SANTA FE Y ROSARIO DEBERÁN CONTROLAR LA PROSTITUCIÓN CALLEJERA Y EL TRAVESTISMO

El Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe propone que los municipios más grandes de la provincia, controlen y regulen la prostitución callejera y el travestismo.

El Ministro Roberto Rosúa quiere que se deroguen los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas provincial, que reprimen la “ofensa al pudor”, la “prostitución escandalosa” y el travestismo, y propone que sean los municipios los que normalicen y controlen estas conductas consideradas hasta ahora contravencionales.

En diálogo con la prensa, el Ministro Rosúa fundamentó la idea: “A partir del asesinato de Sandra Cabrera, se empezó a estudiar la posibilidad de derogar las normas del código de faltas que rigen en la actualidad y que incriminar este tipo de actividad. Nosotros creímos que una de las variables posibles es que se saquen estas normas y se las incluya como facultades de los municipios, esto es porque en cada municipio hay diferentes visiones, sobre todo la inmediatez para legislar sobre estos temas”.

El proyecto, elaborado por el Subsecretario de Justicia, Walter Gálvez, aun no fue presentado ante el gobernador. Si Jorge Obeid le da el visto bueno, el proyecto se girará hacia la Legislatura Provincial, para su debate.

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, dijo que la ciudad de “Santa Fe tiene inspecciones, tiene un organismo encargado de efectuar la aplicación del ejercicio de Policía Municipal. De manera que tiene la facultad. No habría problemas para regular estas actividades”.

Rosua explicó que, en una primera instancia, se planteará si la regulación de la prostitución y el travestismo serán jurisdicción Municipal o Provincial. “Quien tenga la jurisdicción, establecerá las normas”, aseguró el Ministro.

“Si los municipios bregan por una gran autonomía plena, también deben asumir responsabilidades de carácter social hacia la población, como estas”, ejemplificó Rosua ante la consulta sobre si las administraciones municipales iban a contar con los fondos necesarios para afrontar los controles.

“Luego, el Concejo, el Municipio y las fuerzas vivas de cada ciudad, analizarán cómo legislar y regular esas actividades”, agregó el funcionario provincial.