SANTIAGO DEL ESTERO: LOS POLICÍAS ACUARTELADOS RECHAZARON UNA PROPUESTA DE AUMENTO

Los policías autoacuartelados en la sede central de la Jefatura de Policía de Santiago del Estero rechazaron esta mañana una propuesta del ministro de Gobierno, José Emilio Never, quien anticipó a la prensa que el Estado provincial solamente “esta dispuesto a negociar el blanqueo del 19 por ciento” de los salarios.

Así lo anunció Never antes de ingresar a la sede de la Casa de Gobierno, desde donde tiene previsto comunicarse y mantener informado al gobernador Gerardo Zamora, quien se encuentra haciendo gestiones en la Capital Federal.

Los efectivos entraron esta mañana en el tercer día de la toma. Junto con ellos se encuentran también agentes del Servicio Penitenciario. Reclaman, entre otros puntos, mejoras salariales.

Al amanecer, la capital provincial mostró el mismo escenario que en los últimos días: varios de los bancos y comercios del microcentro contrataron seguridad privada, aún cuando el gobierno pidió colaboración al Ministerio del Interior y a la Gendarmería para garantizar la seguridad en la provincia.

La protesta generó el relevo del jefe y subjefe de Policía y ayer, a 24 horas de iniciada la huelga, el gobernador Gerardo Zamora puso en funciones a las nuevas autoridades. También fueron pasados a retiro al menos una decena de oficiales de la plana mayor.

Los oficiales, suboficiales y agentes reclaman una recomposición salarial, con aumento del 150% en el sueldo básico de un agente que recién ingresa. Aseguran que actualmente cobra $ 280 y pretenden que esa suma suba a $ 700. Ayer a la mañana, la Justicia en lo Criminal y Correccional ordenó desalojar la Jefatura de Policía “en un plazo de dos horas”, pero la orden no se cumplió.

El petitorio de los policías, que contempla 11 puntos, también pide la restitución de dinero retenido desde julio de 1995 (gobierno de Juárez) hasta agosto de 2004 (intervención de Pablo Lanusse); el reordenamiento en los cuadros de suboficiales y agentes hasta los oficiales subalternos y el rechazo a la transferencia del régimen previsional policial y del Servicio Penitenciario.

Otro de los puntos que no aceptaría negociar el gobierno es el pedido de que se libere a los policías detenidos en La Banda, acusados de matar de un balazo a un joven de 16 años durante un partido de fútbol, en abril.