SANTIAGO DEL ESTERO: VIOLENCIA TRAS EL DESPIDO DE 115 POLICÍAS

La firma de un decreto desató la furia. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, echó ayer a 115 policías que están de paro desde hace una semana y estalló la violencia: primero los rebeldes —atrincherados en el edificio de la Jefatura de la Policía provincial— dijeron que no abandonarían el lugar; después unos 3.000 manifestantes que apoyan al Gobierno provincial trataron de sacarlos por la fuerza, y para eso quemaron un auto y destrozaron puertas y ventanas, mientras desde adentro les arrojaban gases.

Anoche un sacerdote trataba de convencer a los policías atrincherados que depusieran su actitud y el gobernador Zamora aseguraba estar pidiendo a Buenos Aires la intervención de Gendarmería, para sacar a los huelguistas por la fuerza. Voceros del ministro Aníbal Fernández negaron anoche a Clarín que ese pedido se hubiera concretado.

Zamora ratificó su postura de “no negociar si antes no levantan la medida, y mucho menos dialogar con una persona que se autodenomina manguero y coimero por necesidad”, refiriéndose al comisario retirado Ricardo Gutiérrez, el cabecilla del alzamiento, que dijo que por los bajos sueldos los policías “deben salir a manguear, que es una forma de coimear”. Un agente en la Provincia gana 280 pesos por mes.

“No me va a quebrar el brazo ninguno de estos intereses ocultos que todavía están en la Policía”, dijo ayer el gobernador, y apuntó a “policías de Musa Azar y de Juárez” que “tratan de quebrar el orden institucional”. Musa Azar fue el jefe de Policía de Carlos Juárez, el gobernador que dirigió la provincia por casi 40 años (ver página 42).

Zamora firmó ayer el decreto 1344 de necesidad y urgencia por el cual dispuso en emergencia el servicio público de seguridad y también dio a conocer otro decreto —el 1345— por el cual puso en disponibilidad y bajo sumario a 115 efectivos, que aún así se negaron a abandonar el edificio donde se refugian.

A las tres de la tarde comenzaron a llegar a la plaza Libertad, frente a la Jefatura, miles de personas convocadas por dirigentes radicales y peronistas que adhieren al Gobierno. Pedían que los policías desalojen la Jefatura y entonaban cánticos en apoyo al gobierno de Zamora.

Allí estuvo el vicegobernador Emilio Rached, ministros, diputados provinciales y funcionarios de segunda y tercera línea, que intentaron calmar a los manifestantes cuando éstos empezaron a reclamar con furia a los policías.

Volaron las piedras primero, luego destrozaron autos estacionados frente a la Jefatura, enseguida pusieron un Ford Ka frente al enorme portón de madera del edificio —el antiguo Cabildo de la ciudad, de más de 150 años de antigüedad— y lo prendieron fuego.

Vidrios, ventanas, puertas laterales, varios patrulleros y hasta un cajero automático ubicado en la galería de entrada a la Jefatura fueron destrozados por los mani festantes. Cientos de gendarmes, llegados desde Puerto Iguazú, Salta y Córdoba, custodiaban los alrededores, pero no actuaron para frenar a los atacantes.

Adentro, unos 1.500 policías resistieron los ataques y arrojaban gases lacrimógenos hacia los que querían entrar. Con ellos estaban unos 600 familiares, entre ellos mujeres embarazadas y chicos, que los acompañan en sus reclamos. Sin agua, sin luz y con un “verano” santiagueño anticipado —ayer a la tarde la temperatura en la ciudad alcanzó los 37 grados— los rebeldes se resisten a desalojar el edificio, a pesar de que hay una orden de la justicia del Crimen de la Provincia que los acusa de “sedición y rebeldía”.

La protesta había comenzado lunes pasado con el autoacuartelamiento en reclamo de una suba del 150% en el sueldo básico como reclamo principal. Anoche, tras los incidentes, hubo una asamblea y los autoacuartelados decidieron quedarse y resistir. Un sacerdote, en representación del obispado local, negociaba con ellos para tratar de que depusieran su actitud.

Zamora ratificó su postura de no negociar con los policías hasta tanto no levanten la medida y advirtió que su gobierno “no va a dar marcha atrás” en su postura. “Vamos a cumplir con el aumento del 19,9% que dio el gobierno nacional y que nosotros ya hicimos efectivo en un 13%”, dijo.

La emergencia policial dispuesta por el gobierno es de 180 días y rige desde ayer. Mientras tanto, aproximadamente a las siete de la tarde de ayer comenzaron a dispesarse los manifestantes que estuvieron frente a la Jefatura de Policía, y anoche quedaban pequeños grupos.

En la zona, el panorama era desolador, más bien parecido al paso de un huracán: un auto incendiado, varios destrozados, patrulleros saqueados y el frente del edificio en ruinas.

A esa hora, el comisario retirado Ricardo Gutiérrez esperaba en vano ser atendido por el gobernador, que ratificaba su posición de no negociar hasta que el edificio fuera desalojado. Allí los policías rebeldes y sus familias se preparaban para pasar otra noche.