SECUESTROS: SE INVESTIGAN LLAMADAS DE LA CASA ROSADA

Los contactos de organizaciones delictivas investigadas por secuestros extorsivos, homicidios y otros delitos graves que conmocionaron a la opinión pública en los últimos tiempos llegan hasta la Casa Rosada. Así, por lo menos, surge del informe confidencial acercado al presidente Néstor Kirchner y al gobernador bonaerense, Felipe Solá, por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo de la Cruz.

“Hemos detectado 4000 llamadas entrantes y salientes entre teléfonos investigados en 200 causas penales y líneas registradas en Balcarce 50, en la Casa de Gobierno, y en Azopardo 250, donde está el edificio Libertador (sede del Ministerio de Defensa y del Ejército)”, afirmó De la Cruz. Las llamadas que se están analizando fueron realizadas desde 1997 hasta hace pocos días, tal como se informó en la edición de ayer.

Consultada sobre las graves sospechas que pusieron en estado de alerta a los gobiernos nacional y bonaerense, una alta fuente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación le restó importancia al tema. “Hasta ahora, la información que analizamos nos parece inconsistente”, dijo.

Pero la preocupación existe en los despachos de los más encumbrados funcionarios de ambos gobiernos y de la jefatura del Ejército. Como se informó ayer, desde hace varios días se realizan reuniones secretas para analizar el asunto. Cómo se adelantó en la edición de ayer LA NACION, hace una semana se encontraron el Presidente y gobernador Solá para analizar los documentos judiciales. Resolvieron seguir adelante con la investigación, con el propósito de probar la supuesta conexión entre bandas de delincuentes, la Casa Rosada, el Ministerio de Defensa y el Ejército.

Kirchner le ordenó al ministro de Defensa, José Pampuro, que analizara los supuestos contactos telefónicos entre gente investigada y el edificio Libertador, confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada.

“Hay llamados que entran por conmutador y se bifurcan por decenas de números distintos dentro del edificio. Lo mismo pasa en la Casa de Gobierno. Resulta ilógico pensar que haya tantos contactos dentro del Ejército o el gobierno. Son más de 100 líneas”, dijo un funcionario muy cercano al Presidente.

Entre los allegados a Kirchner se divulgaba ayer la idea de que los datos incluidos en la investigación responden a una operación política de sectores de la policía bonaerense para “diluir la responsabilidad” por la crisis de la seguridad.

Sin embargo, el primer funcionario nacional que se refirió al problema públicamente, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, no habló de operaciones. Aseguró anoche por América TV que el gobierno iba a investigar “a fondo” y que no podía negar las conexiones porque surgían de una investigación judicial. No obstante, tampoco ratificó los vínculos.

“La conexión existe”

Por su parte, De la Cruz dijo que “la conexión existe, y tenemos elementos probatorios contundentes. Las líneas telefónicas no ingresan azarosamente en el sistema de análisis de las comunicaciones. Cuando se detecta un número telefónico usado por delincuentes en algún hecho, la Justicia ordena los correspondientes cruces telefónicos. Fue justamente al analizar estos cruces cuando se detectó el vínculo entre organizaciones delictivas y algunos elementos enquistados en la Casa Rosada, el Ministerio de Defensa y en el Ejército. Esta información consta en las causas judiciales”.

Estos vínculos telefónicos fueron detectados por efectivos de la Dirección de Análisis y Apoyo para las Investigaciones en las Comunicaciones, a cargo del comisario Hugo Matzkin.

Estos policías especializados en informática elaboraron un sistema de entrecruzamientos telefónicos que permite relacionar todas las causas penales en las que la Justicia haya pedido los correspondientes análisis. Así fue como se descubrió la conexión.

Los números telefónicos de la Casa Rosada y del Estado Mayor del Ejército aparecieron en los entrecruzamientos pedidos por la Justicia en las causas abiertas por los secuestros de Cristian Riquelme, Leopoldo Astrada, Federico Virasoro, Diego Lobeto, Cristian Da Dalt, Pablo Belluscio, Juan Carlos Cirelli, y Antonio Echarri, entre otros.

Un ejemplo: En el caso Riquelme figuran 13 comunicaciones del Ejército y 64 con la Casa Rosada. Según los cruces, desde el Ejército se llamó a una empresa de seguridad perteneciente a un ex capitán de la fuerza. Esta empresa de seguridad, a su vez, se había comunicado con uno de los sospechosos de perpetrar el secuestro.

También desde el Ejército se llamó a los “bolseros” que vendieron los celulares usados durante el rapto del hermano del futbolista y al hombre que habría reunido los 160.000 dólares para pagar el rescate.

A su vez, hay decenas de comunicaciones entre un teléfono de Balcarce 50 y la mencionada empresa de seguridad, lo que despertó la inquietud de los investigadores.

“Esta firma aparece involucrada en otros secuestros y en algunos asaltos a mano armada. Ordenamos un allanamiento y nos encontramos con que en la dirección de la empresa no había nada”, dijo un investigador judicial.

Pesquisas por homicidio

Las líneas telefónicas de Balcarce 50 y Azopardo 250 también aparecen en homicidios, como los de Verónica Chávez, Ana María Nores y Silvana Caraballo, las prostitutas de Mar del Plata que desaparecieron entre 1997 y 1998. Por este caso fueron detenidos nueve policías. El procurador De la Cruz -se dijo- afirmó que en la estructura delictiva hay elementos de la fuerza bonaerense.

En el caso Chiaradía-Iglesia, la pareja de novios que fue asesinada en septiembre de 2000, hay 22 comunicaciones de la Casa de Gobierno que son investigadas y otras 20, del Edificio Libertador.

Más homicidios: los del ex comisario Jorge Piazza; el secretario de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Felipe Glasman, y el joven Juan Manuel Canillas, secuestrado y asesinado la noche del 12 de julio de 2002 por tres delincuentes. Todos, casos resonantes.

También hubo, según los documentos judiciales, en causas abiertas por asociación ilícita, encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, amenazas y robos, entre otros delitos.

Según el titular del Ministerio Público provincial, desde Balcarce 50 y Azopardo 250 se “brinda protección, logística, armas e inteligencia a las organizaciones delictivas”.

En efecto, se han detectado bandas que cuentan con armamento que podría haber salido de los arsenales de las Fuerzas Armadas, como se informa por separado.

De vieja data

De la Cruz aclaró que no se trata de un problema del gobierno de Kirchner, sino que el mecanismo está en práctica desde mucho tiempo antes. Hasta ahora, como se dijo, se analizaron cruces telefónicos desde 1997, y se intenta ir más atrás en el tiempo.

Es decir: las conexiones telefónicas también existieron durante las gestiones de los presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. “Es una estructura poderosísima que funciona independientemente del gobierno, pese a que quienes la manejan están dentro del Estado”, dijo De la Cruz.

Un investigador que trabaja en el grupo especial conformado para investigar el caso confió a LA NACION que la estructura se completa con la participación de policías y, por lo menos, una agencia de seguridad privada que pertenece a un capitán retirado del Ejército. “Ya tenemos dos policías identificados. Y creemos que hay más”, dijo la fuente.

El procurador ratificó la versión: “Es cierto. También hay gente de la bonaerense. La relación entre la policía no es nueva. Comenzó durante la última dictadura. Por eso, sospechamos que también hay militares retirados en la maniobra”, dijo.

Tanto en el entorno de Solá como en el de su ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, no quisieron ayer hablar del problema. Sus allegados coincidieron en que el poder político no debe intervenir. “El caso está en manos de la Justicia”, dijo un vocero.