SE DICTARÁ HOY EL FALLO CONTRA ALSOGARAY

Treinta y ocho días después de iniciado el primer juicio oral en su contra, María Julia Alsogaray conocerá hoy el veredicto del tribunal que la juzga por el delito de enriquecimiento ilícito.

Minutos antes de escuchar la decisión judicial, la ex funcionaria menemista será invitada a hacer uso de sus últimas palabras, como se denomina a la posibilidad que tienen los acusados de ejercer la defensa antes del fallo.

“La ingeniera seguramente se expresará”, anticipó a LA NACION una fuente de la defensa. La intervención de Alsogaray está prevista para las 12, horario del comienzo de la audiencia. Luego, los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 3 -Horacio Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino- dispondrán un cuarto intermedio para darle los retoques finales al veredicto.

Alsogaray está detenida desde agosto pasado por otra causa, que fue recientemente elevada a juicio oral y que estará a cargo del mismo tribunal.

El delito que se le imputa a la ex interventora de Entel y de Somisa prevé una pena de prisión de entre dos y seis años y una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Para tomar su decisión, los jueces tendrán en cuenta el fallo de primera instancia, en el que el juez federal Juan José Galeano procesó a Alsogaray; la declaración de casi medio centenar de testigos durante el proceso oral, y los alegatos del fiscal federal Oscar Amirante y de la defensora oficial Pamela Bisserier.

Amirante pidió cuatro años de prisión para la ex funcionaria menemista -lo que implicaría que el arresto sea efectivo y no condicional- y la devolución al Estado de 1.300.000 dólares.

Para fundamentar su acusación, el fiscal cuestionó tres de los argumentos brindados por Alsogaray para justificar el incremento de su patrimonio, que alcanzó los 2.500.000 dólares. Puso en duda un convenio con la empresa Astilleros Alianza, por el que la ex funcionaria dice haber percibido US$ 500.000; la licitud de haber incorporado a su sueldo más de US$ 600.000, y el cobro anticipado de dividendos de una empresa familiar que encabezaba su padre, el ex ministro de Economía Alvaro Alsogaray.

La defensa planteó la inconstitucionalidad de la ley secreta 18.302, que establecía la distribución de fondos reservados durante la década del 90. Y sostuvo que en los otros dos puntos Alsogaray debe ser beneficiada por el principio de la duda.