ROSARIO RECURRIRÁ A LA JUSTICIA NACIONAL PARA RECLAMAR 100 MILLONES DE PESOS A LA PROVINCIA

Cada año, la Provincia administra los fondos coparticipables que pertenecen a los municipios y comunas. Desde 1994, dejó de repartir unos 400 millones de pesos y en 2006 hará lo propio por 45 millones. La que más pierde es Rosario, que primero reclamó una deuda histórica de 100 millones (1994–2004) y este miércoles pidió que se computen 15 millones de pesos marginados del presupuesto 2006. El Municipio aseguró que está dispuesta a dar pelea en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la Provincia, ese es un tema cerrado que resurge ahora por “urgencias económicas” de la gestión de Miguel Lifschitz. Los socialistas creen que se trata de una prueba más del manejo autoritario de la caja pública que realiza el PJ, que silencia a los jefes de las localidades de igual signo político a cambio de subsidios.

Y vaticinan: “Cuando Hermes Binner sea gobernador vamos a cobrar lo que nos deben”. Mientras unos y otros largan la campaña 2007 por la gobernación provincial, los fondos de los santafesinos se escurren en las grietas de un sistema de reparto anárquico.

Coparticiqué
El manejo de los fondos que realiza el gobierno provincial fue denunciado por el diputado socialista Alfredo Cecchi, quien detalló que en 1992 se repartía a las localidades santafesinas el 12 por ciento del total de fondos que llegaban de la Nación y que en 2004 se había reducido al 6 por ciento. La sangría: unos 400 millones de pesos que retuvo la administración central en perjuicio de los más de 350 municipios y comunas de Santa Fe.

El régimen de coparticipación implica que las provincias cobran impuestos que luego elevan a la Nación. Ésta acumula y reembolsa esos fondos en razón de la alícuota que le corresponde a cada provincia. Por último, las provincias se quedan con un porcentaje y dividen el resto entre las localidades que la conforman.

El origen de la diferencia que señala el diputado Cecchi surge de un Pacto Federal subscripto entre las provincias y la Nación en 1993, en el gobierno de Carlos Menem. Una de las cláusulas garantizaba a las provincias un monto fijo como piso, y los fondos que superasen esa suma debían aplicarse a programas determinados por la Nación (erogaciones de capital, reformas de Estado, cancelar deudas). “Santa Fe interpretó que todo el excedente era de ella, cuando por ley el 13,44 por ciento es de los municipios. Podría haber distribuido el excedente y exigirle a los municipios que el mismo se utilice para esos tres fines que pedía la Nación, pero no sacarle dinero establecido por ley como hizo”, explica Carlos Fernández, secretario de Hacienda de Rosario.

En 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde dejó sin efecto todos los pisos y techos, y volvió a repartir por porcentajes; pero Santa Fe mantuvo el techo de reparto. “En síntesis, los municipios tuvieron sus cuotas congeladas y Santa Fe se quedaba con todo el excedente del crecimiento”, dice Fernández.

“La Provincia –agrega Cecchi– siempre decide de manera autoritaria y lo puede hacer porque no hay ningún control, y porque los municipios del mismo sector político no se quejan y arreglan de otras formas. El problema de fondo es que las municipalidades y comunas no pueden fiscalizar los fondos que les llegan. Es necesario crear un Ente Fiscalizador para que haya transparencia. Porque cuando nadie controla siempre queda la sospecha de que la plata quede en otra caja, con la particularidad que en este caso a través de los presupuestos pudimos calcular con cuánta plata se queda la Provincia, y es muchísima” (Ver Recuadro).

Rumbo a la Corte
El jueves que pasó, Rosario exigió por vía administrativa 65,5 millones de pesos de deuda correspondientes al periodo 1994-2004. Unos 100 millones a cifras actualizadas, que equivalen a dos años de obra pública, o finalizar la red de cloacas de la ciudad (un tercio del ejido está sin cobertura), o cuatro veces el dinero que se necesita para concluir el Hospital de Emergencias. La ciudad advirtió además que de no obtener respuestas llevará su reclamo a la Justicia. Además, el secretario de Hacienda municipal le adelantó a NE que también presentarán un reclamo por la extracción de fondos correspondientes a los años 2005 y 2006. Pero del resto de las localidades santafesinas, sólo Esperanza –intendencia radical– planteó un reclamo administrativo el año que pasó. ¿Por qué el resto de las localidades no protestan?

