SANTIBAÑES EN UN JUICIO EN ESTADOS UNIDOS

Uno de los consultores declaró entonces que sus ex socios fueron más allá del contrato original: difundieron información falsa, extorsionaron a periodistas que cobraban sueldos encubiertos –también de la SIDE– y organizaron operaciones contra el ex presidente Carlos Menem.

Las explosivas acusaciones integran la demanda que Mattie Lolavar, ex socia del polémico asesor de comunicación política Dick Morris, presentó ante la justicia de Virginia por “ruptura de contrato, difamación y conspiración”, y ya obtuvo un resarcimiento monetario de otra demandada, Ikon Holdings. No así, de Santibañes o de Morris.

Lolavar asesoró al Gobierno en el escándalo de las coimas en el Senado. En eso todos coinciden. Pero ya en Buenos Aires, dice, le encomendaron tareas ilícitas y allí comenzaron los disensos. Se negó a seguir esas órdenes, señala, y todavía le adeudan 235.000 de los 300.000 dólares acordados.

Las acusaciones de Lolavar constan en una serie de testimonios judiciales y documentos presentados contra Santibañes, Morris y su esposa, Eileen McGann, y Roger Stone, otro ex socio de la firma contratada por la SIDE, Ikon Public Affairs, ante el Poder Judicial del estado de Virginia, que LA NACION recopiló durante dos meses.

“Entre otras acciones, le ordenaron contactar a la SIDE y obtener una lista de periodistas que aceptaban coimas de esa organización para dañar la credibilidad de esos mismos periodistas que informaban sobre el escándalo de sobornos que rodeaba a Santibañes y al presidente De la Rúa, así como también le requirieron que difundiera información falsa a la prensa en relación con el rival político de De la Rúa, Carlos Menem”, resume el último dictamen de la Corte de Apelaciones de Virginia.

Todos los demandados se presentaron ante la Justicia con sus abogados, aunque Santibañes planteó una defensa previa. Argumentó que la justicia de Virginia era incompetente para juzgarlo, pues afirmó que jamás trabajó o comerció en ese Estado, ni jamás mantuvo una relación laboral directa con Lolavar. La Corte de Apelaciones falló en su favor en diciembre último.

“La Corte de Virginia ratificó que no tengo un carajo que ver en esto”, dijo Santibañes a LA NACION por medio de un allegado. El ex banquero evitó confirmar o refutar, sin embargo, las acusaciones que apuntan contra sus ex contratados. “Que Lolavar siga su pelea contra Morris o cualquier otro, pero queda claro que yo no tengo nada que ver”, indicó dos veces.

Morris no habló con LA NACION a pesar de repetidos intentos en su oficina y correo electrónico. En tanto, el abogado de Lolavar, Bruce Fein, busca precisar si Santibañes tiene inversiones o actividades en Estados Unidos para presentar una demanda en una jurisdicción que sea competente.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) conocen los supuestos ilícitos denunciados por Lolavar, según pudo determinar LA NACION, pero no abrieron hasta ahora una investigación criminal.

Los primeros contactos de Lolavar con la Argentina ocurrieron a principios de 2000, cuando Morris le ofreció que la consultora Ikon y la de ella, Triumph Communications, trabajaran juntas para De la Rúa.

Las negociaciones concluyeron con la firma de dos contratos. El primero, el 31 de mayo de 2000, entre Santibañes e Ikon y duró un mes, en apoyo del viaje que De la Rúa hizo a Estados Unidos en junio de aquel año. Triumph aparece allí como subcontratista de Ikon y la SIDE se comprometió a pagarle US$ 120.000 a Ikon, de los que US$ 25.000 irían a manos de Lolavar, según consta en la copia del contrato que LA NACION obtuvo en el Departamento de Justicia y el testimonio judicial de Lolavar.

Un mes y medio después, el 14 de julio de 2000, Santibañes e Ikon firmaron un segundo contrato, por un año, por el que la SIDE acordó desembolsar US$ 1,6 millón, suma de la que Ikon destinará US$ 500.000 a actividades de lobby en Estados Unidos y nada aclara sobre el US$ 1,1 millón restante, de acuerdo a la copia del acuerdo.

Una semana después, el 21 de julio, Ikon subcontrató por segunda vez a Lolavar, por intermedio de Triumph, a cambio de US$ 300.000. Según declaró Lolavar ante la Justicia, ella desconocía que sus honorarios provendrían de la SIDE, aunque sí que Morris se quedaría con ese US$ 1,1 millón que carecía de un destino específico declarado.

Ya en Buenos Aires, al igual que Morris, Stone y otro consultor de Ikon, Luis Rosales, Lolavar asesoró primero a Santibañes, quien debía declarar ante el Congreso sobre el supuesto pago de coimas a senadores. Poco después, según declaró, Morris y Stone comenzaron a pedirle que protegiera a De la Rúa y al entonces jefe de la SIDE, operando contra Menem y los periodistas.

Operaciones encubiertas

“Morris y Stone le pidieron que sirviera de intermediaria para una transferencia anónima de fondos a un oficial en Israel”, declaró ante la Corte de Virginia. “Estos fondos debían pagarse para obtener documentos del gobierno de Israel que asistieran a De la Rúa en sus disputas domésticas con Menem y para implicar una relación corrupta entre Menem y George W. Bush, que competía entonces contra Albert Gore por la presidencia de EE.UU.”

El nombre del funcionario israelí no aparece en ningún documento aportado ante la Justicia, aunque sería del Mossad. Con el dinero que debía aportar Lolavar, el intermediario, que sería un experto en contraterrorismo llamado Neil Livingstone, también debía lograr que “fueran alterados para que parezcan ser documentos de la SIDE”, según consta en el expediente judicial.

Desde ese momento, la situación se complicó, según declaró Lolavar. Sus jefes “comenzaron a preocuparse que la conjura pudiera ser descubierta y se llegara hasta ellos, y ordenaron a Lolavar que orquestara una operación de prensa que acusara al entonces vicepresidente Gore por la difusión de esos documentos, desde que ellos sabían que [el equipo de] campaña de Gore había intentado conectar a Menem con la campaña de Bush”.

Y es allí donde Lolavar, afirma ella, “se negó a cooperar con sus pedidos”, y Morris y Stone dejaron de pagarle el dinero acordado en el contrato hasta que no completara la operación en Israel. Sólo cobró tres meses, unos US$ 75.000, según una declaración presentada por Ikon ante el Departamento de Justicia, cuya copia obtuvo LA NACION.

Morris y Stone, según Lolavar, fueron más allá. También comenzaron a armar represalias y difamaciones, como que ella era antisemita, que su entonces marido estaba en la cárcel y ella estaba quebrada y que había cambiado de bando, “como resultado de una coima del partido peronista”.