SANTA FE TENDRÁ UNA LEY QUE CAMBIA LA FORMA DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS

La Cámara de Diputados de la provincia aprobará el próximo miércoles la ley de administración, eficiencia y control del Estado, que reemplazará a la actual ley de contabilidad, una norma que transitó durante una década por los distintos escritorios legislativos y ahora bendecida por los diferentes bloques políticos por considerarla una herramienta de transformación del sector público.

Con media sanción del Senado, el proyecto modifica a la ley que actualmente regula la administración de los recursos provinciales y entre sus principales aspectos prevé la creación de una sindicatura general de la provincia, como órgano de control interno, que si bien está definido como un ente autárquico, está subordinado al Poder Ejecutivo.

Esta sindicatura, cuyos titulares serán nombrados directamente por el Ejecutivo, ejercerá el control interno, mientras que los externos estarán a cargo del Tribunal de Cuentas de la provincia, una dependencia que a su vez pasará a depender del Poder Legislativo y será supervisado por una comisión parlamentaria integrada por tres diputados y tres senadores.

Este cambio en el rango de actividades del Tribunal de Cuentas desató el descontento del personal que trabaja en esa dependencia, quienes en diciembre del año pasado hicieron un paro en protesta por esta situación. En esa oportunidad argumentaron que de aprobarse la nueva ley de administración, el Tribunal de Cuentas pasaría a depender de la Legislatura, precisamente a la que deben controlar.

El creador de esta norma es el senador Juan Carlos Mercier, quien la pergeñó en el último tramo de su gestión al frente de Hacienda provincial a fines de 1995, durante el gobierno de Carlos Reutemann, pero la presentó en la Legislatura al año siguiente, cuando ingresó como diputado.

A PEDIDO DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS

Previamente el proyecto había llegado a las manos del Banco Mundial cuando la provincia gestionaba una línea de crédito y sus autoridades la consideraron como una de las metas que debería alcanzar Santa Fe para acceder al préstamo de la entidad crediticia.

Sin embargo, no le fue sencillo al actual senador capitalino lograr que finalmente su proyecto se convirtiera en ley si se tiene cuenta que debió ingresarlo a la Legislatura en cinco oportunidades por las tantas veces que perdió estado parlamentario, hasta llegar hoy a esta sanción que es casi un hecho y en donde aún cuando se manifiestan algunas diferencias menores, la misma será votada por la totalidad del arco político parlamentario.

La nueva norma que reemplazará a la ya vetusta ley de contabilidad de la provincia sancionada en los primeros tramos de la década del 40, tiene su fundamento, según explica Mercier “en la necesidad de lograr un nuevo modelo de gestión administrativa, donde queden claramente asignados los roles y responsabilidades de los niveles políticos, de las unidades rectoras del sistema, de los responsables de programas y de las unidades a cargo de la gestión administrativa institucional”.

En los hechos, el proyecto busca desburocratizar los trámites administrativos del Estado a través de la utilización de la tecnología, es decir informatizando las tramitaciones y eliminando los papeles. “Esto es imprescindible para lograr eficiencia en la toma de decisiones”, dijo el legislador santafesino.

Por otra parte, permite integrar a todos los subsistemas que conforman la administración del Estado con los de control interno y externo.

Entre los principios básicos la ley prevé la centralización normativa de cada uno de los subsistemas que componen el sistema, pero por otro lado, la descentralización operativa a través de unidades en cada jurisdicción. Esto permitirá una organización “sistémica” y se evitarán de ese modo los dobles registros, logrando un acceso ilimitado a la información.

AMBITOS DE APLICACIÓN

Al mismo tiempo, la ley define en forma precisa como ámbito de aplicación al sector público provincial no financiero, es decir Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las empresas, sociedades y otros entes públicos.

La nueva norma busca descentralizar de alguna forma las distintas actividades que hoy se encuentran concentradas en el Ministerio de Hacienda u otras dependencias y otorgarles cierta independencia en función de su tarea. Así, hacer más eficientes las gestiones y obtener resultados más rápidos. Por caso, aunque el organismo coordinador será Hacienda, las unidades rectoras serán responsables de los subsistemas y comprenden tres grandes rubros: administración -que comprende, presupuesto, tesorería y gestión financiera, crédito público, contabilidad e ingresos públicos-; administración de bienes y servicios -que comprende la administración de bienes y servicios, recursos humanos y función pública e inversión pública-; y finalmente el subsistema de administración de recursos informáticos.

CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO

De ese modo, por ejemplo el subsistema de presupuesto comprende la formulación del mismo con proyecciones plurianuales, en unidades monetarias, su publicación y su ejecución en forma trimestral en Internet, la programación financiera de la ejecución con fijación de cuotas de compromiso en función de la evaluación de la recaudación obtenida y finalmente la evaluación periódica y anual de la ejecución, con informe sobre los resultados financieros y físicos.

En el caso puntual del destinado a crédito público será responsable de establecer procedimientos y regular las acciones y operaciones autorizadas para la obtención y cancelación del financiamiento externo e interno.

Mientras que el destinado a recursos humanos tendrá a su cargo la administración de los recursos en los que más invierte el Estado y se le asignará la responsabilidad de fijar los aspectos organizativos, jurídicos y financieros de acuerdo a los distintos regímenes escalafonarios, por lo que dejará de ser un organismo dedicado a la mera liquidación de sueldos.

Finalmente, se creará una unidad rectora que centralizará las normas y procedimientos para formular un plan provincial de inversión pública. Dentro de este esquema, se crea el banco de proyectos de inversión para sistematizar todas las iniciativas de cada jurisdicción o entidad del sector público, seleccionado como viable y susceptible de ser financiado con recursos del presupuesto provincial, luego de una evaluación técnica, económica, social y ambiental.