SE QUEDÓ SIN PRESOS UNA CAUSA POR DROGAS A CARGO DE FARIZ

Entre el 18 y el 19 de agosto pasado, la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía santafesina realizó más de una decena de allanamientos en Rosario en el marco de una causa por narcotráfico que tramitaba el cuestionado juez federal de Reconquista Eduardo Fariz y cuyo principal imputado, un santiagueño residente en la zona sur de esta ciudad, ya había sido sorpresivamente liberado. En los operativos fueron detenidas 20 personas, la mayoría de las cuales fueron trasladadas a la ciudad del norte provincial. Sin embargo, el juez subrogante Virgilio Palud se declaró incompetente y decidió ayer la libertad de 18 de los apresados además del traslado de los expedientes al juzgado Federal rosarino. A dos de los excarcelados les dictó la falta de mérito y a los demás les imputó “tenencia para consumo personal”.

La causa madre por la que los 20 rosarinos habían sido detenidos se inició en mayo de 2004 cuando Ismael Leonardo Tolosa, de 30 años, fue apresado en un retén policial en el cruce de las rutas 39 y 2, en cercanías de San Cristóbal. El hombre trasladaba 40 kilos de marihuana disimulados en 64 cajas de tetra break de leche de soja. El narco quedó a disposición del juez Fariz pero a comienzos de agosto, cuando el magistrado era subrogado por al abogado Hugo Rebecchi, Tolosa recuperó la libertad y se le perdieron los pasos.

Sin embargo, la Brigada de Drogas Peligrosas ya tenía en su poder varias ordenes de allanamientos emitidas por Fariz y puso el operativo en marcha. A lo largo de tres días, los pesquisas realizaron numerosos operativos en distintos puntos de la ciudad y apresaron a 20 personas además de secuestrar marihuana, cocaína y hachis en dósis pequeñas en cada uno de los domicilios requisados.

Irregularidades
Todos los apresados fueron llevados entonces a Reconquista pero el juez subrogante Virgilio Palud decretó ayer la nulidad de los allanamientos y las indagatorias hechas a los detenidos. Según explicó Paul Krupnik, defensor de dos de los acusados, la medida obedece a gruesos errores cometidos en los procedimientos y en las indagatorias.

El Código Procesal Penal Federal estipula que en cada allanamiento debe haber dos testigos que acompañen a la policía lugar por lugar y ambiente por ambiente que se requisa. “Eso no ocurrió, siempre ingresó primero la policía y después los testigos. Además, cuando el testigo estaba en un ambiente la policía encontraba droga en otro y los uniformados no revisaban todos los sectores de los domicilios sino que casualmente iban a los precisos lugares donde se hallaba presuntamente escondida la droga”, dijo Krupnik a La Capital dando a entender que habría sospechas acerca de que “la droga fue plantada por la propia policía”.

Respecto a las indagatorias, el profesional manifestó que cuando a sus defendidos se les tomó declaración “se omitió hacerles saber las pruebas que obraban en su contra. Sólo les leyeron las actas de secuestro pero no les mostraron lo hallado ni les exhibieron las filmaciones o les hicieron oir las escuchas telefónicas en las cuales se basaba la policía para acusarlos”.

A partir de todo esto, Krupnik consideró que “si es nulo el procedimiento y es nula la indagatoria, la causa debería caerse”. Y eso quedó explicitado en el fallo del juez Palud, quien entendió que no hay prueba alguna que sostenga la relación entre los detenidos y el narco Tolosa. Por eso los desvinculó de esa investigación y les imputó la tenencia para consumo personal, un delito por el cual se declaró incompetente y envió los expedientes al juzgado Federal de Rosario para que continúe con la investigación.