SE CONMEMORA EN SANTA FE EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

A diez años de la Reforma de la Constitución Nacional, el Colegio de Abogados de Santa Fe organizó para este día una jornada recordatoria.

A partir de las 10, se realizan distintas actividades en la Casa de Foro, donde analizarán las reformas impuestas en 1994, durante la Convención concretada en esta ciudad.

El ex Presidente y convencionalista, Raúl Alfonsín, abrió la jornada, junto al Gobernador Jorge Obeid y el Presidente de la Corte Suprema de Jusiticia, Roberto Falistoco.

Por la tarde, llegó Ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda. Se esperaba la presencia del Senador Carlos Reutemann y la Senadora y Primera Dama, Cristina Fernández de Kirchner, finalmente ausentes.

En la charla que ofreció en la Casa del Foro, Alfonsín catalogó como un hito en la historia argentina la Reforma de la Constitución.

“Esta fue una constitución que es en realidad un hito histórico, porque fue votada por todos los constituyentes. Porque reunió a constituyentes de las más distintas ideas, que discutieron”, dijo el ex Presidente.

Alfonsín defendió el “Pacto de Olivo”, ironizando que en Argentina es el único país en el mundo que “pacto es una mala palabra”.

Agregó que “en algunos puntos había que ceder, buscar soluciones. Es el único país del mundo que es mala palabra el pacto y la negociación. Es la política del diálogo. Si no hay diálogo, no hay coherencia. Lastima que el actual presidente (por Néstor Kirchner) todavía no lo advierta”.

LOS DEBES DE LA REFORMA DEL 94

A diez años de la reforma constitucional, el Congreso aún no cumplió con la sanción de un conjunto de leyes derivadas de la Carta Magna, entre ellos un nuevo régimen de coparticipación federal, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y el marco regulatorio de los servicios públicos.

Si bien el Parlamento ya sancionó una decena de iniciativas, como la ley de autonomía porteña, que permitió a los capitalinos tener sus propias autoridades, y la creación del Consejo de la Magistratura, tiene deudas que son claves para mejorar la relación Nación-provincias y el uso de los decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, no parecen estas, las únicas materias pendientes del Congreso, que debe reformar determinadas iniciativas derivadas de la Carta Magna como la de autonomía porteña -porque se privó a los capitalinos de tener su propia policía y Justicia-, del Consejo de la Magistratura -para tener un organismo más ágil- y de Iniciativa Popular.

De todos modos, se puede afirmar que el Congreso nacional cumplió en estos 10 años con la sanción de más de la mitad de las leyes ordenadas en el nuevo texto de la Carta Magna, teniendo en cuenta que nunca es fácil aprobar estas leyes.

Es que iniciativas de este tipo deben contar con altos niveles de consenso porque se votan con mayorías calificadas.

Desde el acto de jura de la Constitucional realizado el 24 de agosto de 1994 en la ciudad de Paraná, el Congreso votó las leyes para establecer la autonomía porteña, la creación del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, de Etica Pública, el Defensor del Pueblo, y el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.

También aprobó las normas para reglamentar los artículos incorporados a la Constitución que buscan afianzar la participación ciudadana y los de protección de derechos, como el Habeas Data y Amparo, y de Defensa del Consumidor, y el financiamiento de los partidos políticos.

En cambio, el Congreso y el gobierno tienen una deuda, que es la Ley de Coparticipación Federal, muy difícil de cumplir por las dificultades que existen para que 23 gobernadores, la ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional acuerden el nuevo régimen de distribución de los recursos.

Si bien el presidente Néstor Kirchner realizó este año una fuerte ofensiva para avanzar en la sanción de la ley, las ásperas controversias entre los gobernadores y el Estado obligaron una vez más a postergar la aprobación de esta norma, pese a que la Constitución establecía que debía votarse antes de diciembre de 1996.

Además, el Congreso adeuda otro tema de complejo consenso: la creación de la comisión bicameral que controle la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, cuya sanción siempre reclaman los partidos de oposición y el oficialismo demora.

Por otra parte, el Parlamento tiene pendiente la sanción de un marco regulatorio de los servicios públicos establecidos en el artículo 42 de la Constitución nacional, y en este punto el gobierno se comprometió a enviar en el segundo semestre esta iniciativa para que el Congreso cumpla con su obligación constitucional.