SAN LUIS: SE NEGÓ A DECLARAR UN MILITAR ACUSADO DEL SECUESTRO DE UN EMPRESARIO

Un militar en actividad que está detenido como sospechoso del secuestro extorsivo de un empresario de San Luis cometido el pasado 11 de junio, se negó a declarar ante la Justicia Federal en esa provincia y continúa preso e incomunicado en la comisaría 2ª. Así lo informó hoy a la agencia Télam el abogado defensor de Pedro Lorenzo Nievas, suboficial del Ejército Argentino, acusado del secuestro extorsivo de Alejandro Fusco, de 34 años.

El juez Federal subrogante, Luis Alfredo Pardo, tiene ahora cinco días para resolver la situación procesal del militar. El defensor, Guillermo Levigston, pidió el cambio de carátula a “secuestro extorsivo en grado de tentativa”. Y de aceptarse la solicitud, al acusado podría caberle la excarcelación. La situación del militar se complicó porque la Renault Trafic blanca hallada en su domicilio, y que habría sido utilizado en el secuestro de Fusco, fue robada en octubre de 2005 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, según se informó.

Pedro Lorenzo Nievas tiene 45 años, desde hace cinco años está radicado en San Luis prestando servicios en el GA 7 (Grupo de Artillería 7), además de trabajar como custodio en un boliche bailable llamado Flay, a 13 kilómetros de San Luis. La Trafic tiene las características del vehículo descrito por el empresario que fue capturado, y en la que habría sido trasladado y permanecido en cautiverio hasta que logró fugarse.

En su casa del barrio Puertas del Sol, a Nievas también le secuestraron una pistola 9 milímetros -que no es su arma reglamentaria del Ejército-, una escopeta recortada y un revólver, como así también documentación y elementos que estarían vinculados con el hecho. Los investigadores intentan ahora dar con un ex empleado de Fusco, que también está sospechado de haber partícipado en el secuestro y que era amigo del militar detenido.

El secuestro de Alejandro Fusco ocurrió el 11 de junio y se extendió durante unas 12 horas. La víctima logró escapar antes de que su familia pagara los 500 mil pesos exigidos como rescate. En la investigación interviene personal de la delegación local de la Policía Federal y de la Brigada Antisecuestros (que vino especialmente de Buenos Aires), así como una unidad especial de la Procuración General de la Nación.