ROSÚA Y OBEID SE REUNIRÁN PARA DISCUTIR SOBRE EL TRÁFICO DE DROGAS

La Jueza Federal Laura Inés Cosidoy denunció ayer que en dos bares del macrocentro de la ciudad de Rosario se comercializa droga con la complicidad de funcionarios policiales.

Según informa en su edición de hoy el diario “La Capital”, como afirmara en anteriores oportunidades, la magistrada volvió a responsabilizar al gobierno provincial por lo que ella considera la “ausencia de decisión política” para combatir el tráfico de estupefacientes y repitió una vez más una anomalía que vislumbra casi a diario en el tribunal que integra: la cantidad de procedimientos de la policía provincial no se condice con la magnitud de droga que circula en la ciudad y los comercios cuentan con la “protección de funcionarios policiales”.

Consultada sobre el particular por el programa “El Ombligo del Día” (LT10) la Jueza remarcó que sus dichos no pretendían hacer hincapié en dos bares puntuales “sino que mencioné dos de los cientos que hay, porque están cada vez mas generalizados los minimercados que venden antes de que los chicos vayan a bailar”.

“Mencioné dos como puedo, si me acuerdo de los nombres, hablar de tantos otros porque aparte de tener hijos adolescentes y amigos de mis hijos, en todo el ámbito local hay unos cuantos nombres más. Tendría que hacer una lista pero mencioné esos dos en el marco de la conversación”, destacó.

En el mismo sentido, evaluó la decisión de la Dirección de Drogas Peligrosas de ordenar allanamientos en los establecimientos como “una noticia para reír o para llorar”, ya que “estaban esperando a que dé los nombres para pedir órdenes de allanamientos, porque después de lo que yo mencioné la van a encontrar a Heidi tomando el té con la tía”, ironizó la representante de la justicia federal.

Sobre la responsabilidad que les cabe a los propietarios de los centros nocturnos, Cosidoy afirmó que “a los dueños de esos lugares se los conoce con alias y con nombre y apellido pero compran protección y nunca fueron detenidos por alguna causa a pesar de que hay investigaciones y los procesados son otras personas que estaban con ellos”.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Jorge Alberto Obeid, confirmó esta mañana que convocó al Ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, para discutir con él esta problemática.

En ese sentido, el Jefe de la Casa Gris se refirió a la comercialización de estupefacientes como “un trema muy difícil”. Asimismo reafirmó su “gran respeto por la Doctora (Laura Inés) Cosidoy” y recordó que ha “conversado en distintas oportunidades con ella, preocupado por el mismo tema”.

En tanto, y sobre la posibilidad de encarar acciones oficiales para atacar el flagelo de la drogadicción en el territorio provincial, recordó que “tenemos algunas limitaciones en el tema porque pertenece a jurisdicción federal por lo cual la policía es auxiliar en esto tanto de la justicia como de la policía federal”.

CONTESTÓ ROSÚA

La reacción de Roberto Rosúa no se hizo esperar, el Ministro de Gobierno dijo que “en lugar de dirigirse a sus colegas o a los fiscales federales para promover las acciones que corresponden, la Jueza Cosidoy lo hace a través de los medios de comunicación”.

También se encargó de asegurar que “carece de coherencia en la determinación de la renuncia que formula la Dra. Cosidoy. Omite sus propias responsabilidades”.

En cuanto a la complicidad de la policía provincial que hizo referencia la Jueza, el Ministro de Gobierno dijo: “Nosotros tenemos una Dirección que se llama Asuntos Internos, donde se investiga cualquier regularidad que exista en la policía. De manera que si hay un hecho concreto de una denuncia, de una sospecha, empiezan las investigaciones a través de esta Dirección que depende del Ministerio de Gobierno y la otra que está en manos de la policía”.

En cuanto a la política de seguridad con respecto a las drogas, Rosúa manifestó que “es responsabilidad fundamental de la Justicia Federal y del Organismo Federal. La Dra. Cosidoy tiene en sus manos la posibilidad de utilizar las fuerzas federales que están en la provincia, como la Gendarmería, Prefectura o Policía Federal y hacer todos los allanamientos y acciones que crea conveniente. En lo que no puede convertirse es en una denunciante que no asume sus propias responsabilidades”.