Scioli ordenó negociar en la toma del predio en Merlo

En plena campaña, apostó a una “salida política” para descomprimir el conflicto y reforzar su perfil dialoguista.

En alerta por la escalada intempestiva del conflicto y preocupado por no dar un paso en falso con impacto electoral, el gobernador Daniel Scioli ordenó ayer enviar efectivos policiales y rodear la toma de terrenos en Merlo, un municipio que se convirtió en campo minado producto de la feroz batalla política por el traspaso de poder local.

Cuando faltan apenas once días para el ballottage, el candidato presidencial apostó a una “salida negociada y pacífica” y a evitar postales de violencia que podría desencadenar el desalojo de las familias instaladas en carpas y construcciones precarias en un predio de 60 hectáreas, según confiaron a LA NACION desde el gobierno bonaerense.

Eso sí: en línea con un discurso más duro y en sintonía con el imaginario de clase media, se mostró “absolutamente” en contra de las “tomas ilegales”, acompañado por Sergio Berni, actual secretario de Seguridad y miembro de su eventual gabinete, en una recorrida de campaña por Villa Lugano.

Anoche, en el riñón del sciolismo había cierto alivio porque consideraban que luego de acordar una tregua con los ocupantes la situación estaba bajo control sin tener que lidiar con una represión desbordada.

“Somos auxiliares de la Justicia. No vamos a intervenir hasta que no haya una orden judicial”, aseguró a LA NACION el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados. Ayer, el expediente rebotó entre jueces provinciales y federales, sin haber impartido esa medida. Sólo hubo una solicitud para restringir el ingreso de nuevos ocupantes y materiales, tarea que cumplieron alrededor de 500 agentes de la policía bonaerense, pertenecientes a las divisiones de Infantería, Caballería y Motorizados.

De hecho, la meta del sciolismo era presionar con la fuerte presencia policial y lograr una retirada blandiendo la amenaza del posible desalojo. En paralelo, se abrió un puente de diálogo para allanar una solución política, que tuvo como primer paso intermediar entre el intendente electo, Gustavo Menéndez, del Frente para la Victoria, y Raúl Othacehé, mandamás del distrito durante 24 años.

El nuevo alcalde denunció al “Vasco”, como es conocido el cacique de Merlo, como impulsor de las tomas con el interés de perjudicarlo. Y, además, sostuvo que al lado del predio se erigen viviendas de un plan federal de obra pública aún a medio terminar que fueron ocupadas. Según Menéndez, esa maniobra fue orquestada para evitar que quede al desnudo la falta de avances en esas viviendas que “llevan una sobrefacturación de 80 millones de pesos”.

Después de idas y venidas, hubo a la tardecita una reunión clave en el despacho de Othacehé, de la que participaron referentes de las familias que acampan en el predio; el secretario general del municipio, Ricardo Giacomino; el jefe de la Departamental de Morón, Hugo Santillán, y, entre otros, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio. No es un dato menor que este último funcionario haya sido uno de los que operaron para que el intendente regresara al redil oficialista este año, después de haber saltado hacia las filas del Frente Renovador, en pleno ascenso de Sergio Massa.

Allí, se pactó un principio de acuerdo que implica realizar hoy un censo y buscar una solución habitacional, si cumplen con el compromiso de abandonar el terreno. “Está la posibilidad de adquirir el predio y planificar una urbanización ordenada”, dijo anoche a LA NACION el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti, presente en el encuentro.

Mientras tanto, hay un intento de calmar la interna feroz en el municipio, un fenómeno que se extiende en aquellas comarcas del conurbano en las que hay cambio de mando. “Ese tema no me corresponde”, cortó Granados, ante la consulta sobre cuál de los dos intendentes tiene razón.

Aunque no dudó en quitarle peso a la denuncia: “De ninguna manera creo que un hombre que ha estado seis mandatos en un municipio votado por los vecinos va a querer terminar con una burrada así”.

Como contraataque, y para revertir la lluvia de cuestionamientos que pesa sobre su figura, Othacehé descargó directo contra Menéndez. “Le mintió a la gente, les dijo que podían quedarse con esas tierras, que era yo el que no les permitía ocuparlas”, argumentó. Su embate, según anticipó, seguiría por vía judicial, ya que prometió demandar a su sucesor por “falsa denuncia”.

Después de sobrevolar en helicóptero la zona, Granados contabilizó alrededor de “diez habitáculos” por manzana, lo que da un total de 600. No es la primera vez que usurpan el mismo predio y la toma vigente comenzó de un modo hormiga hace casi tres semanas.

“No veo una cuestión política para perjudicar a Scioli ni a nadie”, sostuvo el ministro. Ya previendo su aterrizaje en la provincia, María Eugenia Vidal catalogó la toma como un “síntoma del final de un ciclo”.

La gobernadora electa de Cambiemos delegó la responsabilidad en la actual gestión. En la cuenta regresiva, al mediodía, su futuro ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se reunió con Granados y con el jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin.

 

Fuente: La Nación Digital