ROSARIO PROVINCIALIZA SU RECLAMO POR LAS DEUDAS DE COPARTICIPACIÓN

La pelea que Rosario viene dando para que la provincia le reconozca 65 millones de pesos en concepto de deudas de coparticipación amenaza con extenderse a más ciudades santafesinas. Al reclamo administrativo -a futuro judicial- que formuló Rosario se suma el de Esperanza y ahora otros municipios ya debaten sobre el tema. Un análisis económico del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) reveló que el intrincado sistema de coparticipación que rige en Santa Fe también hizo perder a la ciudad de Cañada de Gómez unos 2,5 millones de pesos en casi 10 años. El que lo expuso en esa localidad fue el propio titular de Hacienda de Rosario, Carlos Fernández, quien explicó que “en el año 2004 se hizo un mix entre cifras coparticipables y no coparticipables, y en el 2005 se definió que sólo se iba a coparticipar el 90,5 por ciento”. A su juicio algo “ilegal, que no está apoyado en ninguna ley”. Justamente lo contrario de lo que sostiene la provincia.

Fernández no fue el único funcionario rosarino de primera línea que el fin de semana batalló por el tema. También dijo lo suyo el hasta hoy subsecretario de Gobierno municipal y primer concejal electo, Horacio Ghirardi, después de que en la edición de ayer de La Capital la vicegobernadora María Eugenia Bielsa negara que la provincia debe esos 65 millones de pesos a Rosario.

“En primer lugar, nosotros habríamos esperado que dada su condición de rosarina se pusiera del lado de la ciudad y defendiera sus intereses. Con su discurso, lo único que hace es fortalecer las posturas de la la burocracia de Santa Fe, que siempre está tratando de discriminar a Rosario en la distribución de recursos”, disparó de entrada Ghirardi.

Un perjuicio común
El funcionario comparte con su par de Hacienda que ese perjuicio no sólo afecta a Rosario, sino que es común (se reconozca políticamente o no) a otras comunas y municipios. “Tenemos absoluta claridad y certeza de que a Rosario se la está perjudicando en unos 9 ó 10 millones de pesos al año, lo que en valores históricos desde el 94 lleva acumulados 65 millones”, dijo Ghirardi, algo que calificó como una “discriminación errónea sobre fondos que legalmente nos corresponden, y no sólo a Rosario, sino a todos los municipios”.

Para el subsecretario de Gobierno, lo que hace la provincia es “poner un techo arbitrario a la mayor recaudación que está teniendo y no distribuirla correctamente a los municipios”.

Un razonamiento similar, pero en base a un estudio concreto, hizo el propio Fernández, pizarrón y tiza en mano, en Cañada de Gómez. El funcionario se explayó sobre cómo funciona la coparticipación provincial. Dijo que en el año 1992 la provincia de Santa Fe comenzó a perder recursos como consecuencia de la puesta en marcha de los llamados pactos federales, y que algunos de los fondos que el gobierno recibió de la Nación, con posterioridad a esa fecha, no fueron coparticipados a las poblaciones.

“El sistema de coparticipación no lo entiende nadie, es un jeroglífico, un sistema tan intrincado que muchos llaman laberinto. Nosotros entendemos que no reclamar estos montos implica una responsabilidad de los funcionarios que no lo hacen”, consignó Fernández en el transcurso del encuentro al que, en rigor, no asistió ningún funcionario municipal.

Además, sostuvo “que a causa de la mayoría automática que rige en la Legislatura, estas cosas nunca llegan a un debate”. Y consultado sobre por qué sólo dos municipios (Rosario y Esperanza) hicieron reclamos administrativos, Fernández arguyó que “existe un desconocimiento en la mayoría de las intendencias y comunas, porque hay una actitud arbitraria que perjudica la posibilidad de ingresos de las poblaciones del interior”.

Para Fernández, “si los municipios fuesen autónomos, la provincia no podría obviarlos y se supone que la negación a esa posibilidad se debe a que se queda con fondos que no le pertenecen”. Y aclaró su cruzada: “Intentamos dar datos técnicos, pero el método no es nada sencillo, sólo pretendemos acompañar a los municipios perjudicados”, resaltó.

A nivel local, el municipio muestra sus cartas. “Por meses reclamamos formalmente a nivel político, ahora a nivel administrativo ante el propio gobernador con la firma del intendente, remitimos notas a todos los legisladores provinciales para que presten atención al presupuesto que nos vuelve a discriminar, y ahora vamos a accionar judicialmente”, prometió.

Incluso, Ghirardi fue por más. Aparte de ese reclamo, prometió además dar un “debate político por los recursos que le corresponden a Rosario por sus aportes, por su crecimiento, su prepotencia de trabajo, por hacernos cargos de la salud y gradualmente de la educación a través del FAE, y hasta por estarnos haciendo cargo de la seguridad con el pago de adicionales cada vez más exagerados”.