SEGURIDAD: SAN PABLO RATIFICA UN PEDIDO DE AYUDA A LA ARGENTINA
El gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, llegó a ese máximo cargo ejecutivo en abril pasado, después que Geraldo Alkmin, actual candidato a la presidencia de Brasil, debió renunciar para participar de las elecciones del 1ø de octubre próximo. Después de asumir, a Lembo le estallaron en las manos dos rebeliones consecutivas —primero en julio y luego en agosto— protagonizadas por la misma organización: el Primer Comando de la Capital. Para el gobernador, se trata de una facción delictiva que maneja el tráfico local de drogas pero que despliega métodos “parapolíticos” de enfrentamiento con el poder.
En una entrevista exclusiva con Clarín, ayer, en San Pablo, Lembo ratificó que el PCC tiene ramificaciones en los países vecinos. Sin embargo, sostuvo que “en este momento” no tiene indicios de su presencia en Argentina y en Uruguay. Pese a que el lunes su vocero negó a esta corresponsal que el gobernador hubiera hecho un pedido al Gobierno argentino, Lembo confirmó ayer que sí había solicitado, en julio último, al ministro de Justicia de Brasil, Marcio Thomas Bastos, que a través de la Cancillería brasileña se requiriera la colaboración del Gobierno argentino, uruguayo y de otros países de la región. Subrayó que ya mantuvo conversaciones sobre el PCC con los cónsules de Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Dijo que estos cónsules preparan una amplia reunión para debatir el tema. «8—¿Qué propuesta hizo a los diplomáticos?
—Propuse, y hoy reiteré públicamente, que debemos integrar nuestras inteligencias. El cónsul de Uruguay confirmó que van a convocar a una reunión de los consulados. Le quiero señalar que su artículo en Clarín (publicado el lunes) fue bueno porque alertó sobre el problema regional.
—¿Cuál es su idea?
—Mi idea es que haya un intercambio fuerte de información entre las policías.
—¿Eso sería a través del gobierno federal o la idea es hacerlo a través de gobiernos y policías provinciales?
—Esto debe hacerse de dos maneras: a través de la Policía Federal, pero también en situaciones muy difíciles, de punta, se debe permitir que las propias policías provinciales de los distintos países intercambien informaciones. Sobre todo, con las naciones limítrofes. Básicamente Uruguay, Paraguay y Argentina.
—¿Hay algún indicio de existencia de bases del PCC en Argentina y Uruguay?
—Basta ver lo que pasó el lunes: la policía paraguaya secuestró una enormidad de armas en Pedro Juan Caballero. En este momento no tengo ningún indicio de Argentina. Pero usted puede estar segura de que por nuestras fronteras secas vamos a encontrar de todo. Por otro lado, tenemos un chileno preso (Fernando Norambuena, detenido en 2001 por el intento de secuestro del publicitario brasileño Washington Olivetto) que fue guerrillero en su país y un secuestrador peligroso en Brasil. Por tanto, hay presencia de delincuentes internacionales en territorio brasileño.
—Pero el caso de Norambuena ocurrió hace 6 años…
—El estatuto del PCC fue elaborado por Norambuena. El fue el primer agente de esa formación más científica del delito.
—¿Significa que el delito organizado tiene base política?
—No. Estoy en contra de decir eso. Delito es delito: no tiene base en ningún partido político. Quiero decir que estamos ante una situación dramática de delitos tales como tráfico de drogas, de órganos, de mujeres.
—Usted seguramente está al tanto de las investigaciones de la Comisión Parlamentaria que estudia el tráfico de armas. Esta CPI menciona una red de contrabando con bases en Buenos Aires y Montevideo.
—Es inevitable que eso ocurra. Hay una forma de comunicación por tierra muy fácil entre nuestros países. Entonces, tenemos que cuidarnos.
—Usted dijo que había pedido que la Cancillería brasileña solicite a la Argentina una colaboración más estrecha en inteligencia. ¿Hubo algún resultado?
—No sabría responderle. No volví a preguntar a Bastos sobre ese tema. Sin embargo, yo hablé con los cónsules de EE.UU., de Argentina y de Uruguay.
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