ROSÚA DIALOGÓ CON LOS DIPUTADOS SOBRE EL “MICROTRÁFICO”

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, se refirió al encuentro que mantuvo ayer con los presidentes de los distintos bloques legislativos con quienes abordó uno de los temas que ocupan la agenda del gobierno: el narcotráfico en la provincia y las sucesivas denuncias públicas sobre la venta de drogas.

En diálogo con LT10, Rosúa dijo que fue “una buena reunión” y destacó la importancia de la participación de distintos funcionarios políticos y policiales. El ministro sostuvo que uno de los temas que se abordó en el encuentro es el de la competencia: “En estos temas espinosos, quien tiene la competencia para tratarlos es la Justicia federal, pero hay pocos juzgados y pocas fuerzas federales”.

Por ello, la Policía de la provincia actúa como “fuerza supletoria” de la Justicia federal, según admitió Rosúa. En ese sentido, el ministro dijo que informó a los legisladores sobre las características de estos trabajos en conjunto y, particularmente, sobre en qué casos puede intervenir y en cuáles no.

“Quedó bien en claro que el ámbito de actuación de la Policía (provincial) es ser la fuerza de seguridad supletoria y que actúa bajo la conducción de los juzgados federales”, explicó Rosúa. “Y les trasmití (a los diputados y senadores que participaron de la reunión) la inquietud que tenemos en el ministerio desde hace un tiempo, incluso desde antes que se dictara la ley 26.052. Esa ley crea la posibilidad de que las provincias adhieran y, en consecuencia, puedan perseguir y juzgar ciertas manifestaciones relacionadas con las drogas. Concretamente, el micro tráfico”, agregó.

Además, el ministro de Gobierno calificó como “seria” la preocupación que planteara en su momento el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Rafael Gutiérrez, sobre la dificultad que puede llegar a tener la justicia santafesina para llevar adelante esas tareas. “Tiene motivos para estar preocupado”, dijo “porque si la provincia adhiere a esta ley deberá crear los instrumentos necesarios como para que la Justicia no se atosigue con la gran cantidad de causas”.

Como ejemplo, el ministro citó el caso de Buenos Aires, donde a partir de la adhesión a la ley 26.052 se triplicaron las causas judiciales derivadas del micro tráfico de drogas y estupefacientes.

LAS DENUNCIAS DE COSIDOY

En otro tramo de la entrevista, el ministro se refirió al escándalo político que se desató luego de que la jueza rosarina Laura Cosidoy denunciara públicamente que la Policía conoce los lugares en donde se comercializa la droga en la ciudad del sur provincial.

En ese sentido, Rosúa dijo que desde el juzgado de Cosidoy remitieron entre 2004 y 2005 cinco causas al Ministerio de Gobierno –luego derivadas a la Policía provincial– en las que se mencionan los nombres de algunos agentes de la Policía, que estarían involucrados en el tráfico de drogas. El ministro confirmó que esos casos “están judicializados” y que a los policías se les hizo el correspondiente sumario interno. Por ahora, esas causas están en pleno trámite y no se sabe aún cuándo se resolverán.

LA REUNIÓN DE AYER

La convocatoria fue realizada por el Ministro Rosúa, motivada por las declaraciones de la Jueza Federal Laura Inés Cosidoy, y contó también con la participación de representantes de la Policía de la Provincia, encabezados por la Jefa del cuerpo, Leyla Perazzo.

El ministro de Gobierno inició la reunión y expuso los diferentes lugares desde donde se da lucha para hacer cumplir la Ley de Estupefacientes Nº 23.737.

Luego tomaron la palabra los representantes de la fuerza policial para explicar con más detalle la forma en la que se trabaja en la Provincia y cómo se interactúa con otros ámbitos nacionales y el fluido contacto que mantienen para que esta lucha sea más efectiva.

Entre otros aspectos, se explicó y debatió sobre el Artículo 33 de la Ley 23.737 (”el juez de la causa podrá autorizar a la autoridad de prevención que postergue la detención de personas o el secuestro de estupefacientes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación”) y las limitaciones que le impone a la actividad policial que, desde el primer momento, queda supeditada al Juez Federal de turno.

También se repasaron algunas de las problemáticas de procedimientos nacionales que imponen, entre otros elementos, la necesidad de obtener dos testigos civiles de paso para poder realizar el mismo.

