SE DEBATE LA ANULACIÓN DE LAS LEYES DE PERDÓN

La Cámara de Diputados aprobó con la mayoría especial de los dos tercios de sus miembros el proyecto por el cual otorga rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Con el voto afirmativo de 176 diputados, tres más de los necesarios, la Cámara baja aprobó el primero de los tres proyectos relacionados con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a sólo diez minutos de comenzada la sesión y sin debate previo.

Miles de personas concentradas frente al Congreso seguían esta tarde a través de altoparlantes el curso de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se tratan los proyectos de ley de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los intregrantes de las organizaciones sociales, políticas y gremiales que se habían reunido en la Plaza de los Dos Congresos desde las 14:00 aplaudieron y vivaron el inicio del debate, que comenzó poco después de las 16:20.

La histórica sesión se realiza luego de un trabajoso acuerdo entre los bloques del justicialismo, el radicalismo, el ARI, la Izquierda Unida y otras bancadas opositoras.

La diputada del ARI Elisa Carrió sostuvo esta tarde que la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “no va a poder ser borrada por nadie”.

“Nadie va a poder borrar esta declaración histórica”, expresó Carrió en el marco del debate por la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la Cámara de Diputados.

La nulidad se hará por medio de tres proyectos de ley: uno que apunta a declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y otro que le da rango constitucional a la adhesión que realizó el Poder Ejecutivo a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de la ONU.

Un tercer proyecto de ley declara la nulidad absoluta de las leyes 23.492, de Punto Final, y 23.521, de Obediencia Debida.

El presidente del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, indicó esta tarde que si bien la eventual nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final puede ser cuestionada judicialmente, “nadie puede impedir” que el Congreso avance en ese sentido.

Además, el legislador justicialista destacó la importancia de que el Poder Legislativo brinde “un instrumento para obtener verdad y justicia”, y parafraseó lo asegurado la semana pasada por el titular de la Conferencia Episcopal, el obispo Eduardo Mirás, cuando reclamó que no hubiera “ni venganza ni impunidad” en el tratamiento de los hechos ocurridos en la dictadura.

Opiniones
Alberto Bianchi, abogado constitucionalista, dijo en Radio 10: “Lo que se intenta es anular una ley que en su momento fue derogada. Y no hace falta ser abogado para entender que no se puede anular lo que ya no existe. Se sancionaron, fueron derogadas, y ahora las quieren anular. Si sancionan la ley y luego la derogan, puede seguir produciendo efectos, pero como tal no existe. Pueden hacerlo los jueces, pero no el Congreso”, explicó.

Además, señaló que se puede decir que los efectos son nulos e inconstitucionales, pero que eso no puede hacerlo el Congreso, que “sí puede hacer una declaración diciendo que le parece mal lo que hizo el mismo cuerpo hace algunos años”, de manera que “son unos diputados y senadores en contra de otros diputados y senadores”.

En ese sentido, Bianchi manifestó que “no es un problema de instancia parlamentaria sino judicial”. Añadió: “El Presidente (Néstor Kirchner) derogó el decreto que impedía las extradiciones, y ahora los jueces deberán decidir si conceden o no”.

“El Congreso ya hizo lo que podía, ahora hay que esperar a que decidan los jueces. Sobre si son constitucionales o no, no se puede decir en abstracto. Habrá casos en que sí y casos en que no. Según a qué oficial se dirijan, porque la Justicia es caso por caso, y aquí hay 2.395”, concluyó.

El diputado por el justicialismo salteño, Juan Manuel Urtubey, confirmó en Radio 10 que a partir de las 14 se esperaba que comenzara la sesión en Diputados. “Lo que vamos a discutir es cuán aplicables son los efectos de las leyes, ahora derogadas, de Obediencia Debida y Punto Final respecto de los que hayan sido beneficiados respecto de los delitos cometidos de lesa humanidad entre los años 76 y 83”, agregó el legislador.

El diputado se mostró en desacuerdo con Jorge Vanossi. “No coincido que el Congreso no tenga efectos prácticos”, aseguró Urtubey, al tiempo que recordó que “Vanossi decía lo contrario cuando era legislador nacional”.

Al respecto, señaló: “No puedo entender cómo se puede creer que nosotros podamos tener un derecho positivo con un mínimo de parámetros de normas éticas y morales”.

“Si bien es cierto que en toda ley el último órgano de interpretación es la Justicia y la Corte Suprema, esto va a determinar si cuando nosotros votemos, por ejemplo, una norma retroactiva y toquemos un derecho adquirido de alguien que fue beneficiado por la extinción de la acción penal vinculado a estos delitos, tiene supremacía otro que no pudo tener acceso a otro bien jurídico, que es el de buscar justicia a través del proceso penal”, explicó.

“Hasta ahora la Justicia viene acompañando estos casos, después de que se sentó jurisprudencia con el caso del juez Cavallo. Por lo tanto, me parece que va avalar una ley que pueda decir eso”, indicó.

“Los delitos contra la humanidad es importante como para que cada uno lo incorpore al derecho positivo, pero tiene plena vigencia por lo que viene diciendo la Corte Interamericana. En el bloque justicialista hay una fuerte discusión respecto de esto. En términos políticos, lo que se busca es permitir la prosecución de la causa y que haya justicia, similar a lo que ocurrió en Chile, cuando un día (Augusto) Pinochet amaneció detenido en Gran Bretaña. En la Argentina tendríamos que tener una actitud madura como esa, sin entrar en discusiones”, completó.