SEIS DE CADA 10 MUJERES PRESAS CAYERON POR TRANSPORTAR DROGAS

En las cárceles federales argentinas hay hoy 1.112 mujeres presas, un número diez veces mayor que el de dos décadas atrás. Casi toda la diferencia la explican los delitos ligados a las drogas: 701 de esas mujeres (63%) están encarceladas por causas sobre narcotráfico. De ellas, 210 son extranjeras.

Los números son oficiales, y confirman una tendencia que se mantiene desde principios de los noventa. A fines de 1989, las mujeres presas eran 231, y representaban el 5,6% de la población carcelaria. Hoy, son el 11,5%, y la cantidad de detenidas por drogas representa por sí sola el 7,2% de los 9.688 prisioneros alojados en las cárceles federales.

La mayoría de las 701 mujeres son “mulas” o “correos” pagadas por los narcotraficantes, que fueron detenidas cuando intentaban entrar o salir del país con droga. Para ese delito —relativamente fácil de probar, ya que al mismo tiempo que se detiene a la “mula” se le decomisa la droga— la ley 23.737, aprobada en octubre de 1989, establece una pena de 4 a 15 años de prisión.

“En estas causas, las detenidas son casi siempre mujeres pobres que buscan una oportunidad. Si no tienen antecedentes, casi siempre terminan en una condena de entre cuatro años y cuatro años y medio”, explica el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos.

Entre 1989 y 2005 hubo un aumento de 122% de presos varones (se pasó de 3.877 a 8.603). En el mismo período, el número reclusas creció 356% (de 231 a 1.053), casi tres veces más.

El crecimiento provoca superpoblación en los penales federales de mujeres; a fines de 2005 había en total 1.041 internas, cuando la población ideal es de 740. La peor situación se da en la Unidad 3 de Ezeiza con 721 internas, casi el doble de la capacidad ideal de la prisión, que es de 374.

Según un estudio hecho hace tres años por la Procuración Penitenciaria y el Instituto Gino Germani de la UBA, el 80% de las mujeres que entran en una cárcel son “primarias” (nunca estuvieron antes en prisión).

La abogada Claudia Cesaroni, que participó de esa investigación, dice que “las mujeres y los varones muy jóvenes son más vulnerables que el resto de los presos; las colas para visitar detenidas son nulas, y además las que son madres pierden el contacto con sus hijos”.

Cesaroni cree que en el caso de las mujeres con hijos pequeños “la pena de prisión no es útil ni para ellas, ni para sus familias, ni para la sociedad; una alternativa sería la prisión domiciliaria, que les permitiría atender a sus hijos”. Para que esa pena alternativa fuese posible el Congreso debería sancionar una ley.

Como consecuencia directa del crecimiento de la cantidad de mujeres detenidas, también el sistema penitenciario debe alojar cada vez a más chicos (las madres presas pueden tenerlos con ellas hasta que cumplen 4 años). “Sólo en la cárcel de Ezeiza hay 94 chicos —explica Ramos—; de esa manera se logra que no pierdan el contacto con sus madres, pero obviamente la cárcel no es el lugar ideal para que crezcan”.

Las 210 extranjeras son el 30 por ciento del total de procesadas y condenadas. Cesaroni entiende que “en el caso de esas mujeres, explotadas económicamente por los traficantes, la vulnerabilidad se agrava por el desarraigo y la diferencia de costumbres”.

Por su parte, Ramos señala que hay problemas prácticos que empeoran las condiciones de detención de las extranjeras: “Por ejemplo, algunas quieren estudiar pero les resulta imposible conseguir que les manden los certificados de la escuela primaria en la que cursaron”.

Los funcionarios de Asuntos Penitenciarios están haciendo consultas con la Dirección de Migraciones para establecer las posibilidades que prevé la legislación para expulsar (previo secuestro de la droga) a una ciudadana extranjera sorprendida cuando intenta ingresar estupefacientes, en lugar de detenerla.