ROSARIO: TODAVÍA NO HAY PADRES MOROSOS REGISTRADOS

Luego de casi cinco años (la ley fue aprobada en noviembre de 2001 y reglamentada en abril pasado) el organismo está listo para funcionar, pero todavía no tiene un solo nombre en la base de datos.

Desde el 3 de julio es posible –a solicitud de parte, no de oficio– pedir la inscripción de un deudor en el registro. Es decir, aquel progenitor que no ha cumplido con el pago de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. El trámite lleva varios días y queda en manos de abogados. Cada anotación en la base cuesta un peso, la consulta cinco pesos y el llamado “levantamiento” (certificado de baja) diez pesos. Estos formularios son necesarios para ser presentados ante distintos organismos oficiales de modo de acceder a beneficios como planes de vivienda, ocupar cargos públicos o realizar trámites (se destaca en ese sentido la obtención del carné de conducir).

Lo que todavía se ignora en Tribunales es si esos organismos pedirán el certificado indiscriminadamente o sólo a aquellos que bajo declaración jurada afirmen ser padres, según reveló Nora Sellez. La funcionara es la directora del Registro de Procesos Universales, donde funciona el de Morosos Alimentarios, que creara la ley 11.945 a propuesta de la ex diputada provincial y actual legisladora nacional Alicia Tate. “Ni en Santa Fe ni en Rosario hubo inscripciones desde el 3 de julio, cuando quedó habilitada la posibilidad de incluir a alguien en el Registro”, contó Sellez, advirtiendo que en el medio transcurrieron las dos semanas de feria judicial de invierno.

De todos maneras, durante el último mes varios abogados se llevaron formularios para acelerar los pedidos en los juzgados de Familia. Es que todas las inscripciones se harán por orden de un magistrado cuando no se haya respetado una sentencia firme sobre alimentos. Si bien todavía no hay anotados en el registro, los jueces del fuero confirmaron que el nivel de incumplimiento es importante sobre todo en el caso de padres que no trabajan en relación de dependencia.

“Hasta ahora hubo un solo pedido de una mujer respecto de su ex pareja, estamos esperando que el hombre conteste el traslado (que ejerza su defensa)”, contó la jueza Ana María Carreras, del tribunal colegiado de Familia Nº 4. La funcionaria cree que el registro será útil para favorecer el pago de la cuota alimentaria ya que actualmente “el nivel de incumplimiento es serio, hay reticencias”.

“El problema no es con el padre que trabaja en relación de dependencia, ya que su patrón le retiene un porcentaje del salario y lo deposita en una cuenta judicial, sino con el empleado informal o con el que yo llamo «gris». Es decir, el semiblanqueado, quien cobra una parte en negro”, continuó Carreras. Entre los que no tienen recibo de sueldo, los mayores conflictos los concentran los comerciantes y los empresarios, “no así quienes viven de changas y tienen escasos recursos”, señaló la jueza.

“Ya cuando la ley empezó a regir, aunque el registro no existía, los profesionales pedían la inscripción”, consignó su colega Graciela Carciente, del tribunal colegiado Nº 3, revelando el interés de muchos abogados de utilizar el organismo como elemento de presión para los progenitores incumplidores. “Cuando los alimentantes trabajan en relación de dependencia la garantía de pago es casi absoluta, de lo contrario no hay forma de retener el porcentaje”, agregó. Se refería al criterio que han adoptado en los últimos años los jueces de Familia de Rosario para fijar la cuota mensual: entre un 20 y un 25 por ciento de los haberes para un hijo, el 30 por ciento para dos, el 35 por ciento para tres y más del 40 para cuatro o más hijos.