SE ACABÓ EL ENTE DE LA RECONSTRUCCIÓN
Después de dos años y siete meses de funcionamiento, el Ente de la Reconstrucción desaparecerá como estructura. Había nacido a partir de la sanción de la ley N° 12.106 que autorizó a crear la Unidad Ejecutora de Recuperación de Emergencia Hídrica y Pluvial, para “rehabilitar las condiciones de vida y estructurales” afectadas por el desborde del río Salado. El decreto N° 131 de 2003 establecía que la estructura debía funcionar por el término de dos años, y dar cumplimiento durante ese lapso al “régimen de reparación excepcional destinado a atender los menoscabos sufridos en la vida y los bienes” como consecuencia de aquellas inundaciones.
El Ente se armó al principio con más de 300 empleados: algunos provenían de otras reparticiones públicas; el resto fue contratado o incorporado como pasante. De ese total, permanecieron hasta el final unas 200 personas.
Cumplidos los dos años que inicialmente se habían estipulado para su funcionamiento, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogarlo por seis meses más (hasta el 30 de junio pasado) a través del decreto 3328/05. Vencido ese nuevo plazo y ante la existencia aún de trámites pendientes de resolución, hubo una tercera y última postergación por decreto 1.485, para que la estructura se mantuviera por otro mes. Ese período venció ayer.
Finalmente, el gobernador rubricó en las últimas horas un nuevo decreto, el Nro. 1853, mediante el cual declara “concluidos al 31 de julio de 2006, los cometidos funcionales” asignados al Ente de la Reconstrucción.
LO QUE QUEDA
Si bien el plazo para efectuar presentaciones por reclamos venció el 30 de diciembre de 2005, subsisten algunas gestiones pendientes de tramitación, liquidación y pago de reparaciones a cargo del organismo. Tales trámites (“escasos”, según el decreto) serán atendidos ahora directamente por la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, a través de sus propias dependencias administrativas. Sólo se exceptuarán de esta disposición la liquidación y pago de las reparaciones que contaren con compromiso emanado de acto administrativo dictado por la presidencia del Ente hasta el 31 de julio de 2006, inclusive. En tales casos se harán efectivos a través de la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, hasta el 31 de agosto.
Con respecto al personal (aproximadamente 210 personas), ninguno quedará desafectado. El decreto establece que serán “reubicadas en las distintas jurisdicciones de gobierno”, según los requerimientos que se efectúen, y seguirán rigiéndose de acuerdo con los términos de contratación originales en cada caso, hasta su total finalización. En tanto, el personal que no se reubique, prestará servicios en Promoción Comunitaria.
“Se trata en su mayoría de personal profesional y técnico que al Estado le hace falta. De todas maneras, conservarán las mismas condiciones que hoy poseen: el pasante seguirá como pasante; el contratado como contratado”, dijo a El Litoral, le ministro Coordinador, Rubén Michlig.
En tanto, el personal adscripto oportunamente al Ente, pasará a desempeñarse en igual condición también en Promoción Comunitaria, según lo disponga su titular.
UN MOMENTO DE EVALUACIÓN
Juan Carlos Forconi, actual secretario de Estado de Promoción Comunitaria, fue el responsable de poner en funcionamiento el Ente y conducirlo durante la mayor parte del tiempo.
Esta mañana consultado por El Litoral, quiso en primer término transmitir tranquilidad a quienes impulsen trámites pendientes de resolución, ya que serán atendidos en el área de la Secretaría a su cargo. Paralelamente, anunció que quienes aún necesiten hacer alguna presentación o reclamos por expedientes ya iniciados, podrán hacerlo en el edificio de Juan de Garay 3322.
“Es una etapa que se cierra; la idea conversada con el gobernador es que se trataba de un organismo con vigencia establecida y un objetivo predeterminado, cuya actividad ya prácticamente llegó a su fin. Lo que resta, sobre todo, son actividades hacia adentro, como cierres administrativos que básicamente tienen que ver con dejar las cosas ordenadas”, apuntó.
En pocas líneas, Forconi ensayó un balance de lo que fue la gestión.
“Cuando a uno le toca una tarea tan difícil y complicada, hay que cuidar mucho las palabras -sostuvo-. Creo que hicimos un gran esfuerzo, un trabajo muy importante para la pacificación de la ciudad que en un momento estuvo en riesgo. Nos tocó llevar adelante la aplicación de la ley, y en ese sentido, creo que lo hicimos de la mejor manera, más allá de la presión con la que trabajamos, sobre todo en el primer año”.
El funcionario recordó que el armado del organismo “se hizo sobre la marcha”, por lo que constituyó prácticamente “una experiencia única”.
“Llegamos a sacar más de mil expedientes por mes, algo que no sé si se da ni siquiera en la gestión privada”, subrayó. Forconi destacó fundamentalmente el rol del personal, muchos de ellos jóvenes profesionales que en algunos casos, tenían con esta actividad, su primer trabajo.
“Con esta experiencia me queda la convicción de que el trabajo del Estado es saber escuchar; escuchar y acompañar”, resumió.
CASINOS
El lunes próximo, el titular de la Lotería de Santa Fe, Daniel Sorrequieta, a partir de las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo a través de los decretos correspondientes, procederá a la firma de los contratos de vinculación con los tres grupos que resultaron adjudicatarios en las licitaciones para la construcción y explotación de casinos en la provincia.
Se trata del grupo Boldt S.A. para los casinos de Santa Fe y Melincué, y de Casino Club para la casa de juegos que se levantará en Rosario.
Según dijo Sorrequieta a El Litoral, la intención es que a fines de agosto o principios de setiembre, las firmas que ya han constituido nuevas sociedades son sede en Santa Fe, tengan los obradores armados y funcionando.
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