SALUD MENTAL EN CÁRCELES: LA LIBERTAD DE PENSAR Y EXPRESAR
Lee el párrafo final del testimonio de un detenido de Coronda en la primera página de la revista Ciudad Interna y dice que le interesa que se entienda bien lo que el trabajo de la Dirección de Salud Mental provincial (DSM) plantea en torno a la intervención con personas detenidas. Después agrega que, en realidad, lo que teme es que sus palabras se lean con cierto matiz romántico. Pero no, porque desde que en las unidades penitenciarias de Santa Fe y Rosario comenzaron a trabajar los equipos de Salud Mental que coordina Patricia Llamedo, hasta los números hablan de cosas muy concretas: 1.050 consultas entre julio y noviembre de 2005 en Coronda, donde la población es de unas 1.400 personas, y 642 en Las Flores, en la capital de la provincia, donde hay unos 700 detenidos.
El que habla es Gustavo Castaño, director de Salud Mental. Sabe a lo que se refiere porque, salvando las distancias, lo avala su experiencia al frente de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros (60 kilómetros al norte de Rosario), donde la apertura del Área Cultural, el trabajo interdisciplinario entre talleristas, trabajadores sociales, abogados, entre otros profesionales, multiplicó las posibilidades de externación y de lazos con la comunidad. El convenio que la DSM amplió a fines de diciembre del año pasado con los ministerios de Gobierno y de Salud, y la secretaría de Estado de Derechos Humanos, permitirá ahora no sólo que los psicólogos trabajen con los presos sin tener que rendir cuentas al Servicio Penitenciario sino que esa misma dirección tendrá a su cargo médicos generalistas para realizar una labor “que tiene que ver con un concepto de salud integral que termine con la dicotomía cuerpo-mente, donde es insoslayable lo subjetivo en el proceso salud-enfermedad, máxime en el caso de personas privadas de la libertad”, dice Castaño.
La experiencia de la DSM en las cárceles es única en el país y en Latinoamérica, pero para comprender su alcance es necesario conocer un par de detalles acerca de cómo funciona el Servicio Penitenciario (SP), que depende del Ministerio de Gobierno. De hecho, las unidades penales cuentan con equipos de psicólogos que se desempeñan dentro de lo que antes se llamaba Grupo de Clasificación y Tratamiento y ahora es el Equipo Técnico Criminológico. Los profesionales de esa área evalúan de modo permanente a los detenidos condenados (no a los procesados que aún no tienen sentencia, que hoy son mayoría) según la lógica de la institución, que es el seguimiento de la pena. De manera que sus análisis de la conducta de los internos reporta a la dirección penal, que la traduce en premios y castigos.
A partir del convenio entre los ministerios de Salud y de Gobierno a fines de 2003, los equipos de la DSM –que comenzaron a funcionar a pleno recién fines a mediados de 2005 y ponen en ejercicio la ley de Salud Mental provincial– no deben rendir cuenta al SP porque están destinados a la producción de salud, a crear espacios donde los internos puedan hablar de sí mismos en un lugar en el que se respeta su privacidad y está protegido por el secreto profesional de la clínica.
Los treinta psicólogos que en esta primera etapa trabajan en Coronda, Las Flores, las unidades de mujeres de Santa Fe y Rosario y la Redonda (U-3) de Zeballos y Riccheri, en Rosario, se ocuparon de que entre la población carcelaria quedara bien en claro que no se emitirían informes a las autoridades del penal. La difusión se hizo a través de gacetillas, de delegados de los distintos pabellones, de diversas ONG y, en la Unidad 1, a través de la radio FM que funciona en el interior. Lo que también funcionó es el boca a boca y, según señala Patricia Llamedo, a cargo de los equipos profesionales, pese a que la atención clínica no incide para nada en la reducción de la pena, la demanda va en franco crecimiento y el tratamiento contempla de forma particular a los internos de los pabellones de peor conducta (según la clasificación del SP) que suelen ser quienes más alejados están de la escuela que funciona en el interior, de los talleres y los espacios recreativos.
