SEGÚN EE.UU., SON 22 MIL LOS MUERTOS O DESAPARECIDOS

Veintidós mil personas habrían muerto o desaparecido en la Argentina entre 1975 y mediados de 1978, según revela un informe del agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia, que forma parte de un conjunto de documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano que fueron difundidos el miércoles en Washington y ayer en Buenos Aires.

La documentación fue revelada ayer a la tarde en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en un encuentro organizado por el programa latinoamericano del Woodrow Center y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), quienes dieron a conocer los archivos obtenidos por The National Security Archive, una ONG norteamericana que se dedica a la desclasificación de documentos.

Uno de los expositores, John Dinges -de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York- dijo que “a mediados de 1978 Arancibia informó a su superioridad en Santiago de Chile que el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, que funcionaba en Callao y Viamonte, daba cuenta de un total de 22 mil personas muertas y desaparecidas desde 1975 hasta la fecha, en un listado con nombres oficialistas y no oficialistas”.

Dinges recordó que “hasta ahora la única fuente fidedigna de cifras de muertos y desaparecidos era el informe de la Conadep que contiene un listado de 9 mil personas con nombres y apellidos, fechas de detención y otros datos”, mientras que organizaciones de derechos humanos “hablan de 30 mil desaparecidos, pero carecen de listados de nombres”.

Según otros informes, se contabilizó que unas “800 personas promedio por mes fueron desaparecidas durante el transcurso del año 1976”.

Los documentos desclasificados también revelaron reuniones secretas en octubre de 1976 entre el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y el canciller de la Junta Militar argentina, almirante César Guzetti, en las cuales el funcionario norteamericano dio luz verde a la represión de la dictadura militar, y pidió al gobierno de Jorge Rafael Videla que terminará rápidamente el trabajo para evitarle problemas al Congreso de su país.

Cambio de posición
Por su parte, Carlos Osorio, del National Security Archive, explicó que el gobierno de Jimmy Carter -que siguió al republicano de Gerald Ford, del cual Kissinger fue el secretario de Estado- “tuvo la intención de implementar una política para los derechos humanos” y que los documentos revelan “unos 100 casos de opción; es decir de sacar gente del país y llevarla a los EEUU para que se salvaran”.

“Aunque estas son las cifras comprobables, deben haber sido más. Salvaron cientos de vidas directamente”, dijo Osorio.

En tanto, Horacio Verbitsky, del Cels, señaló que los informes desclasificados “demuestran que ningún país, ni Estados Unidos ni Francia, son responsables ni salvadores de lo que ocurrió en Argentina” y que “es responsabilidad nuestra, aunque con una enorme influencia de fuerzas externas”.

Diferenció que mientras el gobierno de Ford y Kissinger tuvo “una actitud de complicidad” con la dictadura militar en Argentina, el de Carter “mantuvo una actitud crítica, distinta a la del gobierno republicano, que posibilitó la visita de la Cidh en 1979, en lo que significó el principio del fin del Proceso”.

Por otra parte, abogó para que en Argentina se apruebe una ley de acceso a la información que permita la desclasificación de archivos del país. “Aún no hemos conseguido documentación de quienes más saben sobre el tema”, señaló.

Arancibia, el ex agente de la Dina chilena, cumple una condena en Argentina por el atentado contra el general Carlos Prats y su esposa, perpetrado en Buenos Aires, que le costó la vida a ambos.