ROSARIO: SUSPENDEN LAS OBRAS DE UN PUERTO PRIVADO

El juez Civil y Comercial Eduardo Oroño hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un grupo de vecinos del barrio El Combate, de la ciudad de San Lorenzo, quienes en julio pasado presentaron una demanda basada en la ley 10.000 de intereses difusos contra un puerto de barcazas que está construyendo la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Según la orden del magistrado, que ya llegó al gobierno provincial, “deberá suspenderse la autorización administrativa otorgada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia a favor de ACA San Lorenzo” en relación a la obra cuestionada.

El juicio, entablado contra el gobierno santafesino, se inició a mediados de julio en el Juzgado Civil en feria. El juez Luis Ramunno ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente un informe detallado sobre el tema en un plazo de 10 días hábiles y dejó en suspenso la medida cautelar hasta que se recibiera la contestación. Finalmente la causa quedó en manos de su par de la décima nominación, Eduardo Oroño, quien se declaró incompetente por razones de jurisdicción. Esta polémica ahora deberá saldarla la Cámara Civil.

Mientras, a mediados de agosto, el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado contestó el informe circunstanciado. “De los antecedentes que se acompañaron no surge una refutación acabada de los términos de la demanda, por lo cual consideramos que nos asiste razón para obtener una sentencia favorable”, explicó el abogado Jorge López Mirossevich, patrocinante de los vecinos. Fue por eso que el letrado volvió a pedir la medida cautelar el 28 de agosto pasado.

Al día siguiente, y aunque el conflicto de competencia entre los dos juzgados aún no está resuelto, el juez Oroño despachó la medida cautelar con carácter de urgente.

“Deberá suspenderse la autorización administrativa otorgada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia a favor de la Asociación de Cooperativas Argentina Cooperativa Limitada (ACA SL) de la ciudad de San Lorenzo para la construcción de un muelle y/o puerto de barcazas y/o barcos de hasta 200 metros de eslora”, fue la orden del magistrado, cursada por oficio a la Gobernación el 30 de agosto.

Ayer a la tarde en la Secretaría de Medio Ambiente, organismo que a la sazón debe controlar que las obras no sigan llevándose a cabo, no estaban enterados de la novedad judicial. Una fuente contó que la autorización otorgada oportunamente se basó en un estudio de impacto ambiental que hizo el equipo técnico de la repartición. Esa evaluación no encontró objeciones desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente.

En cambio, la demanda –a la que adhirieron casi 950 vecinos– plantea que las tareas que se realizarán en el nuevo puerto serán muy contaminantes “porque el polvillo del cereal contiene restos de fumigantes, que se utilizan para conservar en buenas condiciones los granos”, resumió López Mirossevich. Y el sector está pegado a varias barriadas que conforman la urbanización denominada El Combate.

Más allá de esta diligencia provisoria, el juicio continuará hasta que se arribe a una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo que plantean los vecinos de San Lorenzo.