Se suspendió la indagatoria a Barcos

Un importante avance tuvo una de las causas que investiga la represión ilegal en Santa Fe. Amalia Ricotti pudo identificar a Barcos en una rueda de reconocimiento ordenada por el juez Reinaldo Rodríguez quien además ordenó la detención del acusado en la Unidad Penitenciaria de Las Flores. El magistrado tambien dispuso tomarle declaracion indagatoria a Barcos esta mañana, cerca de las diez horas, aunque pasado el mediodía se informó que la misma pasó para la jornada de mañana.

Después de casi dos años de judicializar su denuncia y ampliar sus relatos, la bibliotecóloga Amalia Ricotti tuvo la oportunidad de identificar a quien ella señaló como el hombre principal de la patota que la secuestró junto a su esposo el 16 de mayo de 1976. El juez Reinaldo Rodríguez reactivó el expediente en los últimos meses y dispuso una rueda de reconocimiento en la que se expusieron, entre otros hombres adultos –de aproximadamente 50 años- el santotomesino Horacio Américo Barcos, alias “Quique”.

Según Ricotti, fue Barcos el que la secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo José Alberto Tur por espacio de 15 días. El denunciado vive en un Pasaje Público en la ciudad de Santo Tomé, ubicada a escasos 5 kilómetros de la capital santafesina. La mujer le dijo al juez que varias veces había identificado a Barcos en la peatonal santafesina y  que lo vio “entrando y saliendo”  del edificio de la actual subsecretaría de Seguridad Pública. El relato más próximo de Ricotti tiene como contexto una cola de banco en donde se cruzó con el denunciado y le espetó: “Vos sos Quique (…) le temblaban las manos y me contestó ‘no señora, yo soy Horacio’”.

La mujer que reconoció una vez más al sospechoso dijo que una noche –en pleno cautiverio- dos integrantes de la patota que habían quedado de guardia se pusieron a jugar a los “cowboys”. Enfundaban y desenfundaban sus armas de puño y los dos estaban alcoholizados. “De pronto se escuchó un disparo y sobrevino un profundo silencio”, contó. “Uno de ellos, al que llamaban ‘Oca’, le dijo a ‘Quique’ que qué había hecho. Tras el episodio se acercaron a una radio y se escuchó decir ‘Fábrica llama’ y después vino ‘Quique’ y me dijo: ‘esto se va a llenar de gente y si vos contás algo sos boleta’”.

Según los datos que pudo obtener la justicia, sumado a los que aportó Ricotti, el denunciado se desempeñó en distintas tareas gremiales en la década del setenta, vinculándose a gremios como la UOCRA- en santo Tomé – a la par de quien fuera unos de sus principales dirigentes, Rubén Gaziano, alias “el mono”.

Barcos debía pasar por la rueda de reconocimiento en los últimos días de septiembre, pero fue internado en un sanatorio privado y su abogado -Néstor Oroño- solicitó la postergación de la medida.

La denuncia motivó audaces diligencias judiciales que incluyeron un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, cuya respuesta habría aportado información reservada – y sumamente importante – sobre personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. El Poder Judicial santafesino se encontró sorprendido hasta dónde era capaz de brindar elementos valiosos el Ministerio de Defensa y la importancia de merituar esos datos, estrictamente confidenciales, a la hora de establecer las responsabilidades de los imputados.

TAMBIÉN MONTTI

Otro indagado será el ex secretario del Juzgado Federal de Santa Fe entre 1975 y 1979. Víctor Manuel Montti debía declarar el lunes, pero un ardid de su defensor técnico impidió que la medida se lleve adelante. Contra el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y los pasos procesales, el abogado de Montti impugnó la citación a indagatoria que fue rechazado in limine por el conjuez de la causa recaratulada como 152/07 (ex 311/02). Leandro Corti evitó dilatar los tiempos y pospuso la audiencia para este jueves 11 en los Tribunales Federales. Montti, que vive en la calle Arenales, en la balnearia ciudad de Mar del Plata, puede ser careado por uno de sus denunciantes, el ingeniero agrónomo Roberto Cepeda, quien el lunes amplió su denuncia y se encontró con una documentación muy valiosa: el acta policial donde consta su declaración en esa sede, firmada bajo torturas y apremios. Lo impactante es que el propio Montti acompañe con su firma el relato, puesto que había negado antes un encuentro con Cepeda en las circunstancias que este último denunció.

