SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE LA MASACRE DE RECREO

El 12 de diciembre de 1995, un prófugo de la cárcel de Las Flores secuestraba a una joven de 14 años para abusar de ella, y luego asesinar a su madre y sus cuatro hermanitos. El hecho recorrió el país bajo el nombre de “la masacre de Recreo”.

Claudia Vega fue la única sobreviviente, y la Justicia condenó a la provincia en dos oportunidades, pero todavía no se efectuó la reparación.

En la casa N° 41 de la calle Güemes al 1400, precisamente en el barrio Hipotecario, ubicado en el sector suroeste de la localidad de Recreo, vivían Nélida Susana Toledo de Vega, una madre de 31 años, y sus 5 hijos. Nelly, que esperaba su sexto hijo, estaba en la casa cuando un hombre se llevó a la mayor -Claudia-, que en ese entonces tenía 14 años.

Ocurrió el martes 12 de diciembre, pasada la media noche. La joven fue encerrada en una vivienda pegada a la suya, de la que pudo escapar varias horas más tarde. Durante el cautiverio, un prófugo de la cárcel de Las Flores entró a su casa y asesinó a su mamá de 8 puñaladas, además de asfixiar a sus cuatro hermanitos.

Los chicos eran Alberto, de 11 años; Daniel, de 10; Sebastián, de 8; y Cristian de 1 año y medio. La mujer llevaba un embarazo de 7 meses.

La noticia trascendió en horas de la tarde, cuando Claudia logró escapar de la vivienda en la que estaba secuestrada. Una vez afuera pidió auxilio a un tío policía, que de inmediato avisó a la comisaría y se fue a ver qué pasaba.

En el lugar se produjo un tiroteo con el atacante, que al advertir la presencia policial intentó fugarse cubriendo su retirada. En la huida recibió un disparo en su pierna derecha y más tarde fue definitivamente apresado y trasladado al hospital Cullen, mientras los vecinos trataban de lincharlo.

“EL CHAJÁ” PRÓFUGO

Marcelo “El Chajá” Ferreyra acababa de caer luego de haber cometido el crimen más aberrante del que se tuvo registros en Santa Fe, al punto tal de que el caso recorrió las páginas de los principales matutinos del país. Estaba prófugo desde el 1° de diciembre, cuando junto a otros cuatro reclusos, se escapó de la cárcel de Las Flores.

“El Chajá” tenía 30 años y estaba condenado a pasar 18 de cárcel por robos, portación de arma de guerra y violaciones. Por el múltiple crimen fue devuelto a prisión y más tarde condenado a perpetua. Su último destino fue una cárcel, considerada de máxima seguridad, en la provincia de Chaco.

Al momento de su detención le secuestraron un cuchillo y dos revólveres de 22 y 32 mm. Días más tarde, cuando lo llevaron a declarar a los Tribunales, confesó la autoría del hecho ante el juez de instrucción Carlos Ferrero. La psicóloga del penal le dijo a El Litoral que se trataba de “un psicópata con componentes de morbosidad importantes”.

La respuesta política del gobierno de Jorge Obeid fue el relevamiento de la cúpula de Las Flores, y el personal de la comisaría de Recreo, que estaba apenas a 500 metros de la casa donde mataron a las 5 personas.

El ministro de Gobierno de entonces, Roberto Rosúa, se excusó diciendo que “el servicio penitenciario de la provincia está cerca del colapso. Entonces se deben tomar medidas que hagan a la posibilidad de alojar mayor número de detenidos, apuntar a restablecer el ejercicio de la disciplina y luego, como medida de fondo, hay que establecer una escuela de servicio penitenciario y ejercer un estricto control político” (El Litoral 13/12/1995).

UNA DÉCADA EN TRÁMITE

“El juicio extracontractual comenzó en 1997”, expresó el abogado Mario Adrián Van Isseldyk, que representa a la única sobreviviente de aquella madrugada trágica. Las acciones legales están dirigidas contra la provincia de Santa Fe, a la cual se le exigió reparación económica por los daños ocasionadas en la masacre, que produjo un convicto.

A la demanda de Claudia Vega, que en ese entonces era menor de edad, se le suman los reclamos del padre de la chica -esposo y padre de las víctimas-, y de los abuelos paternos. “Las tres demandas se unieron en un solo juicio en el juzgado Extracontractual N° 1”, relató el abogado.

“El 30 de octubre de 2003 hubo un fallo del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, que por unanimidad condenó a la provincia a pagar una indemnización a Claudia, por la pérdida de la madre y los hermanos, y por la violación”, dijo Van Isseldyk.

A partir de ese momento la provincia utilizó todos los mecanismos legales que le permitieron dilatar los plazos y evitar que la sentencia quede firme.

El 17 de noviembre pasado, la Sala N° 1 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial “ratificó la sentencia de primera instancia, en todos sus términos, en forma unánime”, manifestó el abogado.

La decisión de la Cámara hizo que el 29 de noviembre “la provincia presentara un recurso de queja ante la Corte, para que revea el caso”. Si los magistrados vuelven a fallar contra la provincia, sólo quedaría la instancia nacional, que según Van Isseldyk sería un “caso sin precedentes en la provincia”.

A la hora de preguntar por un acuerdo de partes, en el que no se involucre a la Justicia, y saldar definitivamente el problema, el abogado asegura que “nunca hubo un ofrecimiento del Estado. Ni siquiera le ofrecieron un plan Trabajar”, remató con una mueca de ironía.

INDIFERENCIA

Hoy, Claudia Guadalupe Vega tiene 24 años y es la única sobreviviente de la masacre de Recreo. Cuando pasó todo era apenas una nena de 14. “Mucho no cuento y trato de estar bien” dice tímida. Recibe el apoyo de los tíos, con quienes vive desde entonces y a pesar de que no tiene trabajo trata “de seguir adelante, sin caer en la depresión”.

“Mi vida hasta ahora sigue normal”, expresa la joven. “Obviamente no tengo ningún tipo de trabajo” aclara. Ocurre que desde que le quitaron todo, no sólo debe cargar con la cruz de la orfandad y de haber sido abusada por un asesino depravado sino también con la indiferencia y apartamiento de la gente.

Se fue de Recreo a la casa de sus tíos y sin embargo, en la localidad en la que vive actualmente tampoco le dieron la posibilidad de hacer su vida normalmente. Dicen “íah, no!, la chica a la que le pasó esto!”, cuenta, de las reacciones inentendibles de sus conciudadanos.

Diez años más tarde la provincia se resiste a pagar un juicio, que perdió en primera y segunda instancia judicial, y se empecina en llevarlo a los estrados nacionales.

Cobrar una indemnización, que hoy superaría el millón de pesos, le permitiría a Claudia llevar una vida sin sobresaltos. Pero la sentencia definitiva no llega y ahora lo único que está pidiendo es “un trabajo para que pueda tener mis cosas, sin depender de mis tíos”.

JUICIO

En la sentencia de 2003 se fijaron 550.000 pesos de indemnización para Claudia Vega, a la fecha de cometido el hecho. Con los intereses generados, alcanza el millón y medio de pesos, porque se acumulan intereses de los últimos 10 años. Los abuelos y el padre también serían indemnizados, aunque por un monto menor. Para el abogado, la provincia tendría que pagar alrededor de 2 millones de pesos, más la regulación de honorarios de abogados.