ROSÚA PROMETIÓ ABRIR LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN DE DICIEMBRE

“Rosario fue un sitio emblemático en lo que respecta a la represión ejercida en diciembre de 2001, tanto por el número de muertos que hubo como por la violencia desplegada”, afirmó el presidente de la comisión de derechos Humanos de la Cámara baja de la Nación, Hugo Perié. Los cinco legisladores que integran la comisión nacional llegaron ayer a la ciudad para entrevistarse con el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, quien se comprometió a permitir que se revise la documentación donde están asentadas las órdenes políticas impartidas en esos días y a separar de las fuerzas policiales a todos aquellos agentes que se encuentren procesados por las muertes ocurridas el 19 y 20 diciembre de 2001 en Rosario y Santa Fe.

“Si la Justicia determina que un miembro de la policía es responsable de alguna de las muertes ocurridas durante los hechos trágicos de diciembre de 2001, automáticamente será separado de la fuerza con el procedimiento judicial que corresponda”, afirmó el ministro.

Perié y los legisladores nacionales Alicia Tate, Eduardo Di Pollina, Patricia Walsh y Lucrecia Monteagudo, todos integrantes de la comisión legislativa de derechos humanos nacional, se reunieron además con los jueces provinciales que tienen a su cargo la investigación por los muertos de diciembre del 2001, Juan José Alarcón y Osvaldo Barbero.

Por la tarde, además, escucharon los testimonios de varios testigos de los diferentes asesinatos, bajo identidad reservada de los testimoniantes, ya que muchos de éstos aún no se han presentado ante la Justicia por temor a represalias policiales y solicitaron “reserva de identidad”.

Los datos que recabaron los legisladores de boca de los testigos no podrán ser adjuntados a las causas a menos que ellos mismos decidan presentarse espontáneamente ante la Justicia provincial, pero la intención de la comisión de Derechos Humanos es lograr “la construcción de un marco de garantías que genere la confianza necesaria para que estos testimonios lleguen a la Justicia”, explicaron los legisladores.

La diputada provincial Alicia Gutiérrez, miembro de la organización no gubernamental que tiene a su cargo el seguimiento de la investigación judicial por los muertos de diciembre, se manifestó “preocupada” por la posibilidad de que la voluntad de esclarecimiento manifestada por los jueces sea sólo de índole “declamativa” y que no se traduzca en “acciones reales”.

“Los jueces hablan de que se está trabajando y dicen que existe voluntad para esclarecer los asesinatos, pero el tiempo pasa y no vemos que las causas avancen”, advirtió Gutiérrez.

De todas las entrevistas mantenidas, la que los legisladores consideraron “más fructífera” fue la que mantuvieron con el ministro Rosúa y en la cual éste se comprometió a “poner a disposición de la comisión todos aquellos documentos existentes en donde se asentaron las órdenes impartidas durante esos días trágicos”.

“Una vez que me presenten una solicitud concreta de la información, la van a tener a su disposición”, afirmó Rosúa.

De la reunión, que se realizó en la sede local de la Gobernación, participó, además de Rosúa, el secretario de Derechos Humanos provincial, Domingo Pochettino.

En tanto, el diputado del PJ Perié manifestó durante el encuentro que “la denegación de justicia en la que se ha incurrido en Santa Fe respecto de los muertos de diciembre instaura un estado de violación de los derechos y garantías asegurados por la Constitucional nacional y la legislación vigente”.

Finalmente, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, una vez que se haya interiorizado del estado de la investigación, se expedirá sobre “la actuación del Poder Judicial y de los funcionarios políticos” durante las jornadas trágicas de diciembre de 2001.

Otra recusación a camaristas federales

Un nuevo pedido de recusación de los magistrados que integran la Cámara Federal de Rosario, que entiende en los juicios a los ex represores de la dictadura, se sumó ayer a la que ya había presentado el abogado Gustavo Feldman en la causa de San Lorenzo. Esta vez fueron Eduardo Toniolli y Alicia Gutiérrez quienes solicitaron como querellantes en la causa Quinta de Funes que los camaristas Hugo del Pozo, Mario Belfer, Carlos Carrillo y Edgardo Bello sean recusados de continuar al frente de las resoluciones vinculadas a esa causa judicial.

El motivo en uno y otro caso es que éstos mismos camaristas en su momento avalaron la sanción de la leyes de la impunidad y, en el caso de Carlos Carrillo, actuó como juez de instrucción de las causas por la Verdad Histórica que giró en torno de los mismos delitos.