“SE CAE” LA SANCIÓN DE LA LEY QUE PROPONE LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DE GOBIERNO

“Se cae”. Así se dice en la jerga legislativa cuando un proyecto es “cajoneado” durante meses y luego “cae” por acción u omisión. Se dice que el proyecto por el cual los santafesinos podrían acceder a toda la información de gobierno y que fuera aprobado en la Cámara de Diputados, “cae” en el Senado, al finalizar el actual período ordinario. El proyecto estima que “Todos los funcionarios públicos y/o agentes responsables de los tres poderes del Estado, están obligados a facilitar el acceso a la libre información. Caso contrario su conducta será considerada arbitraria,

Este jueves el Senado trataría o no el proyecto por el cual todos los ciudadanos tendrán el derecho a conocer y solicitar la vista de expedientes, en los tres poderes del Estado. Sin embargo, por los pasillos de la Legislatura Santafesina se rumoreaba que los legisladores oficialistas de la Cámara Alta volvería con su versión corregida del proyecto autoría del diputado Carlos Favario (PDP).

No se sabe muy bien cuáles son las razones por las cuales los senadores santafesinos tardan en darle el OK a un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en el marco de la tan mentada reforma política que pretendió instrumentar, desde la Legislatura, el gobierno de Reutemann.

Reforma política que, se pudo ver en las últimas elecciones, no favoreció a todo el arco político santafesino. En este sentido, cabe recordar, que no se implementó el pasado 7 de septiembre, la ley que limita las campañas electorales y regula la difusión de encuestas, pero sí la modificación de la ley de lemas que prohibió la conformación de alianzas y, por ello, terminó desarticulando al Encuentro Progresista cuya “legitimidad” terminó en la justicia reutemista; como para dar algunos ejemplos.

El texto original del proyecto estima que “Todos los funcionarios públicos y/o agentes responsables de los tres poderes del Estado, están obligados a facilitar el acceso a la libre información. Caso contrario su conducta será considerada arbitraria, siendo directamente responsable por falta grave en ejercicio de sus funciones y sujeto pasible de las sanciones que se establezcan reglamentariamente”.

En cuanto a los límites y excepciones se podrá contemplar sólo en los siguientes casos:

1).- Cuando la información y documentación afecte la intimidad personal o familiar de las personas, a su honor y a su propia imagen.

2).- Cuando la información, antecedentes y documentación fuere declarada secreta o reservada, en forma previa, por resolución fundada en razones de seguridad o de un interés público prevaleciente efectivamente determinado.

3).- En casos de sumarios administrativos, hasta la etapa de la formulación de los cargos por parte del instructor sumariante.

4).- Cuando fuere dispuesta por magistrado en resguardo y defensa de los derechos individuales y garantías constitucionales de los ciudadanos.

5).- Cuando se dispongan por leyes especiales

Tanto los diputados Carlos Favario (PDP) como Alfredo Cecchi (Socialismo) y Angel D Ambrosio (UCR en la Alianza) pidieron, la semana pasada, que el Ejecutivo Provincial envíe a la Cámara de forma urgente todos y cada uno de los decretos que se firmaron en los últimos meses. Cecchi por su parte recordó que la Legislatura sancionó una ley en donde se obliga al Ejecutivo a publicar, en su sitio web, todas las leyes y decretos que figuren en el Boletín Oficial. Sin embargo, remarcó que los decretos no están, detalle que viene a colación de la cantidad de nombramientos que está realizando el gobernador Reutemann antes de la finalización de su mandato.

Pero el Senado sigue sin aprobar el proyecto de Derecho a la Vista. El 21 de noviembre del año pasado el senador Joaquín Gramajo (PJ) argumentaba los cambios que habían realizado en el proyecto original del bloque demócrata progresista de la Cámara Baja los que fueron rechazados por la oposición del Senado: “Quien tiene que ejercer este derecho (a solicitar información) tiene que tener un interés legítimo. Hay dos interpretaciones. El bloque justicialista sostiene que el ciudadano -lo que puede requerir – es la información del acto administrativo, es decir, del documento que es producto del acto administrativo. Incorporamos la figura del interés legítimo. El ciudadano que requiera esa información debe tener alguna vinculación con el tema para poder reclamarlo”-

En su momento, el senador Pablo Cardinale (PDP), justificó su aval para con el texto original expresando que, “El derecho a la vista ya existe; es constitucional y el proyecto elaborado por el PDP sólo pretendía reglamentar ese derecho contemplado en la Constitución, pero que no es operativo”.

“El proyecto nuestro es un instrumento para fortalecer la democracia, ayuda al control de los actos de gobierno y terminará con aquellos que, escudados en otros derechos, aprovechan para impedir que se conozcan los actos del gobierno”.

“El derecho a la vista, tal como lo vemos nosotros, es el mejor antídoto contra la corrupción y está avalado por pactos internacionales con derechos de última generación que fueron ratificados en 1994”, gritó molesto y nervioso. (El Litoral, 22/11/02)

Desde la Asociación de prensa de Santa Fe y la Mesa de Diálogo santafesino se pidió por nota al presidente del Cuerpo y vicepresidente, Marcelo Muniagurria, que instrumente los mecanismos necesarios a fin de que el proyecto tenga sanción definitiva en el presente período legislativo, que culmina en un mes, ya que – en caso contrario- el mismo pierde estado parlamentario y “cae”; es decir, desaparece de la memoria de los próximos legisladores y de la ciudadanía que perdería una herramienta para conocer y saber de todos y cada uno de los actos que realizan sus representantes.