SE VIENE LA REFORMA POLICIAL

El obeidismo empezó a definir líneas generales del futuro gobierno que se hará cargo de la provincia a partir del 10 de diciembre. En una de las primeras reuniones del gobernador electo con su núcleo más íntimo de colaboradores se acordó volver a trabajar sobre la reforma policial y la de los códigos Procesal Penal y Civil, así como jerarquizar al máximo el área que se encargue de atender los problemas hídricos de la provincia.

Se trata de decisiones políticas importantes que los equipos de trabajo del gobernador electo trabajarán en los más de dos meses que quedan de transición.

Mientras que la jerarquización de las áreas que atienden los problemas hídricos responde a un problema más o menos nuevo, las reformas a la policía y a los códigos son cuentas pendientes que vienen de la primera administración de Obeid.

Tres días antes de la elección, el mandatario que asumirá en diciembre había anunciado durante una entrevista con El Ciudadano que uno de sus primeros pasos en el gobierno sería girar a la Legislatura un pedido de reforma a la ley de ministerios porque además de crear la Secretaría de Derechos Humanos y elevar el rango de la actual Subsecretaría de Cultura, pretendía crear el Ministerio de Asuntos Hídricos para atender los innumerables y graves problemas que afronta la provincia en ese sentido.
Pero fuentes del sector del gobernador electo confirmaron lo que muchos intuían: que el gobernador electo está dispuesto a impulsar la reforma policial que no fue posible en su primera gestión aunque la idea original aún debe revisarse y seguramente practicarle algunos cambios.

Los proyectos de reforma al Código Procesal Penal y a la policía fueron enviados en 1997 a la Legislatura pero no prosperaron ante la infranqueable oposición del reutemismo, que en ese entonces había decidido bloquear todas las iniciativas del Ejecutivo a excepción de la privatización del Banco Provincial y los presupuestos anuales.

Aquellos proyectos proponían dar la conducción de la policía al poder político por completo eliminando la jefatura provincial y produciendo modificaciones en la carrera policial: se pensaba en modificaciones a los mecanismos de ascensos, profesionalización de la fuerza e instauración de una carrera única dejando de lado la diferenciación entre suboficiales y oficiales.

A la vez se había propuesto la reforma del Código Procesal Penal a través de un proyecto elaborado con la colaboración de los camaristas Julio de Olazábal y Ramón Ríos y el abogado penalista y profesor universitario Víctor Corvalán. En el mismo se proponía pasar del actual sistema inquisitivo –en la práctica el fiscal es casi un auxiliar del juez– hacia otro acusatorio, en el que los fiscales son los que emprenden la investigación y el juez garantiza la imparcialidad de la instrucción.
Ese proyecto tenía además otro punto que la sociedad reclama desde hace tiempo: la oralidad del juicio.

De todos modos, la necesaria reforma al Código Procesal Penal fue tomada por el gobierno de Carlos Reutemann que, en conjunto con jueces y profesionales, impulsó una serie de modificaciones que si bien no son las mismas que las del proyecto de 1997 encaminan la oralidad del juicio y nuevas funciones para los fiscales. Este proyecto podría recibir sanción antes del 10 de diciembre.

La decisión de actualizar las propuestas de aquella primera gestión ahora deberá pasar por las manos del propio gobernador y, obviamente, deberá ponerse a consideración del próximo ministro de Gobierno, cuyo nombre aún no se conoce. En el caso del Código Procesal Penal deberá evaluarse en base a lo que sancione próximamente la Legislatura.