SE AGRAVA LA CRISIS EN BOLIVIA

El Ministro de Desarrollo Económico de Bolivia, Walter Kreidler, renunció hoy al gabinete del Presidente Carlos Mesa, en desacuerdo con la decisión del Mandatario de convocar por decreto a una Asamblea Constituyente y a un referéndum autonómico, informó el viceministro de Justicia Carlos Alarcón.

Kreidler discrepó con la convocatoria simultánea de ambos mecanismos, en consonancia con el rechazo que levantó la decisión presidencial entre las organizaciones cívico-empresariales del departamento de Santa Cruz, de donde es oriundo.

La decisión de ayer del Presidente Mesa de convocar a la Asamblea Constituyente y al referéndum sobre las autonomías de los departamentos (provincias) fue recibida con críticas y escepticismo y no logró aplacar las protestas que se masifican en toda Bolivia.

”Es una buena intención pero no es la solución. De acuerdo a la Constitución es el Congreso que debe normar una ley de convocatoria”, dijo hoy el diputado cocalero Evo Morales uno de los líderes de la protesta y agregó que la reacción del mandatario parece un “show para desmovilizar las protestas”.

”La convocatoria (mediante un decreto) es ilegal y no dice nada del principal pedido de los organizaciones sociales que es la nacionalización de las hidrocarburos”, dijo Abel Mamani, dirigente de las juntas vecinales de El Alto, cercana a La Paz que está en paro hace doce días.

En una declaración a la emisora Fides, Mamani dijo que la “única salida política parece ser la renuncia del presidente Mesa y el adelantamiento de elecciones”, algo que hasta el momento sólo los empresarios habían planteado.

Mamani dijo que si renuncia Mesa, el Presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, “no será aceptado por el movimiento social y que el presidente de la Corte Suprema deberá hacerse cargo de la situación”.

Morales y Maman anunciaron que las protestas van a continuar, mientras las ciudades de La Paz y el Alto atraviesan el segundo día de paro del transporte público convocado por los chóferes para exigir la nacionalización de los hidrocarburos.

La protesta, que nació en La Paz y El Alto el 23 de mayo, se ha extendido al resto del país y más de 40 carreteras se encuentran cortadas en ocho de los nueve departamentos aislando a Bolivia de todos sus vecinos -Brasil, Argentina, Perú y Chile-, mientras el desabastecimiento de combustible y gas doméstico parecía agravar la situación.

”El país está viviendo un momento de extrema urgencia, una situación de confrontación de altísimo riesgo”, dijo el mandatario ayer a la noche cuando promulgó un decreto convocando para el 16 de octubre a la Asamblea Constituyente y al referéndum, horas después de que el Congreso fracasara en su intento de lograr un acuerdo para sancionar una ley que norme ambas consultas.

La autonomía de los departamentos trae consigo la administración de los recursos naturales de cada uno de ellos, algo con lo que no están de acuerdo las provincias más pobres y desprovistas y algo que exigen las productoras de hidrocarburos como Santa Cruz.

El Presidente Mesa invocó además la mediación de la Iglesia Católica como último recurso para superar la crisis, pero la legalidad de su convocatoria ha sido cuestionada por dirigentes políticos y legisladores.

Las negociaciones en el Congreso entre el bloque del oriente-sur que encabeza Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia, y el empobrecido occidente del país, donde se encuentra La Paz, que reclama la constituyente, terminaron en medio de insultos y acusaciones entre legisladores de ambas partes.

Por este motivo, el Presidente del Congreso Hormando Vaca Díez tuvo que postergar para el martes la sesión bicameral. Algunos legisladores sostienen que el Congreso podría ratificar la convocatoria lanzada por Mesa, pero en la actual situación esto no parece ser muy factible.

El Presidente dejó en claro ayer que la nacionalización de los hidrocarburos es un tema que deberá ser tratado por la Asamblea Constituyente y que está fuera de su alcance personal llevarla adelante.

En tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz, anunció que analizará la propuesta presidencial antes de emitir un criterio final. Las organizaciones empresariales también analizan la propuesta de Mesa.

Por su parte el alcalde de La Paz, Juan Del Granado se ha sumado a las presiones al Congreso y amenazó con declararse en huelga de hambre junto a organizaciones civiles si el Legislativo no ratifica la convocatoria de Mesa.