Causa Ilarraz: A la espera del procesamiento

Hoy no se permitió el ingreso de público a la audiencia. Se debatió sobre el auto de procesamiento del cura Justo José Ilarraz, en la causa por corrupción agravada de menores.

 

Este lunes -por el lapso de una hora y media aproximadamente- querellantes, defensores y el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, dieron sus argumentos a favor y en contra del procesamiento del cura, ante los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado. Según se indicó a Análisis Digital, la semana próxima podría haber una definición. “Más allá de los cuestionamientos de la defensa en torno al trabajo de la jueza Paola Firpo -a cargo de la instrucción de la causa-, entiendo que hay motivos suficientes para confirmar el procesamiento, y que el análisis de la prueba fue correcto”, dijo la abogada querellante Rosario Romero. “Si la Cámara llega a confirmar, creo que estamos en condiciones de llegar este año a juicio oral”, estimó la letrada. Cabe destacar que el tribunal no permitió el ingreso de público a la audiencia, ni siquiera de los propios querellantes, por el tipo de delito.

 

Según lo estipula la ley, la definición sobre la audiencia debe ser a los cinco días. “Vencería este sábado y se prorroga por todo el lunes que viene. Calculamos que a más tardar, el martes a las 8 de la mañana vamos a tener la resolución de los jueces. No lo anunció la sala, sino que es la ley vigente”, aclaró Romero.

 

Tas la audiencia de este lunes, los jueces decidirán si confirman el auto de procesamiento elaborado por la jueza de Transición Paola Firpo, a cargo de la causa por supuestos abusos a menores en el Seminario Menor de Paraná, entre los años 1989 y 1992. “La resolución será por la confirmación o la revocación”, señaló la abogada y estimó: “Creo que van a confirmar, porque entiendo que hay motivos suficientes en razón de que es un auto muy fundado, tiene más de 100 hojas, se analizó bien la prueba, se sacaron conclusiones que tienen que ver con esa prueba. Está bien fundado en todo lo que es el proceso en sí”.

 

La abogada querellante contó que en la audiencia, “la defensa discutió desde su perspectiva, sosteniendo que -el auto de procesamiento- no tiene fundamento, que es contradictorio, arbitrario y que no analizó bien la prueba”. “Nosotros lo defendimos -contrastó Romero-. Defendimos la calidad del acto judicial. Pienso que es un buen auto de procesamiento, que está fundado y que no hay razones para que lo modifiquen”.

 

En la misma línea, la letrada sostuvo que se escuchó “mucho más sólido lo que planteó el fiscal y la querella, en el sentido de que es un auto que se basta a sí mismo, que es muy fundamentado”. “No veo que prospere una cosa así”, dijo, en referencia al cuestionamiento de los defensores Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz y agrego: “Obviamente se prorroga en el tiempo, se demora la causa con estas apelaciones”.

 

“Si la Cámara llega a conformar, entendemos que estamos en condiciones de legar al juicio oral este año. Porque tenemos una situación de mucha prueba en contra de Ilarraz”, asentó Rosario Romero. “Una de las cuestiones que atacó la defensa es que no había testigos de los abusos a los niños, pero habitualmente en estos casos no hay testigos. Lo que reviste una importancia superlativa son los testimonios de las propias víctimas. Además, hubo pericias psicológicas realizadas a cada una de las víctimas. Ninguna de esas pruebas arrojaron que las víctimas fueras personas con problemas de personalidad o mentirosas, sino todo lo contrario, las pericias indican que el testimonio de las víctimas son relatos coherentes y racionales, de hechos que les provocaban sufrimiento, pero de ninguna manera las ponen en duda sobre la credibilidad. La jueza hace valer esas declaraciones, más las de otros testigos que si bien no vieron los abusos, sí rodean al caso y conocieron los abusos por el sumario eclesiástico, allá por 1995”, precisó.

 

En cuanto a la posibilidad de que haya una nueva instancia de apelación antes del juicio, Romero sostuvo que no. “Entendemos que no, porque el auto de procesamiento tiene esta instancia recursiva y muy excepcionalmente puede llegar a Casación pero no es este el caso, porque el imputado no está preso y por lo tanto no tendría otro recurso, entendemos que ahí acaba la discusión del procesamiento. Obviamente que de la sentencia sí hay recurso, pero del procesamiento es hasta aquí, es hasta la apelación”, opinó.

 

En la audiencia de este lunes, el tribunal no permitió la presencia de público, tanto de la prensa como de las propias víctimas querellantes. “Es por el tipo de delito”, explicó Romero. “Justifica juicio oral pero no público porque se discute la situación íntima o personal de las víctimas. Nosotros nos cuidamos mucho de no decir sus nombres, y habitualmente se ha permitido. Pero es un criterio del tribunal que hay que respetar y no lo vamos a discutir”, completó.

 

La Corte, otra vía

 

Paralelamente a esta tramitación sobre el procesamiento en la Justicia entrerriana, a raíz de un planteo presentado por los abogados de Ilarraz, la Corte Suprema deberá decidir si los delitos por los que es acusado el cura prescriben.

 

“No suspende el trámite de las actuaciones principales y por consiguiente se debe continuar con la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por el propio interesado”, expresaron los jueces que ahora deben definir sobre el auto de procesamiento. Asimismo, sostuvieron en su resolución que resulta “inequívoca” la actitud de la Corte Suprema que “ha devuelto las actuaciones principales para la continuidad del proceso”.

 

A finales de abril de 2015, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictaminó que los delitos que se le imputan no están prescriptos, y que por lo tanto debía seguir adelante la causa contra el cura.

 

Ilarraz, quien reside en San Miguel de Tucumán y en los últimos años ejerció su actividad pastoral en Monteros, está acusado por los supuestos abusos ocurridos entre 1989 y 1992. No solo está libre, sino que nunca fue detenido. Siete seminaristas lo llevaron a juicio unidos en una querella: lo acusaron de más de 20 ataques sexuales ocurridos en el dormitorio del Seminario o en diversos viajes de campamento en lugares como Córdoba y Bariloche. Los ataques ocurrían, según los testimonios avalados por la Justicia, en las camas de los menores o en la propia habitación de Ilarraz.

 

Las víctimas denunciaron “padecimientos psíquicos y espirituales, producto de los abusos sexuales y psicológicos cometidos por quien fuera nuestro prefecto de disciplina” y cuestionaron el accionar de la jerarquía de la iglesia en Paraná, que nunca tomó medidas contra el sacerdote y lo mantuvo dentro de la institución.

 

 

Fuente: Análisis Digital