SE BUSCA LIMITAR POR LEY LOS GASTOS EN LAS PROVINCIAS

En una clara señal dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Néstor Kirchner firmó ayer y envió al Congreso el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que busca fijar límites al endeudamiento y al gasto de las provincias, así como al gobierno federal.

El mismo día en que una misión del FMI comenzó a auditar la tercera revisión del acuerdo stand-by firmado en septiembre pasado, focalizando su atención en la reestructuración de la deuda y las cuentas fiscales provinciales, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció el envío del mencionado proyecto al Parlamento.

No fue un hecho casual. A sabiendas de que deberá pedirle una dispensa al organismo por no haber cumplido con una de las metas previstas, como era el proyecto de coparticipación federal, el Gobierno sí quiso cumplir con otro compromiso asumido y que desvela al Fondo Monetario: poner en caja los números provinciales.

El representante permanente del FMI en la Argentina, John Dodsworth, y el jefe del caso argentino, John Thornton, estuvieron reunidos ayer dos horas con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Los técnicos que los acompañaron se encontraron con el director de Política Económica, José Luis Maia, para revisar las proyecciones oficiales, que muestran un crecimiento del 8% para el año.

“Por supuesto que no deja de ser una señal para el organismo, pero no es menos cierto que tenemos toda la intención de que este proyecto sea ley y esté en funciones desde enero próximo. Es un tema serio y no fue hecho con la intención de salir del paso en esta tercera revisión”, dijo a LA NACION una fuente confiable del equipo económico sobre el proyecto de responsabilidad fiscal.

Con una dialéctica totalmente opuesta a la que tenía Domingo Cavallo, para quien las provincias eran culpables de todos los males fiscales de la Nación, Lavagna destacó ayer el buen comportamiento que desde 2002 hasta ahora están demostrando esas administraciones.

Gracias al cumplimiento de las normas previstas en los programas de financiamiento ordenado (PFO), instrumentados en la gestión de Eduardo Duhalde, las provincias pasaron del déficit consolidado al equilibrio fiscal, el año último. “Creemos que es conveniente reflejar buena parte de la experiencia de estos últimos tres años en una ley que tenga un carácter más permanente. Esta ley tiene la idea de que todos, Nación y provincias, trabajemos con normas y proyecciones macroeconómicas comunes, que haya normas de transparencia y de coordinación”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

El proyecto de ley ingresó ayer en la Cámara de Senadores y fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo cual el Ejecutivo intenta evitar plenarios y extensas discusiones. El presidente Kirchner se reunió la semana pasada con los gobernadores en busca de apoyo para la pronta sanción de esta ley. El documento impone severos límites al endeudamiento y tiende a que en las ejecuciones presupuestarias siempre esté presente el equilibrio financiero. Lavagna se esmeró ayer en dejar en claro que es la primera vez que se diseña una ley que atiende en forma conjunta la situación fiscal de la Nación y de las provincias, pero, aunque no lo haya dicho, el objetivo primario es controlar que el interior no repita en el futuro la historia de la década del 90, cuando las economías provinciales vivían en permanente déficit.

Para el economista Nadín Argañaraz, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, muchos de los aspectos incluidos en el proyecto de ley ya están contemplados en las constituciones provinciales. Como ejemplo, el economista citó el caso de la provincia de Córdoba, cuya carta magna establece una restricción al endeudamiento.

“Esta ley sin duda toma el grueso de lo que son los programas de financiamiento ordenado. De todos modos, la clave sigue siendo la cuestión del cumplimiento. Lo necesario es que nos encaminemos hacia la solvencia fiscal en el largo plazo y que de una buena vez lo que está escrito se controle y se cumpla”, sostuvo Argañaraz.

El año pasado, en tanto, las provincias cumplieron con creces la pauta comprometida con el FMI. Ayudadas por un fuerte repunte tanto en la recaudación propia como en los envíos de la Nación, ya en el primer semestre habían cumplido la meta anual: acumularon un superávit primario de $ 1550 millones, contra la pauta anual comprometida con el organismo de crédito de $ 1478 millones. En tanto, la meta de superávit provincial consolidado para 2004 significa que será necesario un ahorro de 2500 millones de pesos, y en el Ministerio de Economía dan por descontado su cumplimiento.

Lavagna consideró ayer que el proyecto enviado al Congreso tendrá amplia recepción en las provincias. “Los programas de financiamiento ordenado han dado tan buenos resultados tanto para la Nación como para las provincias (ver aparte) que en realidad no estimamos que haya ningún problema de orden global para la aprobación de esta ley. Creemos que acá lo que está en juego es la seriedad, la responsabilidad en términos de país”, sostuvo el ministro.