Rosario: piden siete años de prisión para una mujer por estafas
Al menos 13 personas le entregaron dinero por un monto total cercano al millón de pesos para inversiones que resultaron inexistentes.
Inversiones en una fábrica de carteras, adelantos de dinero para transferir vehículos, requerimientos de recibos de sueldo para sacar créditos destinados a la compra de distintos elementos que nunca pagó. Esas fueron sólo algunas de las artimañas que utilizó una mujer de 51 años y que el año pasado fue detenida e imputada por estafar a más de una docena de personas. El lunes fue acusada y afronta un pedido de pena de siete años de prisión efectiva por maniobras fraudulentas, cuyo monto se estima en un millón de pesos.
El caso que se ventiló en octubre de 2018 tiene como protagonista a Silvina G., una mujer supuestamente vinculada al mundo de los negocios y las relaciones públicas, que ostentaba tener llegada a personalidades de la farándula local y nacional. Pero todo era una pantalla.
De acuerdo a la denuncias en cascada que tramitó la fiscal de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot, se determinó que tenía un modus operandi cuya matriz se basaba en ganarse la confianza de las víctimas, a las que incluso ofrecía ayudarlas. Entonces fingía una amistad, y luego les pedía dinero para invertir en una ficticia fábrica de carteras; a otros les decía que su hijo tenía problemas de salud y debía afrontar gastos médicos.
También se describió que a una pareja le dijo que tenía una camioneta rota que no podía mantener, y que se la daría a cambio de los 20 mil pesos que costaba hacer la transferencia. En tanto, a un matrimonio lo convenció para invertir 40 mil pesos en su fábrica de carteras, después de asegurarle que trabajaba con afamadas marcas y que tenía contacto directo con el diseñador Benito Fernández.
Inversión
Del mismo modo procedió con otras personas que convenció para que invirtieran 50 mil pesos. Un joven arriesgado le entregó 1.600 dólares que volverían en utilidades mayores, pero eso nunca pasó. A una persona le pidió su recibo de sueldo para sacar en cuotas una notebook y dos celulares por 45 mil pesos que tampoco pagó.
Según la Fiscalía, los engaños se concretaron entre septiembre de 2017 y junio de 2018. Su fuerte era “aparentar solvencia y poseer empresas de productos de indumentaria y contactos de importantes marcas como XL, Lazaro y Prime. De acuerdo al relevamiento, se estima que el monto total de la estafa podría superar el millón de pesos. Silvina fue detenida el 5 de julio en un bar de la zona norte donde se montó una entrega controlada de dinero de un supuesto inversor.
Dos días después, la fiscal le achacó al menos cinco hechos, y desdobló el trámite para endilgarle el resto en otra audiencia. Fueron 13 personas afectadas en 14 maniobras similares, encuadradas en el delito de “estafa con ánimo de lucro en concurso real entre sí”. Entonces la jueza Silvia Castelli le dictó la prisión preventiva efectiva por el término de ley.
El lunes, durante una audiencia preliminar, la fiscal Haurigot formalizó la acusación y la requisitoria de elevación a juicio oral y público. En esa instancia, solicitó siete años de prisión efectiva y una multa de 90.000 pesos para la falsa empresaria y timadora, y expuso las pruebas que sostienen su hipótesis del caso. Además, pidió que se le prorrogue la medida cautelar hasta el debate.
La defensora pública Gabriela Valli se opuso a la acusación y rechazó cada una de las imputaciones al argumentar atipicidad de los hechos. También solicitó la libertad de la acusada en virtud de la falta de antecedentes y de una posible pena de ejecución condicional.
Sin embargo, la jueza Castelli no hizo lugar a los cuestionamientos de la defensa, admitió la acusación y las pruebas presentadas por la fiscal. “Luce solvente y probable —sobre la base de la evidencia colectada— proyectar una sentencia de condena”, recalcó la jueza.
Y describió que los actos intimados son “indicativos de un obrar delictual”. Para Castelli, la captación de la voluntad de las víctimas se dio “a partir del armado de un ardid generado de manera paciente y en abuso de una situación de confianza y familiaridad propia del trato interpersonal”. La jueza no hizo lugar al pedido de la defensa, y prorrogó la prisión preventiva efectiva hasta el juicio oral y público.
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