Se esclarece sólo uno de cada mil abusos sexuales infantiles

Carlos Rozanski, juez federal en La Plata, autor de la Ley Nº 25.852 sobre abuso sexual infantil, analizó la situación que se vive en los casos de sometimiento de los menores. El profesional habló de la compleja realidad que afecta al sistema judicial y a los operadores. Coincidió con otros especialistas en que debe haber un cambio radical, tanto en el modo de trabajar de la Justicia como de los operadores, ya sean psicólogos o psiquiatras.

El magistrado Rozanski, pionero en la investigación de crímenes sexuales contra menores, rechazó de plano las teorías como el “síndrome de alienación parental”, que establece la posibilidad de que los chicos abusados fabulen a instancias de un progenitor, y otras estrategias defensistas que insisten en “revictimizar” a los menores en el proceso judicial como ser la coconstrucción, que consiste en decir que es la madre la que le llenó la cabeza.

Durante siglos los hechos de maltrato y abuso sucedidos en el seno de la familia o grupo conviviente –que es dónde se producen la mayoría de los casos– fueron considerados privados.”

Rozanski señaló que la visión del tema del abuso sexual infantil “siempre ha sido androcéntrica, masculina, de género. Las leyes siempre fueron hechas, interpretadas y aplicadas por hombres. En la inmensa mayoría de los casos las víctimas son mujeres, y en ese contexto es lógico que haya las reacciones que hay. Detrás hay una trayectoria de siglos de discriminación, de maltratos, y sólo se rompe entendiendo cómo es el fenómeno”.

La falta de resolución

Para explicar la dimensión del tema, Rozanski dijo que sólo un 10 por ciento de los abusos se denuncian, y estimó que cada 1.000 casos de abusos denunciados sólo uno se esclarece. En ese orden enumeró las principales características del fenómeno: el secreto, la confusión, la violencia, la responsabilidad, la amenaza y la naturalización, la cuestión pública, la asimetría niño-adulto, las consecuencias físicas y psicológicas, y el develamiento del abuso, que se da en la mayoría de las veces en la escuela y en los centros de salud.

La metodología de investigación

Para el magistrado el abuso se investiga con las características de un robo común. “Hay que sacar a la criatura de la escena y protegerla”, aseguró el impulsor del uso de la Cámara Gesell para entrevistar a menores en la Argentina.

Para Rozanski la resistencia ante los avances en la lucha contra el abuso se refleja en denunciar a los operadores por “mala praxis”. Tal situación, dijo, afecta la tarea de las personas que intervienen tratando de ayudar a las víctimas y está llevando a perder “la batalla”.

El juez afirmó que “el Estado debe intervenir porque se trata de una cuestión pública”, y añadió: “Durante siglos los hechos de maltrato y abuso sucedidos en el seno de la familia o grupo conviviente –que es dónde se producen la mayoría de los casos– fueron considerados privados”, y aclaró: “El reconocimiento de que el abuso sexual infantil lesiona derechos esenciales de los niños, obliga al Estado a actuar en todos los casos de que se tome conocimiento”.

Rozanski habló sobre los peritajes y aseguró que lo ideal sería contar con un equipo interdisciplinario para las entrevistas integrado por un trabajador social, un profesional de psicopatología y un médico, todos con entrenamiento en la problemática y no simples entrevistadores del juez, a fin de reducir el número de entrevistas y de evitar la consiguiente revictimización.

Teorías

nn El magistrado Rozanski, pionero en la investigación de crímenes sexuales contra menores, rechazó de plano las teorías como el “síndrome de alienación parental”, que establece la posibilidad de que los chicos abusados fabulen a instancias de un progenitor, y otras estrategias defensistas que insisten en “revictimizar” a los menores en el proceso judicial como ser la coconstrucción, que consiste en decir que es la madre la que le llenó la cabeza.

Rechazo y apoyo a la castración

La propuesta presentada por el senador mendocino Miguel Serralta (PJ) de practicar la castración quirúrgica o química para violadores provocó fuertes reacciones tanto a favor como en contra. Estas reacciones se polarizan en forma clara. Mientras que la opinión especializada pone reparos a la propuesta por considerar que la alternativa es demasiado extrema, la opinión –a veces poco reflexiva– de los particulares aplaude la iniciativa.
En el primer caso porque se toman como base argumentos jurídicos, morales o religiosos que ven en la castración una práctica aberrante; en el segundo, porque la reacción espontánea de las personas ante el daño que produce una violación lleva a desear el castigo más extremo para el victimario. La castración es el método más ortodoxo, que se aplica en algunos países del mundo para evitar que los violadores vuelvan a ultrajar. Impide la producción de testosterona en el cuerpo inhibiendo de ese modo el deseo sexual.

Desde el punto de vista legal, Mendoza no tiene posibilidades de cambiar el régimen de penas que recibe un violador, porque esto es materia del Código Penal nacional, por lo tanto el resorte para proponer un cambio debería partir del Congreso Nacional.

No obstante, el legislador Serralta –quien propuso la discusión– pretende que mediante una modificación a leyes locales se pueda incluir la castración para condenados por ultrajes a la integridad sexual. De no prosperar esta alternativa, el legislador indicó que va a instar a los legisladores nacionales de su partido para que se hagan eco de la iniciativa en el Congreso Nacional. Además, Serralta pedirá que se avance a nivel nacional en la creación de un registro de violadores, una herramienta que en la actualidad sólo tiene Mendoza y que a nivel nacional, pese a algunos intentos, aún no se concreta.