SE FUGA EL 6% DE LOS PRESOS CON SALIDAS TRANSITORIAS

Fernando Gabriel Tejeda tiene 30 años y cumple una condena de 21 años de prisión por homicidio y robo. No obstante, sale de la cárcel dos veces por mes para estar con su familia. A pesar de que le falta una década para recuperar la libertad, regresa religiosamente a su celda del penal federal de Formosa, a la espera de su próxima salida.

Como él, todos los meses, 1836 presos salen de las cárceles federales o bonaerenses bajo palabra, una o dos veces por mes durante 24 o 48 horas para estar con su familia o sus amistades. Pero 114 de ellos, es decir, algo más del 6 por ciento, rompieron su promesa y nunca regresaron a su celda en los últimos 12 meses, según datos oficiales de los servicios penitenciarios Federal (SPF) y Bonaerense (SPB). En ambos regímenes carcelarios hay 33.000 presos, de los 52.000 que están detenidos en todas las prisiones del país.

Cuántos de los reclusos que eluden las rejas o de quienes están unos pocos días al mes en libertad cometen o no nuevos delitos es una cifra negra, pero algunos de los que lo hicieron fueron detenidos robando o murieron durante tiroteos con las autoridades.

Marcelo Troncoso es un ejemplo. Cumplía una condena de 10 años y 8 meses de prisión cuando salió con aquel permiso. Se encontró con que su hijo se había ahorcado y su esposa había muerto por una enfermedad terminal. Nunca más volvió al penal, hasta que mató a un policía el 4 del mes último en el asalto a la sucursal del Banco Río de Retiro. Pero el 6 de julio murió acribillado cuando se resistió a que la policía lo arrestara.

El beneficio de las salidas transitorias está previsto por la ley de ejecución penal que rige en la justicia nacional para los presos que hubieran cumplido la mitad de su condena, cualquiera que fuere el delito por el que se los hubiera declarado culpables. En los presidios de la provincia de Buenos Aires no pueden acceder a estas libertades los condenados por delitos muy graves, como homicidio y violación, secuestro o torturas seguidos de muerte.

Una de las características del sistema es que en la ley federal no importa que el preso sea reincidente, es decir, que tenga más de una condena. Igualmente puede acceder a estas salidas.

El sistema se basa en la autodisciplina y la confianza. Según los jueces que lo aplican, el Ministerio de Justicia de la Nación y el SPF son eficientes a la hora de elegir quiénes pueden salir, pero fracasa para contener al detenido, angustiado cuando regresa de su casa, donde encuentra una familia quebrada o pasando penurias económicas, lo que puede volcarlo nuevamente al delito.

No es delito

A esto se suma otra complicación no prevista por la ley: es delito escaparse de la cárcel, aunque no es delito no volver luego de una salida transitoria. Esto provoca que a lo sumo le signifique al detenido que violó este beneficio una mala nota en su concepto, que le dificultará volver a estar en condiciones de pedir esta licencia. No se lo sanciona, porque el SPF sólo puede imponer un castigo por una conducta que tuvo lugar dentro de la cárcel, explicaron fuentes penitenciarias.

Además del requisito temporal, los detenidos en el SPF deben cumplir tres condiciones: no tener otra causa donde importe su detención u otra condena pendiente, tener conducta ejemplar y que su salida sea aprobada por un comité interdisciplinario de siete expertos del SPF que evalúan su evolución y el beneficio en que redundarán las salidas.

El director del penal, que integra este consejo correccional, debe proponer al juez de ejecución penal darle este beneficio. El juez, con estos antecedentes y el dictamen favorable del fiscal, le concede así la salida al detenido.

“Estoy atado a este dictamen y no tengo otros elementos para decidir. No puedo negarle el beneficio, porque caería en una arbitrariedad”, explicó a LA NACION el juez de ejecución penal Eduardo González Ferrari. Una alternativa es pedir una opinión al Cuerpo Médico Forense, pero los expertos dictaminarán sobre el estado de salud del paciente; no puede tener elementos para analizar cómo evolucionó en el penal.

Una ley, la 24.121, que reorganizó la Justicia con los juicios orales, creó hace 14 años un comité de diez expertos psicólogos dependiente del Poder Judicial, para que la Justicia tenga su propia opinión antes de disponer una libertad como ésta. Pero ese grupo nunca funcionó.

No obstante, mediante otra ley, la 26.070, de enero de este año, se duplicó a veinte la cantidad de médicos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales que siguen sin existir, a pesar de que la norma le da al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, “superpoderes” para reasignar partidas presupuestarias para este fin.

De manera extraordinaria, los detenidos pueden acceder a una salida de 72 horas. Cada tres meses, el consejo correccional revisa la conducta y el concepto de los presos que están en condiciones de acceder a este beneficio y recomiendan o no que accedan a la salidas.

“Lo que quiere el legislador es que quien demuestra que acata las normas tenga una paulatina reinserción social y apuesta a la confianza. Pero ¿hasta qué punto no se peca de extrema confianza?”, se pregunta el juez González Ferrari.

El fenómeno que se da es que aquellos presos que están próximos a obtener la libertad condicional, una salida anticipada o que están cerca de cumplir la pena generalmente cumplen y vuelven al penal, pero aquellos que reciben este beneficio, cuando les resta un largo período de tiempo en prisión por lo general no regresan.

¿Hay corrupción para calificar mejor a los presos y permitir sus salidas? “No me consta, y no creo que sea así”, dice el juez González Ferrari. “El margen es muy chico”, completan en el Ministerio de Justicia, donde apuntan que, eventualmente, para ello, sería necesario sobornar a no menos de siete personas, lo que está lejos de las posibilidades de un detenido promedio, de escasos recursos.

Fernando Gabriel Tejeda espera ansioso su próxima salida. Será el 18 de este mes, y está especialmente concedida para que asista al primer cumpleaños de su hija Florelia Anahí, fruto del matrimonio con Claudia Pintos, con quien se casó en 2003, estando en prisión (sobre lo que se informa aparte). Entre salida y salida, espera cumplir su condena. Y poner un taller de chapa y pintura, como sueña.