tenían un denominador común: la incertidumbre y la indignación que actualmente se palpa entre quienes se ven obligados a seguir el circuito de la oferta locativa en busca de una vivienda.

“La convocatoria superó las expectativas que teníamos. Y es un dato auspicioso que la gente haya respondido a nuestra iniciativa”, destacaron los organizadores.
Luego de definirse los objetivos generales de la entidad, a lo largo del primer encuentro se pudieron oír distintas historias individuales, donde “el problema de los alquileres” fue asumiendo diversas entonaciones personales, cruzadas por momentos de ciertos pormenores biográficos y afectivos que sirvieron para reflejar hasta qué punto la sucesión de ajustes producida en el mercado de las locaciones de vivienda única es uno de los factores determinantes que, tras la devaluación, viene agrediendo los márgenes de sobrevivencia material de quienes no tienen otro capital que su propia fuerza de trabajo, atada a ingresos congelados o sueldos en negro.

En la suma de casos allí expuestos estuvo representado el variado universo que, según la lógica de los estereotipos sociales, define las posibilidades y límites de los sectores medios, esa ancha zona gris del mercado laboral –empleados, técnicos o profesionales con formación universitaria en áreas donde el despegue de la economía no se refleja en mejores salarios y condiciones laborales– que exteriormente no encaja en el estereotipo “oficial” de la pobreza pero con ingresos que difícilmente llegan a cubrir las necesidades básicas, y cuya pertenencia simbólica a cierto horizonte de identificación cultural la excluye de las redes estatales de contención social y de las prioridades asistenciales de la política pública.

“Desde el primer ajuste fuerte que se produjo promediando 2003, el aumento en el precio de los alquileres supera en algunos casos el ciento por ciento”, afirmó la representante de UIR.

“Entre 2002 y 2004 el monto establecido en el contrato de alquiler del departamento donde vivo era de 280 pesos. Se trata de un departamento estándar de un dormitorio, propiedad horizontal, ubicado en la zona del macrocentro en un edificio que ya tiene sus años. En 2004 renové el contrato por un alquiler que se fijó en 380 pesos. Ahora, cuando todavía faltan cuatro meses para el vencimiento de dicho contrato ya están presionándome y me comunicaron que el precio del alquiler se va a ir a 420 pesos”, expuso un señor mayor, visiblemente angustiado.

Otro de los aspectos cuestionados por los inquilinos se refiere “al modelo de contrato de locación que actualmente se pretende imponer en la ciudad, donde se han llegado a anular los derechos básicos de la parte más vulnerable, contemplados en el Código Civil”, señaló la abogada de la entidad. “Tanto es así que actualmente muchas inmobiliarias de la ciudad buscan imponer para los alquileres la modalidad del comodato. Esto es, alquilar a través de contratos que determinan plazos cada vez más cortos, de dos a seis meses. Se trata de arreglos que se producen en el marco del incipiente movimiento turístico y empresario que se viene dando en la ciudad. Si bien la ley nacional establece un plazo mínimo de dos años para los contratos de alquiler, hay excepciones a esto que rigen en determinados lugares turísticos del país. Y hoy los especuladores inmobiliarios se toman de este dato para intentar imponer plazos breves en los contratos de alquiler”, sintetizó López.

Por lo demás, de la primera reunión de la UIR también participó el concejal Nire Roldán, quien se comprometió a llevar el reclamo de los vecinos al cuerpo que integra “para activar todos los resortes que desde el Estado municipal puedan contribuir a dar respuesta en el corto plazo a este problema que afecta a un gran número de vecinos de Rosario”, según indicó. “La posibilidad de acceder a una locación para vivienda única no puede estar supeditada exclusivamente a la mera especulación financiera. La falta de controles en este sentido está generando un problema social muy serio”, remarcó. En esta dirección, la entidad tiene previsto un plan de lucha que en las próximas semanas incluye solicitar una audiencia pública de inquilinos en el Concejo y en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial.

Las reuniones convocadas por la Unión de Inquilinos de Rosario tendrán lugar todos los miércoles a las 20 en Entre Ríos 343. Para mayor información se puede llamar a los teléfonos 4106260/264 o 155-844397.