“No hay fuerza política para discutir esta extracción que hace la Provincia porque a las comunas y municipios del PJ no los afecta, a ellos lo que le afanan por un lado después lo reciben en subsidios. Rafaela y Santa Fe, por ejemplo, no se quejan. Santa Fe recibió diez millones de pesos para la Costanera, y nueve millones para el puente nuevo; para qué se van a pelear con su mismo signo político. Entonces no se logra una fuerza homogénea que reclame y parece algo partidista”, explica el diputado Cecchi. Carlos Fernández, secretario de Hacienda de Rosario, agrega: “Algunos municipios ni siquiera saben que existe este robo, agarran lo que les dan”.

Si la Provincia, como ya anticipó, no atiende el reclamo, la gestión de Miguel Lifschitz recurrirá a la Justicia. “La Constitución establece el sistema de coparticipación y si la Municipalidad entiende que la Provincia no cumple, deberán presentar un pedido de inconstitucionalidad para luego exigir el cobró de la supuesta deuda. La competencia originaria y exclusiva es de la Corte Suprema de la Nación. Porque un conflicto entre Municipio y Provincia no puede caer en otro tribunal. No es que la Municipalidad deba recurrir sí o sí a la Corte, pero éste sería el Tribunal más imparcial, ya que la Provincia es parte en el conflicto”, señala el abogado constitucionalista Roberto Sukerman.

Antes de iniciar el reclamo, la Municipalidad realizó una seria de consultas para analizar la viabilidad del pedido. Uno de los especialistas que dio su opinión fue el contador tributarista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Carlos Gallo. “En el marco político fiscal, hubiese sido correcto y legítimo que la Provincia le diese mayores ingresos que le correspondía a la Municipalidad, pero legalmente no creo que tengan posibilidades de ganar un juicio”, explica Gallo. “Por otro lado –agrega–, yo fui asesor del ministerio de Hacienda de la Provincia durante los años 1983-1989 y puedo asegurar que desde entonces Santa Fe no ha hecho absolutamente nada en materia de armonización y coordinación de políticas fiscales municipales y provinciales. Y este es un tema crítico porque la Provincia retiene fondos de los municipios y estos empiezan a cobrar impuestos que no les corresponden –como lo está haciendo Villa Constitución cobrando el Drei a empresas que no están establecidos en la localidad–. Y así se genera un estado de anarquía muy peligroso”.

La Caja, ¿cierra?
Según aseguró el ministro Coordinador de la Provincia, Rubén Michlig, el reclamo de la gestión Lifschitz se reduce a “una urgencia económica de la municipalidad”. “Nosotros al tener conocimiento de una extracción de fondos, actuamos en consecuencia para mejorar la calida de vida de los rosarinos. Somos concientes de que éste es un proceso que llevará mucho tiempo. De manera que mal podríamos pensar esto para resolver un problema económico inmediato”, aclara Fernández.

Lo cierto es que a la Munici-palidad cada vez le cuesta más mantener la caja en orden. El presupuesto de este año había fijado erogaciones por 480 millones de pesos, sin embargo, terminará gastando 520 millones de pesos. En su edición del 29 de septiembre, NE describía los problemas económicos de la Municipa-lidad y lanzaba un titular que aún molesta en los pasillos de la Palacio de los Leones: “La Caja no cierra”. El año que viene, Hacienda local deberá cubrir sumas importantes en concepto de vencimientos de créditos internacionales. Frente a este panorama, no se descarta un aumento de la TGI, una posibilidad que Fernán-dez no desmiente. “La tasa hace 11 años que no se modifica y ha quedado rezagada habida cuenta de los costos que tienen que financiarse”, dice.

En rigor, la Municipalidad ya debió ajustar parte de su presupuesto para el año que viene. Los fondos para que los vecinos decidan las obras en sus distritos (el Presupuesto Participativo), contará en 2006 con 25 millones de pesos. El mismo monto que este año resultó insuficiente para cumplir con la voluntad de los rosarinos, y que con la suba de precios generalizada significa una reducción real de fondos. “Son los números posibles. No se puede pensar que si los recursos de los municipios no se actualizan, se puede aumentar el gasto. Debemos encontrar alguna articulación entre recursos de coparticipación que no vienen actualizados por la inflación y que además son retenidos por la Provincia, y las tasas propias como la TGI que está muy atrasada. Si los recursos no los ajustamos a la inflación, tampoco podemos hacerlo con los gastos, porque no hay estructura que resista”, explica el secretaria local de Hacienda.

La Municipalidad lanzó su reclamo y aunque justo, difícilmente pueda prosperar. Los porcentajes y las alícuotas, terminan cediendo a las interpretaciones políticas del gobierno de turno, por más arbitrarias que estás sean. Más allá de sus problemas financieros, el gobierno socialista local sabe que no contará con esos fondos en el corto plazo. Sus dirigentes confiesan por lo bajo que el objetivo es otro: dejar sentado el reclamo para cobrar más adelante y mientras tanto dar la pelea de fondo, ganar la gobernación en 2007.