El proceso tiene un antecedente judicial que se remonta a febrero de 1984, cuando el entonces Fiscal Federal Jorge Bruno le solicitó al juez Héctor Trippichio que archive las actuaciones de las denuncias contra Montti realizadas por Orlando Barquín y Francisco Klaric por considerar que los delitos habían prescriptos y que las denuncias no eran lo suficientemente categóricas. Un funcionario del Ministerio Público consultado por Notife dijo que “ahora se reactivan estas denuncias, un funcionario judical no puede hacer caso omiso a denuncias de personas que habían pasado por sesiones de torturas, más teniendo en cuanta que Montti era el secretario del juzgado y no Brusa, que ocupaba un cargo menor, pero que igualmente tuvo participación, como pudimos comprobar”. Barquín, cuyo testimonio fue vital en el Jury del Consejo de la Magistratura que destituyó a Brusa como Juez Federal de la democracia, le dijo a este portal que “la semana pasada amplié mi declaración en esta investigación y ratifiqué todo lo que había denunciado en diciembre de 1983. Montti tuvo un rol principal sobre todo cuando bajo tortura me obligaron a firmar una declaración en la que yo mismo me incriminaba. Él conocía todo lo que sucedía”. Otro de los santafesinos que señaló a Montti como pieza principal del engranaje represivo fue Rubén Maulín que declaró ante la Conadep que “cuando nos tomaban declaraciones indagatorias en la seccional 4ta, en presencia del Juez Mántaras y los secretarios (Víctor) Montti y (Víctor Hermes) Brusa, nos encontrábamos desclazos, mojados y con signos de haber recibido apremios de todo tipo, y como ignorando nuestro estado nos preguntaban si habíamos sido objeto de malos tratos y ante nuestra respuesta afirmativa respondieron que ‘la habíamos sacado liviana’”.

Montti llegó a ser Fiscal ante la Cámara Federal en Mar del Plata, una ciudad en donde el propio Colegio de Abogados impulsó los juicios por la verdad a partir de una experiencia trágica conocida como “la larga noche de las corbatas”. El episodio es conocido así porque, entre la tarde del seis y la madrugada del trece de julio de 1977 fueron secuestradas en Mar del Plata once personas, entre ellas varios abogados.

La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses- Maria Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el Dr.Camilo Ricci y el Dr.Carlos A.Bozzi sobrevivieron a aquellos trágicos días. La simultaneidad del secuestro de seis abogados en solo dos días, y el alojamiento de los mismos en las instalaciones del viejo radar situado en la Base Aérea cercana a la ciudad de Mar del Plata, bautizó a esa noche como “la noche de las corbatas”, según lo detallado por las crónicas escritas en la democracia.

MÁS CERCA DEL JUICIO ORAL

El martes, el conjuez de la “causa Brusa”, Leandro Corti le corrió vista a las defensas técnicas de los imputados en el marco de la pretendida elevación a juicio del expediente. La investigación fue desacumulada por Corti, tras declarar la nulidad de lo actuado por el juez Federal Reinaldo Rodríguez desde que se despachó el decreto del 5 de abril de 2006 hasta el 20 de marzo de este año. Pero lo resuelto por el conjuez fue apelado por el Fiscal ad hoc Eduardo Grioglio que empujó al desmembramiento del expediente. La medida no fue dilatoria, si se tiene en cuenta que la instancia permite elevar a juicio una parte del proceso en todos los casos, menos el de Juan Orlando Rolón (contemplado en el período donde se pide la nulidad) y el Nicolás Correa (quien falleció el 15 de agosto).

“El proceso puede resolverse con un auto de elevación a juicio, independientemente de las objeciones que hagan los defensores de los imputados”, dijeron desde los Tribunales Federales. Esta parte de la investigación judicial alcanza los casos de Eduardo Ramos, Mario Facino, Domingo Marcellini, Víctor Brusa, Héctor Romeo Colombini, Juan Perizotti y María Eva Aebi.