SE COMPLICA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DEL SAN MARTÍN

Pese a que el Gobierno salió a anunciar que la “decisión política ya estaba tomada”, el trámite de la rescisión contractual del ferrocarril San Martín se ha topado con una serie de complicaciones legales y operativas.

Manejados por Metropolitano, los servicios de la línea San Martín —que une Retiro con Pilar— quedaron en la mira de los funcionarios, luego de que el presidente Néstor Kirchner lanzara hace 9 días una nueva embestida contra los trenes privados.

Tras haber analizado la situación de los tres ferrocarriles que opera Metropolitano, la secretaría de Transporte que comanda Ricardo Jaime decidió avanzar sólo sobre la concesión del San Martín y dejar en “observación” a las líneas Roca y Belgrano Sur.

Si bien los problemas que había en el San Martín por la falta de locomotoras se solucionaron el mes pasado, el Gobierno igual quiere quitarle la concesión a Metropolitano con el argumento de que “no cumplió con los servicios y las obligaciones contractuales”.

Para justificar la rescisión, los funcionarios se agarran del artículo 19 del contrato que, entre otros causas, prevé la anulación de la concesión cuando el operador “incumpliese reiterada y gravemente sus obligaciones contractuales y, habiendo sido intimado por la autoridad de aplicación, no las cumpliera”. En esta línea, la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT) ya formuló una serie de cargos por “incumplimientos y faltas graves” que arrojan una sanción económica superior a los 7 millones de pesos.

Ante la ofensiva oficial, Metropolitano sostuvo que las deficiencias del servicio se deben a que el Estado no hizo las inversiones comprometidas. Se aferra al decreto de la “emergencia ferroviaria” que dejó todas las obras bajo la responsabilidad del Estado. Según la empresa, el Gobierno mantiene un “trato discriminatorio” porque sigue sin aprobar las obras para las líneas de Metropolitano, mientras que en los otros ferrocarriles ya empezaron los arreglos de estaciones y trenes.

Además, la compañía —que contrató como abogado defensor a Armando Canosa, el ex secretario de Transporte de Carlos Menem— le volvió a reclamar al Gobierno que la cancelación de las siguientes deudas:

Por los subsidios y las inversiones realizadas entre 1994 y 2001: 400 millones de pesos.

Por compensaciones tarifarias mal liquidadas: 30 millones de pesos. Por esta cuestión, la empresa anticipó que demandará penalmente a Jaime por la falta de cumplimiento de la resolución 220/04 por la cual el ministerio de Planificación aprobó la actualización de los subsidios.

En el terreno de las multas, se plantea una fuerte controversia. La CNRT sigue aplicando las penalidades que prevén los contratos originales. Pero, el decreto 2075/02 de “emergencia ferroviaria” eliminó ese esquema para dar paso a otro régimen sancionatorio que debían definir las autoridades. Sin embargo, la Secretaría de Transporte sigue sin aprobar el nuevo sistema de castigos que ya tendría que estar vigente para los subtes y trenes.

Otro inconveniente que enfrenta la rescisión es la falta de acuerdo entre los tres concesionarios (Metrovías, TBA y Ferrovías) que fueron convocados para asumir la “operación transitoria” del San Martín. Las diferencias giran en torno al manejo de la recaudación, la responsabilidad operativa y los sueldos y aguinaldos que deberían pagar si toman posesión en los próximos días.

A esto se agrega otro hecho nada alentador. Como el Gobierno no canceló el primer pago comprometido con la firma japonesa que había embargado 15 locomotoras, se corre el riesgo de que la Justicia vuelva a ordenar el secuestro de las máquinas. Eso provocaría una reducción inmediata del 40% en la cantidad de servicios de la línea San Martín.