LA POSIBILIDAD DE PENSAR JUNTO A OTRO
“Lo único que le pido a la sociedad es que tenga fe en mí, que estoy listo para volver a ella y no delinquir nunca más”, lee Castaño en la página de Ciudad Interna. Es el último párrafo de un texto de Luis, un detenido de Coronda que cuenta, entre otras, cómo vivió la espantosa masacre en el penal el 11 de abril de 2004, cuando una banda armada de lanzas y cuchillos asesinó a catorce presos. Lo que el director de Salud Mental señala es que el hombre no le pide a la sociedad trabajo ni algo material, sino un gesto simbólico: que tenga “fe” en él.
Llamedo, por su parte, recuerda que cuando preparaban la revista –surgida de un taller de informática y ajena en su gestación a los equipos de la DSM, como informó una nota de este mismo diario hace un mes–, varios de los detenidos que la hacían le dijeron a las psicólogas y psicólogos de los equipos de la DSM que era “fundamental” que estuvieran. ¿Por qué era fundamental?, se pregunta el funcionario y mastica la respuesta: “Porque se le ofrece al interno una instancia para que pueda pensar, porque ese otro es indispensable para dar testimonio de que hay alguien que piensa y puede cambiar. Hay otro que espera algo de esa persona”. Y Llameda completa: “Es una instancia de un tercero que no reproduce la lógica de la cárcel”.
Pero el convenio, que se amplió a fines de diciembre pasado y estableció, según el planteo original del proyecto, la formación de equipos interdisciplinarios –médicos generalistas, talleristas, abogados, entre otros profesionales– dirigidos por la DSM para trabajar tanto con pacientes privados de su libertad (personas imputadas, condenadas o procesadas por delitos), como con aquellas bajo medidas de seguridad (inimputables por dictamen médico-jurídico), no sólo se reduce al interior. “También contempla el afuera –dice Llameda–, el momento de la excarcelación, al que muchos detenidos le temen. Se trata entonces de generar espacios donde elaborar este tránsito”.
UN DECRETO DE OBEID, SE EXPANDE PARA BUSCAR NUEVOS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN
La creación de los departamentos de Salud Mental en los penales santafesinos se instrumentó a través de un decreto del gobernador Jorge Obeid, que avaló en principio la contratación de 27 psicólogos: dos para la coordinación y supervisión general, once destinados a la Unidad Penal 1 de Coronda, siete para la 2 de Las Flores, en Santa Fe, cuatro para la 3 de Rosario; dos para la 4 de mujeres en Santa Fe, y uno para la 5 de mujeres en Rosario. Para este año se proyecta la incorporación de más profesionales para cumplir funciones en distintos dispositivos, no necesariamente clínicos, como talleres o áreas de trabajo social, entre otros.
Por otra parte, desde la DSM se diseñó un curso de capacitación para operadores profesionales psicólogos que trabajan en las cárceles a fin de sociabilizar herramientas teóricas y prácticas que permitan una rápida inserción en el terreno penitenciario.
Según las estadísticas que elaboró la DSM, entre julio y noviembre de 2005 el número de consultas y pacientes promedio, en la Unidad 1 de Coronda fue de 1.050, lo que implica unas 21 consultas mensuales atendidas. En Las Flores, el promedio mensual de consultas atendidas es de 128 para una población carcelaria que es casi la mitad que la de Coronda. En la U3, de Rosario, hay unos 80 pacientes en tratamientos y una cantidad de consultas que triplican esa cifra.
“En la producción de salud –señala Castaño– un insumo básico es cierto grado de libertad. Esto tiene que ver con la necesidad lógica entre los pacientes de los penales: acceder a ese espacio de libertad, libertad del pensamiento, porque ahí no hay otra. Eso requiere de otro que escuche, de alguien que suponga que el interno es alguien que necesita expresar sus angustias, sus ideas, alguien que piense que esa persona no sólo es un preso sino alguien que puede reflexionar, manifestar su pensamiento y, a través de la palabra, verse de otro modo, poder replantearse su historia personal y bosquejar un futuro diferente”.
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