SE COMPLICA LA SITUACIÓN DE JULIO CÉSAR ROGGIANO

La investigación judicial, que lleva adelante el juez de instrucción de la séptima nominación de los tribunales santafesinos, Dr. Diego de la Torre, terminaría por comprobar la existencia de un delito muy grave contemplado por la ley vigente.

Roggiano se encuentra detenido desde el jueves pasado, cuando un operativo de la División Asuntos Internos de la Policía Provincial comprobó que el juez de menores cobraba una suma de dinero, aparentemente, a cambio de una resolución favorable de una menor.

Fuentes seguras adelantaron a NOTIFE.COM que Diego de la Torre activará un pedido de jury contra Roggiano, dado que los elementos probatorios reunidos serían contundentes. Si prospera la medida, el cuestionado juez perdería sus fueros y sería objeto de la aplicación de leyes durísimas, según lo establece el Código Penal.

En este sentido, la norma establece que el delito “será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años de inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”, según marca el artículo 257 del C.P.

La información recabada en fuentes tribunalicias permite delimitar el futuro derrotero de Roggiano. Ya la Corte lo suspendió y la destitución es inminente. “No sólo el secuestro de los billetes marcados constituyen un prueba contundente, además, el testimonio de la mujer (a quién se señala como su “secretaria” o “asistente”) es muy comprometedor”, confiaron desde el Palacio de Tribunales.

Si el Código Penal es aplicado con la figura que se le imputa al juez de menores su situación se agrava, puesto que el delito no es excarcelable, aunque no existan antecedentes del imputado, con lo cual, y en virtud de que la pena supera los cuatro años, la ejecución de la pena será en firme, y no en suspenso.

Roggiano vuelve a estar una vez más en el ojo de la tormenta. Su paz comenzó a lesionarse desde que un remisero lo acusó de defender a menores delincuentes, protegiéndolos e, incluso, prestándole su propio teléfono celular. Luego vino el incidente con su hija, hecho signado por la confusión y los puntos oscuros, detallados en el expediente judicial que investigó el delito.

En rigor, Roggiano, será enjuiciado por corromper la ley de ética que deben cumplir a pies juntillas todos los funcionarios oficiales.

La ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Aunque aún se están cumpliendo los plazos legales y constitucionales, en la Corte se cree que el destino del magistrado esta muy comprometido y que, en pocos días el auto de procesamiento será “lapidario”.