UNA REUNIÓN POSITIVA

Al término de la reunión, el Ministro Rosúa hizo un balance de lo que fue el encuentro: “a nuestro juicio fue una reunión altamente positiva. Tuvimos la posibilidad de informar las circunstancias y detalles que, en general, no son conocidos por los legisladores, tales como, en primer lugar, cuál es el marco legal que regula la situación de la represión del tráfico de drogas y estupefacientes, cuál es el marco de procedimiento de tipo Federal, cuál es el papel que juega la fuerza policial como acción supletoria de las fuerzas Federales. Se explicó en detalle el modo de actuación, con las dificultades que se presentan por la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación en concordancia con la Ley de Estupefacientes”.

“Esto quiere decir –continuó Rosúa- que hemos hecho una reunión que en el campo informativo fue positiva. Luego hubo inquietud de los legisladores acerca de algunos elementos o circunstancias que podrían determinar la existencia de actos de corrupción en la policía, fundamentalmente vinculados a la represión del narcotráfico o del tráfico de estupefacientes”.

COMBATIR LA CORRUPCIÓN POLICIAL

Con respecto a la inquietud de algunos legisladores con respecto a elementos que podrían determinar la existencia de actos de corrupción en la policía vinculados con el narcotráfico, Rosúa resaltó que “en primer lugar hemos señalado que es una política indeclinable del Gobierno de la Provincia el combate a todas y cualquier forma de corrupción policial”.

Asimismo, el Ministro de Gobierno sostuvo que “más allá de cualquier circunstancia, cualquier denuncia que se formule, más allá de la formalidad, para nosotros es un elemento a tener en cuenta, de manera que consideramos como hecho positivo que haya denuncias”.

DENUNCIAS

Luego, Rosúa señaló también la actuación de la autoridad provincial en los casos de denuncias contra personal policial, fundamentalmente, en el Tribunal Oral Nº 1 que funciona en la ciudad de Rosario.

Junto a los legisladores se repasó detalladamente los cinco casos que están en trámite, donde hubo uno o dos personas involucradas en diversos delitos como violación de deberes de funcionario, extorsión, o falso testimonio.

Al respecto, el Ministro continuó agregó que “nosotros estamos tramitando todos los casos de irregularidad policial y los estamos llevando adelante en función de oficios librados por el Tribunal Colegiado Oral Nº 1 de la ciudad de Rosario”. Estas fueron denuncias hechas seriamente, ya que “en todos los casos fueron tramitadas, investigadas, judicializadas y el personal policial sumariado. Son cinco casos desde el 2004 hasta ahora, y hay algunos casos originados, no en el Tribunal Oral, sino en investigaciones propias de la Dirección de Asuntos Internos”.

También agregó que la decisión de luchar contra toda forma de corrupción se mantiene “incólumne, inmodificable”, agregando el compromiso que “en los casos concretos en los que existe la denuncia, investigarlas, ponerlas a disposición de la Justicia y adoptar los procedimientos que legalmente corresponden”.

UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTADA

Frente al narcotráfico y el tráfico de estupefacientes, Rosúa destacó que hay dos tipos de acciones posibles: “la represiva y la preventiva. En la acción represiva, dado nuestro ordenamiento legal, que hemos explicado detalladamente a los legisladores, la Policía de la Provincia tiene una actividad supletoria y depende toda su tarea de la conducción, la orientación, los límites y el impulso que da la Justicia Federal en el marco de la Ley orgánica provincial, en el marco de la Ley de Estupefacientes que autoriza determinados procedimientos, y en el marco del Código Procesal Nacional. De manera que en lo represivo, la responsabilidad básica conceptual y de competencia material es fundamentalmente de la Justicia Federal”, dijo.

UNA BATALLA EN ETAPA CRÍTICA

En cuanto a la batalla contra el narcotráfico “no se si la sociedad la está perdiendo, pero sí está en una etapa crítica, sin ninguna duda. Y en esta materia es absolutamente indispensable incrementar las acciones. Pero al problema hay que juzgarlo en este marco, es decir, el límite o las limitaciones que tiene la actividad provincial”, aseveró Rosúa.

ACCIONES EN CONJUNTO

También, el Ministro de Gobierno dijo que “es indispensable entender que la lucha contra el narcotráfico no se resuelve solamente con la actividad represiva. Este tema requiere tratamiento a nivel social, cultural, educativo y sanitario, es decir, un conjunto de acciones de carácter interdisciplinario en la que deben participar no solo efectores del Estado, sino también de la sociedad”.

“Entonces – aseguró Rosúa – esta batalla se va a ganar si, además de lo represivo, estamos en condiciones de desarrollar fuertes acciones preventivas, con intervenciones de tipo social y cultural”.