SANTIAGO DEL ESTERO: TENSIÓN POR UNA HUELGA DE MIL POLICÍAS

En medio de un clima de tensión, policías y miembros del Servicio Penitenciario provincial entraron hoy en el tercer día de autoacuartelamiento en reclamo de mejoras salariales. Ayer los efectivos no acataron dos órdenes judiciales para desalojar la Jefatura de Policía, en el centro de la capital.

El conflicto provocó que ayer la ciudad viviera un día atípico: varios de los bancos y comercios del microcentro contrataron seguridad privada, aún cuando el gobierno había pedido colaboración al Ministerio del Interior y a la Gendarmería para garantizar la seguridad en la provincia.

En la mayoría de las comisarías no se tomaban las denuncias y los juzgados estuvieron casi sin vigilancia. En el interior el panorama era similar. Hasta anoche, más de 1.000 policías seguían en el patio de la Jefatura y en el Cuerpo de Guardia de Infantería, donde algunos comieron asado y jugaron al truco.

La protesta generó el relevo del jefe y subjefe de Policía y ayer, a 24 horas de iniciada la huelga, el gobernador Gerardo Zamora puso en funciones a las nuevas autoridades. También fueron pasados a retiro al menos una decena de oficiales de la plana mayor.

Los oficiales, suboficiales y agentes que protestan reclaman una recomposición salarial, con aumento del 150% en el sueldo básico de un agente que recién ingresa. Aseguran que actualmente cobra $ 280 y pretenden que esa suma suba a $ 700.

El gobierno, a través de Elía Suárez (jefe de Gabinete) y de los ministros de Gobierno y de Justicia, José Neder y Ricardo Daives, se reunió con los cabecillas y ofreció conformar una mesa de diálogo, pero no aceptaron.

Ayer a la mañana, la Justicia en lo Criminal y Correccional ordenó desalojar la Jefatura de Policía “en un plazo de dos horas”, pero la orden no se cumplió.

Esto lo ordenó el juez Gustavo Herrera que acusa a los policías de “sedición y rebeldía”. Por la noche hubo otra intimación y también fue rechazada.

Ricardo Gutiérrez es un comisario retirado que encabeza la protesta y ya lideró otro alzamiento en 1988. Ayer, cuando se conoció el primer oficio judicial, se reunió con los abogados Juan José Saín, Rubén Seiler y Carlos Leoni Beltrán, quienes dijeron que lo impugnarían, igual que la otra intimación.

Ante eso, muchos creyeron ver una “mano traviesa”. Es que los dos primeros fueron jueces durante los gobiernos de Carlos y Nina de Juárez y Saín es abogado personal del ex gobernador.

El petitorio de los policías, que contempla 11 puntos, también pide la restitución de dinero retenido desde julio de 1995 (gobierno de Juárez) hasta agosto de 2004 (intervención de Pablo Lanusse); el reordenamiento en los cuadros de suboficiales y agentes hasta los oficiales subalternos y el rechazo a la transferencia del régimen previsional policial y del Servicio Penitenciario.

Otro de los puntos que no aceptaría negociar el gobierno es el pedido de que se libere a los policías detenidos en La Banda, acusados de matar de un balazo a un joven de 16 años durante un partido de fútbol, en abril.

Anoche siguieron las reuniones entre los líderes de la protesta y autoridades. Y los policías emplazaron al gobierno, amenazándolo con más medidas.