SE INICIA LA OCTAVA JORNADA DEL JUICIO POR KOSTEKI Y SANTILLÁN

La octava jornada del juicio por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán será retomada hoy con las declaraciones de cuatro nuevos testigos.

A partir de las 9 se espera el testimonio de algunos de los prefectos que actuaron en la represión del 26 de junio de 2002 sobre el Puente Pueyrredón, muchos de los cuales ya declararon el lunes último.

Entre los citados se encuentra Rubén Mario Cazco, quien comandó a uno de los grupos que se apostaron sobre el acceso que une la Capital Federal con el conurbano bonaerense, en el marco del operativo de seguridad para que los piqueteros no corten el puente durante la protesta en la que preveían “sitiar” virtualmente la metrópolis cortando todos sus accesos desde provincia.

Este grupo, según declararon algunos de sus integrantes la semana última, se desplazó desde el Riachuelo hasta la base del Pueyrredón.

Es decir sobre la ex Pavón, justo frente al hipermercado Carrefour donde fue asesinado Kosteki, crimen por el que están siendo juzgados el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, quien entonces era su chofer.

El objetivo, entre otros puntos, es determinar el momento preciso en que los prefectos se establecieron frente a ese supermercado.

Esto se debe a que la defensa sostiene que Kosteki no fue alcanzado por una bala de la Bonaerense y que podría haber sido asesinado por “infiltrados o por algún efectivo de las filas de la Prefectura”, que se encontraban en el lugar.

Amílcar Chiodo, representante de Fanchiotti, aspira al menos a establecer la duda respecto de dónde partieron los proyectiles que dieron muerte a Kosteki, alrededor del mediodía del 26 de junio.

Esta es la única carta que le queda por jugar a Chiodo para desvincular a su cliente de ese homicidio, luego de sus primeros intentos por recusar al Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora que lleva adelante este juicio.

Esto no será sencillo, teniendo en cuenta la abundante prueba fílmica y fotográfica que existe en el caso aportada por medios de comunicación, donde se ve a Fanchiotti avanzar junto a Acosta disparando contra los manifestantes.

Asimismo, lo que surge de los testimonios anteriores debilita esta teoría, puesto que los prefectos declararon haber pisado la avenida Hipólito Yrigoyen “cuando ya todo había pasado y casi no había piqueteros en el lugar”.

Mientras que el interés de la querella pasa por establecer nuevos indicios que ameriten ampliar la investigación y ascender en la escala de responsabilidades hasta el mismo Eduardo Duhalde, entonces jefe del Ejecutivo Nacional.

En este marco se inscriben las mismas declaraciones que los prefectos realizaron la semana pasada, en las que aseguraron que al llegar al puente, unas tres horas antes de que comenzara la manifestación, su acceso ya estaba “completamente cortado” por personal policial.

Esto evidencia, según la querella, la existencia de un plan coordinado para desarmar al movimiento piquetero que desbarataría la idea de que “los policías actuaron solos respondiendo las órdenes de un desacatado”.

Por otra parte, siguen pendientes dos cuestiones a las que ya dio el visto bueno el Tribunal: poner a disposición de las partes los archivos de la SIDE que se ordenaron abrir mediante decreto presidencial hace 15 días, y las grabaciones de los testigos que ya desfilaron por la sala de audiencias.

En este proceso también esta siendo juzgados los ex policías Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Collman, todos acusados por encubrimiento; además del civil Celestino Robledo, acusado de usurpación de títulos y honores por ejercer el rol de policía por detener y perseguir manifestantes.

La represión policial de 26 de junio de 2002 dejó un saldo de dos muertos y 33 heridos con balas de plomo, y obligó al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar seis meses las elecciones generales.